NACIONES UNIDAS – La actual crisis financiera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descrita como la peor en los 80 años de historia de este organismo mundial, plantea la siguiente pregunta: ¿está Estados Unidos utilizando su influencia financiera para incumplir sus pagos atrasados y sus contribuciones asignadas con el fin de precipitar el colapso del organismo mundial?
Si la crisis continúa, la sede de la ONU se verá obligada a cerrar en agosto, antes de la reunión anual de los líderes mundiales en septiembre de este año, según un informe publicado la última semana de enero en The New York Times, que cita a altos funcionarios de la ONU sin identificar.
Pero, al parecer, todavía hay esperanzas de supervivencia, a juzgar por un informe procedente de la propia Casa Blanca, que da idea que el gobierno de Donald Trump estaría planeando lanzar un salvavidas a una ONU que se está ahogando.
Preguntado sobre la situación financiera actual, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a los periodistas el 5 de febrero: «Hemos visto recortes por parte de Estados Unidos. Hemos visto recortes por parte de los países europeos durante el último año. Y todos los días les hablo de lo que sucede cuando no hay dinero, ¿verdad?».
«Se están reduciendo las raciones, no se está prestando asistencia sanitaria. Así que, quiero decir, está bastante claro. En lo que respecta a la Secretaría, si esto llega a suceder, afectará a nuestra capacidad para celebrar reuniones en este edificio, para realizar el trabajo político que hacemos, el trabajo de mantenimiento de la paz que hacemos», señaló.
Sobre las esperanzas de una posible resolución, dijo: «También tengo que decir que hemos visto los informes… a principios de esta semana, sobre la firma por parte del presidente de los Estados Unidos de un proyecto de ley presupuestaria que incluye la financiación de las Naciones Unidas».
«Lo acogemos con satisfacción y nos mantendremos en contacto con los Estados Unidos durante los próximos días y semanas para supervisar las transferencias de esos fondos», dijo Dujarric.
Mientras tanto, en una entrevista con IPS, Sanam Naraghi Anderlini, fundadora y directora ejecutiva de la Red de Acción de la Sociedad Civil Internacional (Ican), afirmó que el posible colapso financiero de la ONU es deprimente y, sin embargo, muy indicativo de estos tiempos, en los que los líderes de todo el mundo carecen de cualquier sentido de la responsabilidad y no se preocupan por el futuro.
Son la antítesis de los padres y madres fundadores de la ONU, quienes, tras haber vivido en primera persona el infierno de la guerra y la miseria, se comprometieron a crear una arquitectura global de paz y seguridad con el objetivo de evitar ese infierno a nosotros, la generación futura, sus descendientes, argumentó.
«Todos sabemos que el sistema de la ONU nunca ha sido perfecto. Nunca ha estado a la altura de su potencial. A menudo, esto se ha debido a las artimañas de los Estados poderosos, que persisten en manipular la institución en beneficio de sus propios intereses», analizó.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido durante mucho tiempo «el Consejo de la Inseguridad», dado que los cinco miembros permanentes están implicados en alguna de las peores guerras y genocidios de los últimos 25 años, afirmó.
«Pero ellos no son los únicos culpables. Dentro del sistema también hemos visto cómo tanto los dirigentes como el personal tienen intereses creados, se benefician de la inercia y se muestran reacios a defender nuevas prácticas y prioridades que habrían tenido un impacto transformador», aseguró.
A su juicio, «la disfunción no debe llevar al abandono y al desmantelamiento del sistema. No se puede despojar a la ONU y vender sus activos y funciones clave al mejor postor».
Anderlini consideró que «la distópica Junta de Paz (creada el presidente estadounidense Donald Trump) ya es similar a los especuladores corporativos y los fondos buitre del mundo financiero, que intentan despojar a la ONU de sus funciones clave, pero sin rendir cuentas ni tener restricciones en sus acciones»
En la actualidad, Estados Unidos debe alrededor de 2196 millones de dólares al presupuesto ordinario de la ONU, incluidos 767 millones de dólares correspondientes a este año y a años anteriores, según fuentes de la ONU.
Estados Unidos también debe 1800 millones de dólares del presupuesto separado para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en el extranjero, y esa cifra también aumentará.
Hasta el 5 de febrero, solo 51 países habían pagado íntegramente sus cuotas para 2026, es decir, 51 de 193. A continuación se presenta un desglose de los últimos cuatro pagos: Australia, 65 309 876 dólares; Austria, 20 041 168 dólares; Croacia, 2 801 889 dólares, y Chipre, 1 120 513 dólares.
Stephen Zunes, profesor de Política y Estudios Internacionales de la estadounidense Universidad de San Francisco, declaró a IPS que, por un lado, Estados Unidos ha acumulado un considerable retraso en sus pagos a las Naciones Unidas en los últimos años, pero que la ONU ha logrado salir adelante.
Sin embargo, el alcance de los recortes de la administración Trump y la forma en que se dirigen a programas especialmente vulnerables han dado lugar a esta crisis fiscal sin precedentes.
«La hostilidad de la administración Trump hacia las Naciones Unidas es extrema. Trump ha dejado claro que cree que no debería haber restricciones legales a la conducción de la política exterior estadounidense, por lo que no es de extrañar que intente socavar la principal institución mundial encargada de apoyar el derecho internacional y el orden mundial», dijo Zunes.
En su intervención ante el Comité Administrativo y Presupuestario de las Naciones Unidas al finalizar enero, Chandramouli Ramanathan, subsecretario general, contralor y responsable de estrategia y políticas de gestión, afirmó: «El personal de las Naciones Unidas está perdiendo progresivamente la confianza en todo el proceso presupuestario».
Hizo así referencia a la escasez de efectivo que ha dado lugar a severas restricciones en el gasto y la contratación. Añadió que las Naciones Unidas deben encontrar un compromiso que permita a la Organización funcionar con eficacia.
Anderlini profundizó en el tema al indicar: «Ahora más que nunca, la institución debe mantenerse y estar en condiciones de prosperar y cumplir la promesa de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el conjunto de convenciones y políticas que se han desarrollado mediante un arduo trabajo para hacer frente a los retos del mundo actual».
Cuando el gasto militar mundial supera los 2,6 billones (millones de millones) de dólares, dijo, el presupuesto anual aprobado por la ONU de 3450 millones de dólares parece calderilla.
«Es absurdo que nuestros gobiernos pidan prestados miles de millones para financiar armas, pero sean tacaños con la ONU, las agencias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para prevenir conflictos, construir la paz y garantizar la seguridad humana y medioambiental», se quejó.
A su juicio, «vivimos en una época en la que los activos de un solo hombre pueden alcanzar pronto un valor superior al billón de dólares y en la que la riqueza de la clase milmillonaria mundial aumentó en 2,5 billones de dólares en solo un año, en 2025».
«Son alabados y aplaudidos a pesar de que su riqueza se ha construido a costa de ‘nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas’, ya sea mediante la evasión fiscal o la inversión en sectores con un alto impacto climático, como los combustibles fósiles y la minería», planteó.
Anderliní consideró que «quizás deberían pagar impuestos y verse obligados a correr con los gastos de su complicidad en los desastres que la ONU se ve obligada a limpiar».
La paz y el desarrollo son buenos para los negocios, argumentó. «Son esenciales para que cualquier sociedad sobreviva y prospere. La ONU y el ecosistema global de instituciones y personas dedicadas a cuidar del mundo nos dan nuestra humanidad, mucho más allá de cualquier cosa que pueda limitarse al valor monetario».
Pero, añadió, «en términos monetarios, son una gran inversión con beneficios que benefician a miles de millones de personas en todo el mundo, no solo un arsenal de armas mortíferas o un puñado de multimillonarios».
Gracias a que los Estados miembros han renunciado a su responsabilidad de defender los derechos humanos y prevenir el flagelo de la guerra, la violencia le costó al mundo 19,97 billones de dólares en 2024, es decir, 11,6 % del producto interno bruto mundial.
Según el Instituto de Economía y Paz, esto representa 2455 dólares por persona, incluyendo el gasto militar, la seguridad interna y la actividad económica perdida, aseguró Anderlini.
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