PUNTA ARENAS, Chile – Por más de 100 años, una cueva en la isla Capitán Aracena, en el territorio más austral de Chile, ha sido el centro de una leyenda que comparten los pescadores locales. Quien navegue cerca de la cueva y de la momia allí enterrada sufrirá una maldición.
A principios de los años 2000, gracias a información que la gente del lugar acercó a algunos científicos, se encontró el cuerpo momificado de una mujer en una cueva de la isla. Un estudio genético en 2008 estimó que había vivido entre 100 y 150 años antes. Su ADN coincidía con el de pueblos ancestrales de la Patagonia chilena y la comunidad Kawésqar, que aún hoy vive aquí.
Las autoridades chilenas decidieron que el cuerpo – que había pasado por una momificación natural – debía permanecer en la cueva, porque era costoso y difícil reproducir las condiciones ambientales necesarias para su conservación.
Pero el respeto y el temor asociados a la leyenda están desapareciendo, según Leticia Caro, de 50 años y líder de una de las comunidades Kawésqar, pueblo nómada y canoero de la zona.
«Fue muy raro de ver para mí, pero en los últimos años en las redes sociales varias personas han publicado selfies con la momia. Una falta total de respeto; yo los veía y no lo podía creer», dice Caro.
No eran turistas, sino trabajadores de la empresa noruega Nova Austral, que se dedica a la cría intensiva de salmones justo enfrente de la cueva.
La factoría de salmón de Capitán Aracena es una de cientos que están instaladas en aguas del Pacífico y en el mar interior, en la Patagonia chilena. Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, después de Noruega, y el pescado es el segundo producto chileno más exportado, después del cobre.
El país sudamericano es el principal proveedor de salmón de Estados Unidos (2.200 millones de dólares en 2024), mientras otros mercados importantes son Japón, Brasil, América Latina y China. Europa ocupa el sexto lugar, pero las ventas chilenas en el mercado europeo han crecido rápidamente, pasando de 56 millones de dólares en 2003 a 204 millones en 2024.
Un criadero de salmones en Puqueldón, municipio de la Isla Chiloé en la región de Los Lagos, el 20 de mayo de 2025. Imagen: Adriana Thomasa / democraciaAbierta
El salmón no es autóctono de las aguas chilenas. Los primeros ejemplares se importaron de Noruega en la década de 1980.
La industria, que aumentó su producción en casi 3000 % entre 1990 y 2017, lleva años causando graves problemas ambientales y sociales: hay activistas que reciben amenazas de muerte, tierras de pueblos indígenas contaminadas y decenas de buzos muertos mientras trabajaban en las salmoneras, como se conoce a las granjas de cría de salmón en cautiverio.
En abril de 2024, un informe elaborado por un relator especial de las Naciones Unidas sostuvo que «la salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente que enfrenta la Patagonia”. Las toneladas de antibióticos, productos químicos y pesticidas utilizados en la cría están dañando el ecosistema marino, creando vastas «zonas muertas» en el mar de la Patagonia, advertía el informe.
Pero en 2008, una ley otorgó a las comunidades indígenas una poderosa herramienta para ayudarlas a proteger el mar de todas las formas de explotación, incluidas las relacionadas con la industria del salmón.
La ley 20.249, también conocida como ley Lafkenche – por el nombre de las comunidades mapuches que habitan las zonas costeras entre la región del Biobío y la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos –, reconoce el uso consuetudinario de la tierra por parte de estas comunidades y les permite proteger el litoral donde viven mediante el establecimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (Ecmpo).
En los Ecmpo las prácticas tradicionales, la pesca y los lugares sagrados deben ser protegidos y gestionados por las comunidades.
La vida de los pueblos indígenas del sur de Chile siempre estuvo vinculada al mar. Durante miles de años, vivían de la pesca, navegaban los fiordos de la Patagonia y celebraban ceremonias ancestrales en el mar, empleaban productos marinos, como las algas, con fines medicinales, y consideraban sagradas diversas zonas de la costa o del océano, como la cueva tumba de la comunidad Kawésqar de Caro.
En los últimos 10 años se aprobaron 42 Ecmpo. Gracias a esta protección legal, las comunidades pueden solicitar la administración de una zona marítima y costera específica, lo que les da derecho a establecer un plan de administración junto con las autoridades marítimas del Estado.
Una vez que el gobierno admite la solicitud de una de un Ecmpo, no se pueden otorgar nuevas concesiones marítimas a empresas en la misma zona, pero las concesiones y explotaciones preexistentes no se ven afectadas.
Leticia Caro, una de las líderes del pueblo Kawéskar, en su casa en Punta Arenas, en el sur de Chile. Adriana Thomasa / democraciaAbierta
Caro y su comunidad, Grupos Familiares Nómades del Mar, viven en el Parque Nacional Kawésqar, la segunda área protegida más grande de Chile, con 2,8 millones de hectáreas. Pero este estatus no libra ni al parque ni a los Kawésqar de la industria del salmón, que está permitida dentro de los parques nacionales, a pesar de la evidencia científica sobre el daño ambiental que causa.
Por esta razón, su comunidad, junto a otras dos, están en el proceso de solicitar un Ecmpo de 300 000 hectáreas dentro del parque, lo que prohibiría efectivamente nuevas salmoneras en esa superficie.
Los nómadas Kawésqar han vivido miles de años navegando entre los fiordos de la zona. La llegada de los colonos europeos durante el siglo XIX casi los extermina. Según Caro, hoy en día quedan menos de 1000 personas.
«Nosotros vivimos un proceso de genocidio hace no mucho tiempo, y se impidió de alguna manera que los Kawésqar sigan navegando», dice. «Pero de a poquito, la población Kawésqar comienza a recuperarse. Dentro de ese proceso, donde ya mucha gente continúa navegando, entre esos mi papá, de pronto aparece la industria repitiendo exactamente la misma historia”.
Las comunidades costeras como la suya se quejan de que la contaminación de las granjas de salmón hace cada vez más difícil la pesca, mientras que el gran número de instalaciones salmoneras bloquea la libre navegación en muchas zonas.
No se trata solo de las comunidades indígenas. Los pescadores artesanales del sur de Chile llevan años denunciando la contaminación relacionada con el salmón, que destruye el ecosistema marino y mata a otras especies.
El mar se queda con muy poco oxígeno y demasiados productos químicos. Mientras que la industria noruega utilizó 709 kilogramos de antibióticos en 2024, la industria chilena (que incluye también a grandes empresas noruegas) utilizó más de 351 toneladas, menos que en 2014 (563 toneladas). Entre 70 % y 80 % de los antibióticos administrados al salmón pueden terminar en el medio ambiente.
«No necesariamente donde está la industria produce daño, sino que también en los otros espacios y en los canales, porque el mar está vivo, es una corriente», dice Caro.
La ley Lafkenche, celebrada fuera de Chile como una legislación pionera en materia de derechos indígenas, es internamente objeto de ataques por parte de la industria del salmón y de políticos de varios partidos, que argumentan que está paralizando la economía y que ha sido mal utilizada por los pueblos indígenas.
“Hemos sido críticos de su aplicación práctica… que ha afectado a todos los habitantes del sur y a distintas actividades productivas, generando una gran conflictividad”, dijo Arturo Clément, presidente de la cámara que agrupa a las empresas salmoneras, en 2024, en una audiencia en el Senado.
El expresidente Eduardo Frei, que ejerce como embajador extraordinario para Asia-Pacífico, dijo por su parte el año pasado: “Tenemos que matar la ley Lafkenche porque está matando la industria del salmón”. E incluso el presidente José Antonio Kast, que asumió su cargo el miércoles 11 de marzo, calificó la ley de “herramienta de chantaje político” y se manifestó a favor de modificarla.
Los ataques se vienen produciendo desde hace tiempo. «En estos años ha habido varias campañas de odio racial contra la ley Lafkenche; esta última es la que sin duda ha tenido mayor impacto en la opinión pública», dice a democraciaAbierta el geógrafo Álvaro Montaña, del Centro de Estudios y Protección del Patrimonio Natural (Cecpan), una organización sin ánimo de lucro.
«El principal problema de la ley, en mi opinión, es que no se respetan los plazos que debería tener el proceso», afirma Montaña.
Aunque no deberían pasar más de dos años y medio desde que se solicita un ECMPO hasta su aprobación o rechazo, en los hechos demora siete años y medio, debido al elevado número de solicitudes y a la falta de fondos públicos.
«Pero es un problema administrativo que podría resolverse», añade Montaña. «Es una ley que funciona: el primer Ecmpo aprobado fue en 2015 y en estos 10 años se han aprobado 42», agrega. En total, se han presentado 125 solicitudes, la mayoría en las regiones de Los Lagos y Biobío.
Otra crítica es la gran extensión de algunas solicitudes de Ecmpo. La administración de un Ecmpo no incluye el uso productivo de la zona, sino que sirve para permitir la navegación ancestral, las prácticas de pesca y recolección y la protección de los espacios considerados sagrados.
«Tomemos el caso de la cueva, ese es un importante sitio arqueológico. Nosotros luchamos contra todo esto. No es solamente la contaminación, es la intromisión cultural, la ruptura de la memoria», dice Caro.
Christian Paredes Letelier, abogado ambientalista del Observatorio Ciudadano, una oenegé que promueve los derechos humanos, dice: “La ley Lafkenche no otorga a las comunidades la propiedad del mar; les concede su administración. Algo muy distinto”.
Además, observa Paredes: «Las comunidades que impulsaron la creación de la ley siempre reiteran que no es un instrumento contra la industria del salmón, es un instrumento de protección para las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, de las que también se deriva la protección del mar, aunque ese no es el objetivo directo de la ley».
En cuanto a los supuestos abusos cometidos por las comunidades a través de la ley, planteados por empresarios y senadores que representan a la industria salmonera, la afirmación fue refutada por información de la agencia estatal chilena para la pesca Sernapesca.
Ante una solicitud de acceso a la información presentada por el Observatorio Ciudadano, Sernapesca respondió que, desde la promulgación de la ley Lafkenche, no se presentaron quejas ni denuncias de presuntas violaciones o abusos de la legislación.
«Creo que muchas de estas críticas nacen de la desinformación», dice Paredes. «Pero también de la discriminación y del racismo hacia las comunidades indígenas».
Aun así, el mes pasado una comisión del Senado aprobó una enmienda a la ley que está lista para ser votada en el pleno. Los cambios limitan la superficie que puede tener un Ecmpo, obligan a incluir el plan de administración en la solicitud inicial y restringen los derechos de las comunidades en favor de las empresas y otras actividades productivas.
Una asamblea de comunidades Lafkenche rechazó las reformas y pidió al gobierno que proteja sus derechos.
Asamblea de mapuches lafkenches para discutir la defensa de la ley, celebrada durante el We Tripantu (año nuevo mapuche). Imagen: Adriana Thomasa / democraciaAbierta
Francisco Vera Millaquén, un werkén (portavoz) de 62 años de la comunidad mapuche huilliche Pepiukelén, es uno de los activistas que lideró la lucha para obtener la legislación. Desde entonces, ha estado asesorando a distintas comunidades sobre el uso de la ley. El nombre de su comunidad, explica, significa «el que defiende lo que es suyo con el corazón».
Al recordar la jornada de la votación, dice: “Había una delegación bastante grande en Valparaíso (la ciudad sede del Parlamento) ese día, y fuimos a hacer una ceremonia en el mar después que se aprobó la ley y todos quedamos muy felices”.
Millaquén vive con su familia en la zona de Pargua Alto, frente a la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos. El lugar era una especie de paraíso. La familia habita una pequeña casa de madera rodeada de árboles y se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca. El mar está a pocos minutos a pie. Hay que bajar una colina, pasar varios puentes de madera – algunas ovejas pastan libremente alrededor – y cruzar una playa muy ancha.
«Todas estas son tierras indígenas que pertenecieron a nuestros antepasados”, dice Millaquén. “Gracias a la ley Lafkenche, logramos impedir la construcción de tres muelles industriales. Si no hubiera sido por la ley, hoy no podríamos bajar a la playa: esto se habría convertido en un espacio destinado al uso de los muelles industriales”.
Fábrica de pienso para salmones de la empresa AquaChile cerca de la comunidad de Pepiukelén y a metros de distancia de la casa de Francisco Vera Millaquén en Pargua Alto, región de Los Lagos. Imagen: Adriana Thomasa / democraciaAbierta
Pero la ley llegó, en cierto modo, demasiado tarde para Millaquén y su familia. La paz se acabó para ellos en 2006, cuando AquaChile, una de las mayores empresas salmoneras de Chile, construyó una gran fábrica de pienso para salmones a pocos metros de la cabaña. Resulta chocante ver la pequeña casa, las ovejas pastando y la playa eclipsadas por la imponente fábrica en funcionamiento, de la que salen grandes nubes de humo maloliente.
El silencio es interrumpido por ruidos metálicos que provienen de la fábrica y de los motores de los camiones que transportan el pienso, que pasan a metros de la puerta de Millaquén.
«Esto era un paraíso que custodiábamos desde hace miles de años”, dice el werkén. “Son muchas las personas que no comprenden cuánto daño puede causar una industria, pero deberían venir aquí, donde el daño es tan evidente que es imposible no verlo. Bastó la construcción de una fábrica para arruinarlo todo», añade.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
