GINEBRA – Los civiles iraníes se encuentran atrapados entre la campaña militar lanzada por Estados Unidos e Israel y la represión persistente de su propio gobierno, advirtió este lunes 16 la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Irán.
Sara Hossain, presidenta de la misión, expresó que “hoy, el pueblo iraní se encuentra atrapado en el fuego cruzado entre, por un lado, una campaña militar a gran escala librada por dos países y, por otro, su propio gobierno, conocido desde hace tiempo por sus prácticas represivas”.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra, Hossain informó que el actual conflicto en Oriente Medio ha provocado, en menos de tres semanas, un aumento en los informes de víctimas civiles, incluidos niños, en Irán.
Estados Unidos e Israel han presentado la ofensiva como destinada a suprimir el poderío militar de Irán, en particular de su arsenal misilístico, aéreo y naval, así como de su posible desarrollo de armamento nuclear.
Pero “se han reportado daños o destrucción en hospitales, escuelas, sitios de patrimonio cultural y zonas residenciales, y depósitos de petróleo, así como una planta desalinizadora, causando graves daños a la población civil”, dijo Hossain.
Destacó los bombardeos aéreos, que “destruyeron una escuela en Minab, en el sur de Irán, matando al menos a 168 personas, la gran mayoría niñas, muchas de ellas de tan solo siete años”.
En este contexto, expresó su preocupación por las declaraciones públicas de altos funcionarios estadounidenses, las cuales “sugieren que las reglas de enfrentamiento establecidas desde hace mucho tiempo no se aplican en este conflicto”.
“Seguimos supervisando el cumplimiento del derecho internacional humanitario por todas las partes en el conflicto y recabando pruebas”, añadió Hossain.
También Mai Sato, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán, condenó “los ataques ilegales perpetrados contra Irán”, y destacó que han muerto más de 1000 civiles.
La guerra que entró en su tercera semana se suma a una seri de dificultades que ya padece el pueblo iraní: “Una escalada militar, represión, protestas a nivel nacional sofocadas con fuerza letal y detenciones masivas, y antes de que pueda siquiera recuperarse, el ejército vuelve a atacar”, expuso Sato.
En su informe, presentó el impacto en los derechos humanos de las manifestaciones a nivel nacional en Irán, que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 con protestas por la situación económica y se extendieron durante las primeras semanas de enero por decenas de ciudades.
En los desórdenes y represión murieron 3117 personas según el gobierno, pero Sato estima que el número de fallecidos es “mucho más alto” y dio cuenta de que organizaciones independientes señalan la muerte de al menos 7000.
Los testimonios recogidos describen cómo manifestantes, incluidos niños, fueron baleados a quemarropa o brutalmente golpeados por las fuerzas de seguridad.
Decenas de miles de manifestantes, así como profesionales médicos y abogados, fueron presuntamente detenidos arbitrariamente, mantenidos incomunicados, se les negó representación legal y fueron sometidos a confesiones forzadas transmitidas por la televisión estatal.
Algunos detenidos, incluidos niños, se enfrentan ahora a la pena de muerte.
Sato afirmó que, según los informes, las fuerzas de seguridad también allanaron hospitales, arrestaron a manifestantes heridos y agredieron al personal médico. Los familiares de los fallecidos o detenidos describieron presiones para que guardaran silencio e interferencias con los homenajes póstumos.
“La situación se ha deteriorado aún más tras los ataques militares ilegales de Israel y Estados Unidos. Se ha informado de la muerte de más de 1000 civiles en los ataques, una escuela primaria fue atacada y varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco resultaron dañados”, indicó.
También los ataques contra la infraestructura petrolera han provocado lluvias tóxicas de color negro, y la Organización Mundial de la Salud ha advertido de graves consecuencias para la salud pública a largo plazo.
Tras el bloqueo de las telecomunicaciones impuesto durante las protestas, se ha producido un segundo a raíz de la escalada militar, lo que ha dejado a la población iraní cada vez más aislada de la información y entre sí, dijo la relatora.
Y la ausencia, según se informa, de sirenas antiaéreas y refugios antibombas en funcionamiento en muchas zonas urbanas, agrava la preocupación por la protección básica de la población civil durante las hostilidades. Más de tres millones de personas se han desplazado de sus hogares a causa del conflicto.
Finalmente, Sato dijo que la escalada militar también ha aumentado la preocupación por las condiciones en las cárceles iraníes. Los detenidos, entre los que se incluyen miles que fueron arrestados en relación con las protestas, se encuentran cada vez más aislados del mundo exterior.
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