PUERTO AYACUCHO, Venezuela – En un lugar apartado cerca de la región minera de Venezuela, varios hombres manipulan grava de color negro azulado con sus manos curtidas.
Los minerales que transportan proceden de minas confiscadas en 2023 por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). “Meses después, incluso trajeron helicópteros”, cuenta un minero a los investigadores de la iniciativa Amazon Underworld. “Todo era un caos. Se llevaban el material”, añadieron.
La atención tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero se centró inicialmente en el debilitado sector petrolero del país. Pero otra posible bonanza yace en el sur, donde se encuentran grandes reservas minerales bajo la remota selva. El control de esta zona es objeto de una violenta disputa entre grupos armados enfrentados.
A principios de marzo, la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, se reunió con ejecutivos del sector minero —entre ellos varios de Estados Unidos— y prometió actuar a la “velocidad de Trump” para explotar estas riquezas.
Para ello sería necesario poner orden en un sector anárquico en el que la minería industrial es prácticamente inexistente y la producción de la empresa minera estatal Minerven se compone en gran medida de minerales comercializados desde minas artesanales.
A pesar de esta opaca cadena de suministro, poco después de la reunión se anunció un acuerdo por el que Minerven vendería una tonelada de oro a la empresa comercializadora de materias primas Trafigura, que también ha cerrado importantes acuerdos relacionados con el petróleo venezolano desde la intervención estadounidense.
Los flujos de oro procedentes del sur de Venezuela fueron durante mucho tiempo cruciales para sostener el régimen de Maduro, falto de liquidez. Pero en los últimos años, nuevas materias primas han comenzado a ganar terreno: los minerales críticos.
“El oro de esta zona ya está disminuyendo y queda muy poco”, declaró un minero indígena a Amazon Underworld, un medio de investigación que visitó la región a mediados de 2025. “Ahora la gente trabaja principalmente con estas cosas: arenas negras, estaño, coltán”, añadió.
Muchos de estos recursos acaban finalmente en China, que controla 91% del procesamiento mundial de tierras raras. Las recientes medidas de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump sugieren que su administración quiere que esto cambie.
“Estados Unidos quiere impedir que China acceda a estos recursos, pero también quiere acceder a ellos”, explica Bram Ebus, director de Amazon Underworld.
Arenas negras
Sobre el terreno, en Venezuela, las arenas negras parecen poco más que tierra gruesa. Se venden a unos 7,50 dólares el kilo. Sin embargo, contienen importantes trazas de elementos de tierras raras, fundamentales para las tecnologías renovables, así como para la electrónica avanzada y el material militar. Se extraen en zonas que también son ricas en casiterita, la fuente del estaño que se utiliza en la soldadura de los aparatos electrónicos, y en coltán, que se emplea en semiconductores y teléfonos móviles.
¿Qué son las tierras raras?
El interés de Estados Unidos por estos recursos ha sido hasta ahora subestimado en comparación con su promoción del petróleo venezolano. Pero la sombra de la Casa Blanca ha estado presente en esta zona desde los primeros días de la intervención estadounidense.
“Tienen acero, tienen minerales —todos los minerales críticos—. Cuentan con una gran historia minera que se ha oxidado”, declaró el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, a periodistas al día siguiente de la captura de Maduro. “El presidente Trump va a arreglar y a recuperar [al sector]”, dijo.
Pero no dio detalles sobre cómo se llevaría a cabo esto en la práctica.
Industrializar el sector minero de Venezuela sería una tarea aún más abrumadora que restaurar su deteriorada infraestructura petrolera.
Las reservas abarcan una vasta franja de territorio en los remotos estados sureños de Bolívar y Amazonas. En 2016, Maduro designó 112 000 kilómetros cuadrados de esta zona como el “Arco Minero del Orinoco” y luego anunció planes para comerciar minerales con China y otros miembros del bloque Brics (conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Sin embargo, todavía no existe un mapeo geológico formal de estas reservas minerales, y la infraestructura minera comercial sigue siendo prácticamente inexistente. En su lugar, la extracción la llevan a cabo mineros locales utilizando técnicas rudimentarias, como el dragado de ríos desde barcazas improvisadas y la excavación de pozos poco profundos.
Entre los mineros se encuentran miles de indígenas, cuya posición económica marginada los obliga a participar en una economía que supone una grave amenaza para sus tierras ancestrales y sus modos de vida.
Ejecuciones, trabajo forzoso y mano de obra infantil
Además de la falta de supervisión y regulación, los mineros también trabajan en condiciones de inseguridad crónica. Muchas operaciones se llevan a cabo bajo el control de grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
La investigación de Amazon Underworld detalla cómo las comunidades mineras son objeto de abusos sistemáticos de los derechos humanos, entre ellos ejecuciones arbitrarias, trabajo forzoso, reclutamiento de niños y violencia sexual. La libertad de movimiento está restringida. Se imponen castigos a los mineros acusados de robo o insubordinación.
“Tienen una cárcel allí, con alambre de púas y todo”, contó un minero a los investigadores. “Pero no puedes hacer nada al respecto, porque si lo haces, te meterán allí también”.
Desde hace tiempo se han documentado condiciones igualmente brutales en el sector de la minería ilegal de oro de Venezuela, junto con la deforestación y la contaminación de los ríos por mercurio. Pero el auge de los minerales críticos está generando nuevos peligros, tanto para el medioambiente como para la salud humana.
“No sabemos qué desastre se avecina, porque todo el mundo está buscando estos elementos de tierras raras, cavando hoyos por todas partes, haciendo que parezca un campo devastado”, explica el periodista medioambiental venezolano Fritz Sánchez.
Los mineros indígenas han informado de efectos adversos para la salud, añade Sánchez: “Tienen quemaduras en la piel. Sufren dolores articulares persistentes, articulaciones inflamadas y una serie de patologías asociadas a la radioactividad de los minerales”. Debido a la falta de centros de salud en estas zonas remotas, estas denuncias no pueden documentarse médicamente, afirma.
Según las investigaciones de Amazon Underworld, las fuerzas estatales venezolanas colaboran con las guerrillas colombianas. Los minerales deben transportarse a granel, pagando sobornos a los militares locales que permiten o facilitan el transporte. El gobierno venezolano se ha negado recientemente a comentar las acusaciones de actividad delictiva en su sector minero.
Amazon Underworld descubrió que parte de los minerales se vende a comerciantes, que los transportan a través de la frontera hacia Colombia. Allí se procesan y se exportan utilizando códigos aduaneros fraudulentos.
Otra parte se vende a centros de recogida establecidos en 2023 por otra empresa minera estatal, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), y luego se exporta. Los documentos de exportación y los testimonios recopilados por Amazon Underworld indican que, a través de ambas rutas, la mayoría de los minerales llega finalmente a China.
Las directrices de diligencia debida emitidas por la Cámara de Comercio de China para Metales, Minerales y Productos Químicos tienen por objeto mitigar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente vinculados a las cadenas de suministro de minerales.
Sin embargo, estas directrices son de carácter voluntario. Y los documentos de exportación demuestran que estos minerales procedentes de regiones conflictivas como Venezuela pueden seguir llegando a los centros industriales chinos con relativa facilidad.
¿Aumento de la producción?
La anarquía de la región supone un problema para cualquier empresa que desee invertir. Eso no ha impedido que el gobierno venezolano impulse una mayor actividad minera. Dos semanas después de la medida estadounidense, Rodríguez anunció planes para aumentar la producción de oro en 30 % durante 2026, junto con la de hierro, bauxita y minerales críticos.
Los resultados se pueden ver sobre el terreno. “El combustible está llegando a raudales a estas zonas mineras, y ninguna de estas actividades sería posible sin acceso al combustible”, explica Cristina Burelli, directora de la oenegé SOS Orinoco. “Cuando [Rodríguez] dice ‘vamos a aumentar la minería’, es una señal para que sigan haciendo lo que están haciendo”, lamenta.
Ebus, de Amazon Underworld, afirma que es poco probable que las empresas mineras estadounidenses se apresuren a invertir en un sector plagado de retos legales y de seguridad.
Gran parte de la actividad minera se lleva a cabo en áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Yapacana, en el estado de Amazonas, donde la minería está totalmente prohibida. Según la Constitución de Venezuela, la minería en el estado de Bolívar requiere la consulta previa a las comunidades indígenas, que probablemente se opondrían a la extracción a gran escala en sus tierras ancestrales.
“Creo que lo más plausible es que Estados Unidos compre a las empresas estatales venezolanas y luego refine el oro en su territorio, y básicamente finja que no sabe que procede de minas ilegales”, afirma Ebus.
Hasta hace poco, las sanciones de Estados Unidos a las empresas mineras y auríferas venezolanas habrían complicado tal acuerdo.
Pero el 6 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (Ofac, en inglés) emitió una licencia general que autoriza ciertas transacciones con oro venezolano, lo que permite la venta del oro de Minerven a Trafigura. Esto podría ser una señal de que EE. UU. está abierto a participar en el sector minero venezolano.
Esto no sorprende a David Soud, director de investigación y análisis de la consultora IR Consilium: “Ya lo hicieron con el petróleo, donde la Ofac emite una licencia limitada en un entorno que, por lo demás, está fuertemente sancionado”, dice.
Ebus afirma: “Es sorprendente que Washington sancionara a Minerven por prácticas ilegales en 2019, viera que no cambiaba su comportamiento y ahora le esté presentando a inversores corporativos. No solo las empresas interesadas en la minería directa, sino también aquellas que se abastecen de oro venezolano, estarán financiando la violencia continua que se ha documentado durante la última década”.
El desafío de la guerrilla
La designación por parte de Estados Unidos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia como organización terrorista complica las cosas: cualquier empresa que se abastezca de minerales de minas controladas por el ELN corre el riesgo de ser acusada de financiar el terrorismo.
Trump se ha enfrentado a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien Estados Unidos acusa de beneficiar a grupos terroristas como el ELN a través de sus políticas de paz.
En febrero, Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos y Colombia se habían comprometido a luchar juntos contra el grupo. Colombia celebrará elecciones presidenciales en mayo y Petro no puede presentarse de nuevo, por lo que no está claro cómo evolucionará este aparente compromiso.
Incluso si el ELN fuera derrotado —lo cual dista mucho de ser un hecho consumado—, aún habría que hacer frente a la presencia de otros grupos armados.
Los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizadas y las bandas venezolanas, ambas presentes en la zona, podrían intentar aprovechar cualquier vacío de poder. Los enfrentamientos del ELN con grupos rivales y con las fuerzas militares en Colombia han provocado el desplazamiento de miles de civiles a causa del fuego cruzado.
La necesidad de una reforma
Más allá de la acción militar, cualquier intento genuino de sanear el sector minero de Venezuela requeriría abordar las necesidades de las comunidades locales vulnerables. Estas se ven obligadas a dedicarse a la minería por coacción o por la pobreza.
“No hay programas gubernamentales, ni sanidad, ni educación”, afirma Burelli. “Si realmente se quiere acabar con la minería ilegal, hay que ofrecer alternativas a estas miles de personas empobrecidas”, agrega.
En la actualidad, hay pocos indicios de que esas soluciones integrales sean una prioridad ni para Trump ni para el gobierno de Rodríguez. Esto significa que el escrutinio y los riesgos para la reputación seguirán siendo elevados para cualquier comprador actual o futuro de minerales venezolanos.
“La minería ilegal en Venezuela no solo está devastando las comunidades indígenas y los frágiles ecosistemas, sino que también está erosionando la estabilidad de las cadenas de suministro de minerales, que son fundamentales para la transición energética”, explica Emily Iona Stewart, directora de políticas y defensa de la oenegé Global Witness.
“Lo que se necesita ahora es una transparencia total en la cadena de suministro, la aplicación de las sanciones existentes, leyes de diligencia debida y una inversión significativa en alternativas a la minería ilegal impulsadas por las comunidades”, afirma.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
