GINEBRA – La maquinaria represiva del Estado venezolano sigue operativa pese a la abrupta aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, sostuvo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La experta argentina María Eloísa Quintero, nueva integrante de la misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas, afirmó que “la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”.
“No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado”, agregó Quintero al presentar ante el Consejo, en esta ciudad suiza, una actualización de la situación venezolana monitoreada por la misión desde 2019.
En enero, Estados Unidos atacó instalaciones en Caracas -murieron decenas de militares venezolanos y cubanos- y capturó al entonces presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, tras lo cual asumió como presidenta encargada la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.
Maduro, en el poder desde 2013, y Rodríguez, militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la corriente política que ha gobernado el país desde que el fallecido líder Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999.
Con la tutela sobre Caracas declarada por el presidente estadounidense Donald Trump, las autoridades venezolanas iniciaron en enero un proceso de excarcelaciones y amnistía para presos políticos o para quienes estuvieron detenidos y se les concedió luego una libertad limitada y condicional.
Según la organización de derechos humanos Foro Penal, desde 2014 se detuvo a unas 19 000 personas por motivos políticos. La legislativa Asamblea Nacional informó que con la Ley de Amnistía que aprobó en febrero se han beneficiado 7654 personas, de las cuales 247 salieron de prisión y otras 7407 adquirieron libertad plena.
Según Foro Penal desde enero han salido de las cárceles 673 personas detenidas por motivos políticos -algunas durante años y víctimas de tortura-, bajo la Ley de Amnistía o fuera de ella, “pero se mantienen todavía 508 presos políticos y un grupo importante de detenciones arbitrarias”, dijo su presidente Alfredo Romero.
Desde enero, la misión de la ONU ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, “lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el gobierno actual”.
“Altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad”, dijo el abogado y experto canadiense Alex Neve.
Neve, también integrante de la misión, agregó que “no hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”.
Por otra parte, la misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero violó el derecho internacional, incluso si existen motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad.
“Todas las personas responsables de estos crímenes deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso”, puntualizó la misión.
Quintero expresó “satisfacción por la reciente excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, pero nos preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este proceso”, pues falta “información detallada sobre el número y la identidad de las personas detenidas y de aquellas que han sido liberadas”.
La experta pidió además “la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas por motivos políticos, incluidas decenas de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad”.
Los investigadores de la misión expresaron asimismo inquietud por la movilización continuada de colectivos armados y por el hostigamiento contra figuras de la oposición y periodistas.
Para la misión, “la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Venezuela para asegurar que la actual incertidumbre política conduzca a una reforma institucional real y al fin de la cultura del miedo”.
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