KABUL – En el gélido invierno afgano, a principios de este año una mujer fue arrastrada a una plaza pública y azotada ante la gente por un delito que tal vez cometió o tal vez no. Según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo talibán, la mujer y el hombre acusados conjuntamente de mantener una relación extramatrimonial recibieron 30 latigazos cada uno y una pena de prisión de un año, suspendida.
La sentencia se ejecutó en presencia de varios funcionarios locales y residentes de una provincia cuyo nombre no se ha revelado para proteger a la víctima.
Para Roya (nombre ficticio), una mujer cuya vida ya ha sido marcada por años de angustia psicológica y emocional, los 30 latigazos del castigo corporal suponen una dosis extra de sal en su herida. Perdió a su marido hace seis años en un accidente de tráfico, lo que la dejó sola para criar a sus cinco hijos.
Ante la pobreza aplastante, Roya ha trabajado como jornalera en tierras ajenas, pero con la llegada del invierno y la escasez de trabajo agrícola, emigró a la ciudad, donde limpiaba casas, lavaba ropa y cosía a mano cuellos bordados para hombres bajo la tenue luz de una lámpara por la noche.
Naqeeba (tampoco es su nombre real), una vecina que conoce a Roya desde hace años, elogia su gran sentido de la dignidad. El dinero que ganaba con este trabajo era poco, pero Roya nunca pidió ayuda a nadie, cuenta.
Intentaba cubrir los gastos de subsistencia como podía y era la necesidad constante de crear oportunidades para buscar trabajo mediante frecuentes desplazamientos diarios lo que se tildó de relaciones matrimoniales inapropiadas, lo que le acarreó un castigo en lugar de una recompensa.
«Se convirtió en víctima de las circunstancias, no en una delincuente», dice Naqeeba, y añade: «La acusación era falsa».
Según Naqeeba, Roya ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Estaba de camino a casa, cerca de su propia vivienda, cuando la detuvieron «como si fuera una peligrosa delincuente», la metieron en un vehículo y se la llevaron sin que nadie supiera adónde la trasladaban ni de qué se le acusaba».
Una acusación que no merecía
«No fue un simple golpe. Fue un golpe que, mientras viva, le impedirá volver a levantar la cabeza en este barrio», explica Naqueeba con voz llena de ira y tristeza. Hace una pausa y continúa: «Durante una semana, nadie supo si estaba viva o qué le había ocurrido hasta que se supo la noticia de su flagelación pública».
Los repetidos castigos corporales públicos, especialmente contra las mujeres, no solo han infundido miedo en la sociedad, sino que también han planteado serias dudas sobre la justicia, la dignidad humana y la situación de las mujeres en el Afganistán actual.
La historia de Roya no es solo la historia de una persona, sino que refleja el sufrimiento de miles de mujeres que viven en silencio bajo el peso de la pobreza, la soledad y las restricciones, y que son castigadas simplemente por ser mujeres.
El día en que fue azotada se produjo el cuarto castigo corporal público a mujeres en esa provincia en menos de dos meses, durante diciembre y enero, una tendencia que ha alimentado oleadas de miedo, ansiedad y silencio, especialmente entre las mujeres de la región.
Según un informe de Hasht e Subh Daily Media, en 2025, los talibanes azotaron públicamente a 225 personas solo en Kabul. Esto significa que se azotaba a personas al menos cada dos días en la capital. En otras provincias se llevaron a cabo docenas de azotes públicos cada una.
El informe revela que las confesiones se obtenían a menudo bajo presión. A los acusados se les negaba la asistencia letrada y un juicio justo. Los talibanes recurren al castigo corporal y a las demostraciones públicas de fuerza, lo que viola los derechos humanos y causa graves consecuencias sociales y psicológicas a las víctimas.
Los talibanes abolieron la Fiscalía General y cerraron el Colegio de Abogados Independiente de Afganistán en noviembre de 2021, pocos meses después de retornar al poder en agosto de ese año, bloqueando así de forma efectiva el camino hacia la defensa legal.
En 2025, Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas junto con otros expertos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, condenó sistemáticamente el aumento del uso de los azotes públicos y otras formas de castigo corporal por parte de los talibanes, calificándolos de «inhumanos y crueles».
A lo largo del año, destacó el alarmante aumento de estas prácticas, señalando que a menudo se producen sin las garantías procesales ni los estándares de un juicio justo.
«Los talibanes deben poner fin de inmediato a la pena de muerte y a todos los castigos corporales que constituyen tortura u otros tratos crueles e inhumanos, y respetar los derechos y la dignidad de todos los detenidos», subrayaron Bennett y otros expertos.
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