GINEBRA – La violencia sigue azotando a Haití mientras las pandillas criminales expanden su control sobre áreas urbanas y rurales y rutas terrestres y marítimas, indicó un informe divulgado este martes 24 por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La violencia, persistente a lo largo de esta década y sobre todo después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, involucra no solo a las pandillas, sino también a fuerzas de seguridad, contratistas de seguridad privada y grupos de autodefensa.
Según datos verificados por Acnudh, al menos 5519 personas murieron en Haití y 2608 resultaron heridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026.
En ese lapso, la violencia perpetrada por pandillas dejó al menos 1424 muertos y 790 heridos, y las operaciones contra pandillas dirigidas por las fuerzas de seguridad causaron la muerte de al menos 3497 personas, y 1742 heridos.
Entretanto, los ataques contra pandillas por parte de grupos de autodefensa han causado la muerte de al menos 598 personas y 76 heridos.
Esas cifras muestran un panorama persistente: en 2024 la violencia dejó 5600 muertes y en 2023 perecieron por esa causa 4800 personas. La violencia también ha forzado la huida de sus hogares de más de un millón de personas en pocos años.
Haití, de 27 750 kilómetros cuadrados, que comparte con República Dominicana la isla Hispaniola en el Caribe, es el país más pobre del hemisferio. De sus 12 millones de habitantes cerca de cinco millones necesitan ayuda humanitaria urgente, según distintas agencias del sistema de Naciones Unidas.
Acnudh da cuenta de que, durante los últimos 12 meses, las bandas criminales -unas 27, algunas con decenas de integrantes y otras con centenares- se han expandido más allá de la capital, Puerto Príncipe, y de su periferia, desplazándose hacia el norte, a los departamentos de Artibonite y Centro.
Las bandas “han logrado fortificar corredores estratégicos y mantener el control sobre rutas marítimas y terrestres cruciales que sustentan su financiación y capacidad operativa”, señala el informe. Otras fuentes destacan no solo su agresividad sino su armamento, en ocasiones superior al de las policías con las que se enfrentan.
Acnud señala el impacto sobre los derechos humanos y pone de relieve que las pandillas han aterrorizado a la población asesinando y secuestrando personas, traficando con niños, robando desde puestos de control ilegales, extorsionando a negocios y destruyendo y saqueando propiedades públicas y privadas.
Las pandillas han atacado a quienes consideran que cooperan con la policía o desafiaban su autoridad. Algunas víctimas fueron ejecutadas, y sus cuerpos a menudo rociados con gasolina y quemados.
En algunos casos, las víctimas fueron sometidas a “juicios” organizados por las pandillas, retenidas arbitrariamente y, en ocasiones, obligadas a pagar multas para obtener su liberación.
“Las bandas criminales continuaron utilizando la violencia sexual para sembrar el miedo, subyugar y castigar a la población”, añade el informe, detallando graves abusos a una escala espantosa.
Entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de diciembre de ese año, al menos 1571 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, principalmente violaciones en grupo.
Otras, incluidas menores de edad, fueron obligadas a mantener las llamadas “relaciones sentimentales” con miembros de pandillas, y sometidas a explotación y abuso sexual prolongados.
El informe también documenta casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de la policía.
Entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, identifica 247 casos de ejecuciones sumarias, consumadas o intentadas, de presuntos miembros de pandillas o personas que se creía que apoyaban a las pandillas, lo que resultó en la muerte de 196 personas y lesiones a otras 51.
Desde marzo de 2025, una empresa militar privada, supuestamente contratada por el gobierno haitiano, ha participado en operaciones de seguridad, incluyendo ataques con drones y disparos desde helicópteros.
Algunos, o incluso la mayoría de estos ataques con drones y operaciones con helicópteros, podrían calificarse de asesinatos selectivos, dado el aparente uso predeterminado, intencional y deliberado de fuerza letal contra individuos específicamente identificados con antelación.
“Al parecer, las autoridades judiciales no han abierto ninguna investigación para determinar la legalidad de estas operaciones y las circunstancias en las que se produjeron los asesinatos y las lesiones”, indica el informe.
Añade que “no parece haberse establecido ningún mecanismo de rendición de cuentas que permita a las víctimas y a los miembros de la población acceder a recursos efectivos y a la justicia”.
Recuerda que los Estados son responsables de las acciones de las empresas militares y de seguridad privadas que contratan para actuar en su nombre. Esas empresas deben cumplir con las mismas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que la policía nacional y los Estados.
El informe también detalla la violencia perpetrada por grupos de autodefensa y turbas que se dedican a la llamada “justicia popular”.
Armados con piedras, machetes y, cada vez más, armas de fuego de alto calibre, estos grupos han linchado a personas sospechosas de pertenecer a pandillas, así como a otras consideradas culpables de delitos. “Algunos asesinatos fueron presuntamente alentados, apoyados o facilitados por elementos policiales”, agrega el informe.
Finalmente, el informe destaca la creación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la nueva Fuerza de Represión de Pandillas (GSF en inglés), todavía no conformada y que prevé integrar a 5500 efectivos de varios países, comenzando con un contingente que aportará Chad.
La GSF reemplazará la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que integraron centenares de policías de Kenia -y algunas decenas de naciones de América Central y el Caribe- con tareas de apoyo a la policía haitiana, y cuyos efectivos ya iniciaron el regreso a sus respectivos países.
Haití ha sido gobernado por autoridades provisionales y de transición desde el asesinato de Moïse, y elecciones varias veces postergadas deberían efectuarse a finales de este año para que un nuevo gobierno asuma en febrero de 2027.
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