LIMA – El ejercicio del periodístico crítico en Perú enfrenta violencias relacionadas con el estrechamiento de los marcos democráticos que amenazan su labor, pero tiene en el entorno digital un gran empuje en la fiscalización al poder, aun cuando los ataques se acrecienten por parte de quienes están bajo la lupa.
“El clima es muy adverso”, dijo a IPS Ángel Páez en la sede de La República, donde labora desde 1985. Se trata de un diario caracterizado por defender la democracia y los derechos humanos desde una línea editorial de centro izquierda.
El curtido hombre de prensa, con 41 años de desempeño profesional, creó en 1990 la Unidad de Investigación Periodística del diario, la primera en Perú hasta entonces, que bajo su jefatura ha destapado sonados casos de corrupción que le han costado amenazas, persecución judicial y difamaciones.
“Quienes están en el poder suelen restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa de diversas formas”: Graciela Tiburcio.
Perú, con más de 34 millones de habitantes, vive una permanente inestabilidad política y debilidad de sus instituciones democráticas, que le han llevado a tener ocho jefes de Estado en los últimos 10 años. La ciudadanía reprueba a los diferentes poderes del Estado e instituciones públicas, y extiende su desconfianza a los medios de comunicación.
Para diciembre del 2025, 15% confiaba en la radio y televisión y 10% en la prensa, según el estudio Perú: Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, del gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), publicado en febrero.
Bajo permanente amenaza
El periodismo crítico e independiente de los poderes de turno no lo tiene fácil, pues se ve salpicado por el descrédito que rodea a la prensa tradicional a la que se percibe ligada a agendas políticas y económicas dominantes, asociada a intereses particulares y no a bienestar ciudadano.
“La situación es dura. Hemos tenido periodistas asesinados, que, coincidentemente, estaban investigando hechos de corrupción en sus localidades. Recibían amenazas que terminaron siendo ejecutadas por personas armadas en un país donde la criminalidad va en aumento y conseguir un sicario es una normalidad”, manifestó Páez.
Según el informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en 2025 se perpetraron 458 ataques contra mujeres y hombres de prensa, que incluye el asesinato de cuatro, todos de ciudades del interior del país: Gastón Medina de la costera Ica al sur de Lima, Fernando Núñez de la nor costera Pacasmayo, Raúl Celis de Iquitos y Mitzar Castilleno de Aguaytía, ambas de la región amazónica.
Páez también llamó la atención sobre una nueva forma de violencia que crece y tiene grave impacto en el ejercicio periodístico: las acciones legales que autoridades y funcionarios públicos emprenden, bajo argumentos como difamación o calumnia, con la finalidad de silenciar las investigaciones sobre potenciales actos de corrupción.
El informe de la ANP detalla que las amenazas y hostigamientos constituyeron el mayor número de ataques. Le seguían las agresiones físicas y verbales. La investigación evidenció la utilización del Estado para neutralizar la labor periodística a través de las denuncias judiciales y presiones administrativas.
La responsabilidad de las agresiones es mayor entre personas que desempeñan cargos públicos (217), seguida de las fuerzas de seguridad (121).
“Ha crecido la intolerancia de las autoridades, del Ejecutivo, ministros, congresistas, frente a la cobertura periodística. Inclusive se han presentado proyectos de ley para controlar el trabajo periodístico con normas que castigan el uso de información de fuentes fiscales o judiciales, o promueven la sanción de fiscales o jueces que la entregan”, dijo.
Agregó que inclusive se busca amedrentar a reporteros que emplean declaraciones de colaboradores eficaces, con el argumento de que esa información no debería ser publicada.
“Hay una cultura del secretismo. Si los periodistas buscamos la información en expedientes judiciales o fiscales es porque al estar acreditada oficialmente podemos trabajar con ella. Es muy diferente usar información anónima”, explicó.
El propio Páez tiene en la actualidad una querella en su contra de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato presidencial por el partido populista y derechista Renovación Popular, uno de los 36 que aspira a ocupar el Palacio de gobierno desde julio.
El 12 de abril se realizan en Perú elecciones generales, en que se busca la estabilización del poder, tras un periodo constitucional en que ha tenido cuatro gobernantes en cinco años, en un escenario de incertidumbre y desbarajuste político, que incide en la descreencia popular en la democracia.
Una investigación periodística iniciada en 2021 por Páez, reveló que el también empresario le debía al Estado por impuestos impagos el equivalente a 10 millones dólares. En 2022, cuando era candidato a la alcaldía de Lima, arrastraba un monto de poco más de 5,7 millones de dólares.
En la actualidad y como aspirante al sillón presidencial, una de sus empresas, con concesiones en el sector ferroviario en el sur y sureste del país y dos hoteles, adeuda el equivalente a 3,8 millones de dólares.
“Cuando salió lo último me insultó y amenazó, dijo una serie de mentiras sobre mí para que no continuara con la investigación. En realidad la clase política se siente atemorizada y lo que busca es cortar, cerrar, disminuir la capacidad de trabajo de los periodistas para que no los fiscalicen”, refirió Páez.
En enero, el candidato presidencial subió el tono de sus amenazas al señalar que no le perdonaría la vida al periodista. El odio que estimula entre sus seguidores se lee en los comentarios en redes sociales, lo que incrementa el riesgo latente.
“Esto le ocurre a los colegas en la actualidad y, lamentablemente, recrudecerá conforme avance la campaña electoral”, advirtió Páez.
Por justicia informativa
Hace un año tres mujeres periodistas fundaron Contranoticia con la finalidad de gestionar un espacio digital acorde a su línea ética, que asume la información como un derecho de todas las personas sin discriminación, desafío que asumen en un contexto de crecientes restricciones desde el poder.
“Combinamos la rigurosidad periodística con el uso del lenguaje de las redes sociales presentando la noticia de forma sencilla pero con profundidad y contexto. Es un trabajo autogestionado y hemos logrado tener 70 000 seguidores en Facebook y pasamos de 5000 en otras redes sociales. Hay una audiencia que ya confía en nosotras y nos identifica como un equipo de producción periodístico conformado por mujeres”.
Así lo resumió a IPS Graciela Tiburcio, una de las tres cofundadoras de Contranoticia. Con 33 años y más de una década de experiencia, tiene la certeza de que un mejor periodismo es posible y que la labor informativa sí puede ser una herramienta útil para la ciudadanía, sobre todo en escenarios complicados como el del Perú.
“Quienes están en el poder suelen restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa de diversas formas”, dijo.
Y agregó: “Por ejemplo, legislando, como la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que nos impacta fuertemente pues nos recorta el poder postular a fundaciones internacionales por apoyo a nuestra labor periodística”.
Esta ley se aprobó en abril del 2025 pese al cuestionamiento de organismos de la sociedad civil y de derechos humanos tanto del país como del sistema internacional.
Tiburcio cuestionó también el discurso antidemocrático y contra el periodismo que despliegan alimentando así la desconfianza en los medios de comunicación que a su vez se retroalimenta con la desinformación, las mentiras, los bulos que –dijo- esparcen quienes tienen poder político y algunos al frente de medios tradicionales.
El informe de la ANP reportó que el periodismo digital resultó el más atacado respecto del televisivo, escrito y radial.
Registró 219 casos, mientras que los otros lo padecieron en 108, 66 y 65 casos, respectivamente. Este hecho va de la mano con el mayor acceso de periodistas a medios digitales que ha permitido desplegar una fiscalización más amplia en distintas partes del país desde canales de Youtube, Tik Tok, y otras redes sociales.
“Las y los periodistas investigamos violaciones a los derechos humanos y hacemos control político de quienes ejercen cargos públicos. Sabemos que los riesgos son diversos, por ejemplo que te envíen una carta notarial, te hagan un juicio. Demandar periodistas se ha vuelto cotidiano”, cuestionó Tiburcio.
Ella misma experimenta el acoso judicial. Desde 2021 el excandidato del izquierdista Partido Nacionalista Peruano al Congreso legislativo, Hugo Quijada, sobre el que publicó una investigación por presunto acoso sexual, le ha interpuesto ocho denuncias por estafa, suplantación de identidad, delito cibernético, entre otras causas. La última denuncia es de fines del 2025.
El incremento de los riesgos en el ejercicio del periodismo son crecientes, pero no desaniman a quienes lo han abrazado como parte de sus convicciones.
“Trabajamos para el interés del ciudadano, para transparentar el poder y buscar justicia”, remarcó Ángel Páez. “Respetamos las historias de vida de quienes confían en el periodismo para hacer visibles sus demandas o vulneraciones a sus derechos humanos”, ratificó Graciela Tiburcio.
ED: EG
