GINEBRA – Mientras los ministros de Comercio se congregan en Yaundé, la capital de Camerún, para la 14 Conferencia Ministerial (CM14) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se celebrará del 26 al 29 de marzo, el proceso preparatorio ha generado una densa nube de propuestas de reforma contrapuestas, borradores de declaraciones ministeriales y planes de trabajo.
Las consultas dirigidas por el facilitador en la sede de la OMC en Ginebra se han centrado durante las últimas semanas en la toma de decisiones, el desarrollo y el trato especial y diferenciado (TED), así como en cuestiones de igualdad de condiciones, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros han presentado sus propias propuestas de reforma.
El mero volumen y alcance de esta actividad han enturbiado el panorama de lo que exactamente requiere la atención y la decisión de los ministros.
Esta confusión, sin embargo, tiene un propósito. Oculta el hecho de que Estados Unidos —que ha hecho más que cualquier otro miembro por desestabilizar el sistema comercial multilateral mediante aranceles unilaterales, acuerdos bilaterales de comercio recíproco y la paralización del Órgano de Apelación de la OMC— no está interesado principalmente en la reforma o la relevancia continuada de la OMC.
Su Agenda de Política Comercial para 2026, publicada a principios de este mes, lo deja claro: Estados Unidos presionará para reorientar la función negociadora de la OMC «favoreciendo acuerdos plurilaterales significativos» e «instando a una reevaluación del principio de la nación más favorecida (NMF)», de modo que las naciones comercializadoras puedan diferenciar entre socios en sus compromisos de liberalización.
La norma NMF es el principio fundamental de la OMC que exige que cualquier ventaja comercial concedida a un miembro de la OMC se extienda por igual a todos.
El documento de reforma de la OMC presentado por Estados Unidos al Consejo General en diciembre de 2025 (WT/GC/W/984) va más allá, argumentando que la NMF «no solo es inadecuada para esta era», sino que impide activamente que los países optimicen sus relaciones comerciales.
Fuera de la OMC, Estados Unidos persigue sus intereses comerciales a través de acuerdos comerciales bilaterales con Bangladés, Camboya, Indonesia, Malasia y otros países.
Desde que su Corte Suprema de Justicia anuló la base jurídica de estos acuerdos comerciales, se ha activado la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974. Pero dentro de la OMC, la prioridad de Estados Unidos en la CM14 está más centrada y tiene más consecuencias de lo que sugiere la agenda de reforma.
El objetivo inmediato es garantizar la adopción del Acuerdo Plurilateral de Facilitación de las Inversiones (IFA, en inglés) en la arquitectura jurídica de la OMC en virtud del anexo 4 del Acuerdo de Marrakech, a pesar de que Estados Unidos no haya participado en las negociaciones del IFA y no tenga interés en ser parte del mismo.
El embajador estadounidense ante la OMC, Joseph Barloon; identificó el IFA como uno de los pocos asuntos que Estados Unidos quiere que se decidan en la CM14.
¿Por qué impulsaría Estados Unidos un acuerdo que no va a firmar? Porque el IFA no es el fin, sino el medio.
Su incorporación a la OMC —aunque su iniciación, negociación e inclusión han sido formalmente impugnadas— establecería que los acuerdos plurilaterales pueden adoptarse e incorporarse al reglamento de la OMC sin el consentimiento de todos los miembros.
Una vez que se abre esa puerta, el principio de consenso en la fijación de la agenda y la elaboración de normas de la OMC queda efectivamente socavado.
Esto es precisamente lo que quiere Estados Unidos.
Su propuesta de reforma de diciembre de 2025 sostiene que los acuerdos plurilaterales deberían permitir a «socios comerciales afines comprometidos con un comercio justo y recíproco» fortalecer los lazos «dentro de la arquitectura de los acuerdos de la OMC», con beneficios limitados a las partes que den su consentimiento, es decir, sobre una base que no sea de NMF.
El documento advierte de que, sin una vía para los acuerdos plurilaterales, la OMC «no es un foro viable para la negociación».
Si se lee junto con el llamamiento de la Agenda de Política Comercial a reevaluar el NMF, la lógica es clara: los acuerdos plurilaterales son el vehículo a través del cual Estados Unidos pretende desplazar al NMF como principio organizativo del sistema comercial multilateral.
Los miembros que no puedan o decidan no sumarse quedarán simplemente excluidos.
La segunda prioridad de Estados Unidos refuerza esta trayectoria. Washington está presionando a los países en desarrollo para que conviertan en permanente la moratoria sobre los derechos de aduana aplicables a las transmisiones de comercio electrónico.
Adoptada inicialmente como medida temporal en 1998, la moratoria se renovó por última vez en la 13 Conferencia Ministerial, en Abu Dabi, donde los miembros acordaron que expiraría en la CM14 o el 31 de marzo de 2026.
Estados Unidos quiere ahora consolidarla de forma permanente y ampliar el alcance de los bienes y servicios digitales más allá de las autoridades aduaneras.
Hay mucho en juego y las consecuencias son directas.
ONU Comercio y Desarrollo (Unctad) ha estimado que la moratoria cuesta a los países en desarrollo hasta 10 000 millones de dólares anuales en ingresos arancelarios no percibidos, y que 95 % de las pérdidas recaen sobre los países en desarrollo.
Para muchos, los derechos de aduana constituyen entre 10 % y 30 % de los ingresos fiscales totales; para algunos, más de 50 %.
Los principales beneficiarios son las grandes empresas tecnológicas de los países desarrollados que dominan el comercio digital transfronterizo. Hacer permanente la moratoria formalizaría esta transferencia de ingresos y privaría a los países en desarrollo del margen de maniobra para regular las importaciones digitales a medida que crece la economía digital.
Ambas cuestiones —el Acuerdo sobre la Facilidad de Acceso (el IFA) y la moratoria sobre el comercio electrónico— implican que los países en desarrollo renuncien a algo concreto: trato de nación más favorecida, la NMF, para tomar decisiones basadas en el consenso, voz efectiva en la fijación de la agenda, ingresos aduaneros y autonomía regulatoria.
Y que lo hagan a cambio de nada.
Estados Unidos no está ofreciendo concesiones en materia de agricultura, trato especial y diferenciado ni en las cuestiones de larga data que son importantes para los países en desarrollo miembros.
No propone arreglar el sistema de solución de diferencias que ellos mismos rompieron.
Está utilizando la reforma para obtener concesiones estructurales que inclinen la maquinaria institucional de la OMC a su favor, al tiempo que persigue sus intereses comerciales de forma bilateral.
Una vez que los acuerdos plurilaterales se hayan afianzado y la moratoria se haya convertido en permanente, Estados Unidos tendrá más libertad para fijar la agenda de la OMC sin negociar con los países en desarrollo y los países menos adelantados miembros.
El trato especial y diferenciado, que ya se encuentra bajo presión por las exigencias de poner fin a la autodesignación y restringir su aplicación, perderá aún más importancia como principio significativo y parte integral de las negociaciones.
La agenda de reformas, a pesar de su complejidad, es secundaria frente a la cuestión estructural: ¿seguirá siendo la OMC una institución basada en el consenso, donde el trato de nación más favorecida y la toma de decisiones por consenso garantizan que el miembro más pequeño tenga voz? ¿O se transformará en una plataforma para acuerdos de geometría variable, donde los poderosos fijan las condiciones y el resto se enfrenta a la opción de cumplir o ser excluido?
Los países en desarrollo han luchado durante décadas para preservar un sistema comercial multilateral en el que el comercio pudiera servir como herramienta para su desarrollo. Ese sistema se encuentra ahora bajo una amenaza directa, no por su irrelevancia, sino por una estrategia deliberada para vaciarlo desde dentro.
T: MF / ED: EG
