CARACAS – Centenares de presos políticos han sido excarcelados en Venezuela y el negocio petrolero ya no está confiado solo a la empresa estatal Pdvsa, al cabo de un mes de vértigo bajo los dictados del presidente estadounidense Donald Trump, quien se precia de ser quien gobierna ahora a este país sudamericano.
Los cambios son consecuencia de la cruenta “Operación Resolución Absoluta” -bombardeos y sorprendentes ataques de comandos que dejaron unos 100 muertos entre venezolanos y cubanos-, con la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en la madrugada del pasado 3 de enero.
Mientras la fuerza militar aún les apuntaba con sus cañones, los colaboradores de Maduro recompusieron el gobierno en cuestión de horas, colocaron a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, e iniciaron la aplicación de un programa de cambios abiertamente dictado por Washington.
Declararon su respaldo el general del ejército Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, operador político y presidente de la Asamblea Nacional legislativa, y Diosdado Cabello, referente del ala tenida como “dura” en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Ese grupo reclama la libertad de Maduro y Flores, presos en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por un abanico de supuestos delitos, y al mismo tiempo promueve y defiende a cal y canto una “agenda de cooperación” con Estados Unidos.
Es un contraste evidente con el discurso y la conducción del líder y guía del proceso que vive su hora más menguada, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien emergió en la política al dirigir un fallido alzamiento armado cuando era comandante de paracaidistas, hace exactamente 34 años, el 4 de febrero de 1992.
Chávez hizo del antiimperialismo y de la oposición a los designios de Washington su bandera para las relaciones internacionales, y convirtió esa propuesta en parte de la doctrina de la Fuerza Armada, cuyos aprestos fueron no solo sorprendidos sino imposibilitados de reaccionar con la fulminante operación del 3 de enero.
Ahora quienes gobiernan Venezuela, formados a la sombra de Chávez y detentadores de posiciones de poder durante los sucesivos gobiernos de Maduro (2013-2026), abren las puertas a los negocios según los dictados de Washington, aunque hasta ahora apenas unos postigos a la liberalización política.
Tras el rapto de Maduro, Trump ordenó tomar entre 30 y 50 millones de barriles (de 159 litros) de petróleo, que saturaban los depósitos en las costas de Venezuela, para su rápida venta en los mercados internacionales y así descongestionar el sistema de producción y que no se dañasen los sistemas de flujo del crudo.
El mandatario estadounidense dispuso que el dinero producto de esa venta fuese a una cuenta en Qatar, manejada por su secretario de Estado, Marco Rubio, y que se entregase el dinero a Caracas para los gastos que apruebe Estados Unidos.
El parlamento venezolano (270 diputados, de los cuales 256 militantes oficialistas) aprobó luego de manera exprés una reforma a la Ley de Hidrocarburos -el petróleo representa 90 % de los ingresos del país- con la cual se desmontó el núcleo de la nacionalización (estatización) que databa de 1976.
En los años 90 del siglo pasado se hizo una apertura parcial al capital privado, que trabajó algunos yacimientos junto a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero medidas tomadas por Chávez en 2007 revirtieron esa situación, muy pocas trasnacionales permanecieron y la mayor parte de la infraestructura petrolera se desmoronó.
La reforma impulsada por los hermanos Rodríguez abre puertas a contratos de operación muy favorables al capital extranjero, sobre todo a firmas de Estados Unidos, con rebajas sustanciales de trámites e impuestos, libertad para comercializar el crudo, y remisión de diferencias a tribunales en el extranjero.
En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, que restringió y castigó durante años las operaciones comerciales y financieras con el Estado venezolano, comenzó a entregar licencias para facilitarlas.
En el campo político destacan hechos en este mes que al decir de algunos comentaristas “parece un año”. Rige en el país un “estado de conmoción exterior” que restringe libertades constitucionales y permite marchas en favor de la libertad de Maduro, pero desautoriza eventuales manifestaciones opositoras.
En un país con más de 1000 presos políticos -decenas de ellos en desaparición forzada durante meses-, se ha excarcelado desde el 8 de enero y con cuentagotas a al menos 344 de esos detenidos, mientras que 687 aún permanecían tras las rejas el 2 de febrero, según la organización de derechos humanos Foro Penal.
A los excarcelados se les prohíbe declarar o transitar libremente, y entre ellos hay activistas políticos, de organizaciones civiles o periodistas, pero la mayoría son manifestantes que protestaron por la proclamación de Maduro como presidente reelecto en la elección presidencial de julio de 2024.
Esa elección fue ganada en proporción 2-1 por el opositor Edmundo González, según actas que la oposición mostró y ventiló ante organismos internacionales.
Ello permitió a gobiernos como el de Estados Unidos considerar a Maduro un “presidente ilegítimo”, y Rubio argumentó de esa manera ante el Senado en Washington que sus fuerzas militares no capturaron a un jefe de Estado legítimo sino a un delincuente solicitado por la justicia estadounidense.
La presidenta Rodríguez ha propuesto una ley de Amnistía General, generando de inmediato un debate, sobre todo en redes sociales, acerca de su contenido y alcance, pues opositores y organizaciones de derechos humanos reclaman que los responsables de crímenes desde el Estado deben responder por sus actos.
Finalmente, abona la incertidumbre la presencia en Washington, tras reuniones con Trump, Rubio y congresistas de Estados Unidos, de la líder opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien se abstiene por ahora de regresar al país, un elemento que puede perturbar la situación en Venezuela, según Rubio y Trump.
Estados Unidos ha propuesto cambios en Venezuela en tres etapas, sin fechas o metas definidas: estabilización, recuperación y transición. La causa opositora luce cruzada de brazos mientras se desarrollan los acontecimientos.
Y mientras las grandes cuentas de la economía y la política giran a su alrededor, millones de venezolanos de a pie continúan bajo el asedio de una inflación que el año pasado superó 500 %, de un constante encarecimiento del dólar, de la escasez de combustible y de la crisis ya endémica en los servicios públicos esenciales.
A-E/HM
