CARACAS – La legislativa Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de modo exprés una ley de amnistía para presos o exiliados por motivos políticos, con excepciones que pueden dejar tras las rejas a centenares de militares y otros detenidos acusados de participar en conspiraciones o de propiciarlas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó que “hay que saber pedir perdón y también recibir perdón”, al promulgar la ley inmediatamente después de que el parlamento la aprobó en la noche del jueves 19.
La ley es resultado del “nuevo momento político” que vive el país, después del ataque lanzado por fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero, el cual produjo un centenar de muertes y la captura del presidente Nicolás Maduro -reemplazado por su vicepresidenta Rodríguez- y de su esposa Cilia Flores.
Washington ha impuesto cambios en el negocio petrolero y favorece una distención política traducida por las autoridades de Venezuela, desde enero, en la excarcelación de unas 450 personas detenidas por motivos políticos y la confección de la ley de amnistía que puede liberar a otros centenares.
La amnistía fue anunciada por Rodríguez como una ley general para delitos de tipo político por los que se ha perseguido, detenido -con casos de desaparición forzada-, procesado, condenado o empujado al exilio, a críticos, opositores o disidentes civiles y militares desde 1999, cuando llegó al poder Hugo Chávez, predecesor de Maduro.
Pero el texto presentado al parlamento se centró en determinados períodos o episodios de conflictividad en los 27 años de “chavismo”, y excluyó expresamente delitos, conductas o expresiones por los que se ha perseguido sobre todo a militares disidentes o sospechosos, así como a civiles.
La ley puede verse así como resultado de una puja entre la búsqueda de liberar al grueso de los detenidos -en su mayoría arrestados en el contexto de manifestaciones opositoras o por su activismo local- pero no a los uniformados ni a figuras destacadas de la oposición política que han irritado sobremanera a la cúpula en el poder.
Junto con Delcy Rodríguez destacan al frente del poder en Venezuela su hermano Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, y el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, a cargo del Partido Socialista Unido (Psuv) y considerado por la prensa en el exterior como jefe del “ala dura” del oficialismo.
Se menciona también al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, con un perfil particularmente bajo desde los acontecimientos de enero. La Fuerza Armada bajo su mando produjo este viernes un elogioso comunicado en apoyo a la ley de amnistía.
A la luz de las escasas modificaciones a los borradores que muestra el texto final de la ley, a pesar de los pedidos de organizaciones civiles, se evidencia que el “ala dura” logró excluir de la amnistía a militares y civiles sindicados de delitos como rebelión, conspiración o incitación a la acción de fuerzas extranjeras contra el país.
Entre los presos políticos hay militares de todo rango, desde tropa profesional hasta generales. Entre los civiles en el exilio el caso más prominente es el de la Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, a quien el gobierno acusa de haber promovido la invasión de enero por las fuerzas estadounidenses, entre otros delitos.
Durante los gobiernos de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026) se han registrado huelgas nacionales, un golpe de Estado frustrado, intentos de alzamiento militar, largos períodos de manifestaciones -duramente reprimidas- y en 2019 se creó una presidencia alternativa que tuvo reconocimiento internacional.
Entre 2014 y 2025 se detuvo por razones políticas a casi 19 000 personas, según la organización Foro Penal, que monitorea y acompaña la situación de los presos políticos. Algo más de 1000 estaban tras las rejas al despuntar 2026.
El período de gobierno de Maduro ha estado marcado por un desconocimiento recíproco de legitimidad entre los poderes a la cabeza del Estado y la oposición.
El actual parlamento de 276 escaños es de aplastante mayoría oficialista y solo hay un puñado de diputados de oposición moderada, a raíz de una elección en 2025 en la que se abstuvieron o fueron apartadas importantes corrientes opositoras.
En ese contexto, la ley de amnistía se presentó y discutió en menos de dos semanas, con escasas consultas a organizaciones de la sociedad civil, en particular a las de derechos humanos y familiares de las personas detenidas.
La ley establece que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en ciertos períodos, hechos o procesos delimitados en algunos de los 27 años de “chavismo”.
Pero exige que la persona amnistiable “se ponga a derecho”, es decir, que se presente a tribunales personalmente o por medio de abogados. Organizaciones opositoras y de derechos humanos critican la norma pues consideran que obliga a la víctima de persecución a admitir que es culpable de un delito, aún si se considera inocente.
Foro Penal valoró que los afectados en el exterior podrán enviar a un apoderado sin exponerse a su arresto al regresar.
Asimismo, consideró positivo que se declare a la ley como “de orden público e interés general”, lo que implica que los órganos de justa deben aplicarla -liberación de presos y cierre de casos- de oficio, sin necesidad de que la solicite el interesado.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro, también resaltó la inclusión del principio de que en caso de duda se debe optar por lo más favorable al reo.
Sin embargo, “hemos calculado que por lo menos hay unos 400 presos políticos excluidos de la amnistía; en su mayoría, militares y civiles relacionados con las operaciones militares”, dijo el presidente de la organización, Alfredo Romero.
“Mientras no se desmantele el aparato de persecución del Estado, cualquier medida de gracia es insuficiente para frenar la violación sistemática de derechos humanos De nada vale extinguir procesos si el sistema de justicia sigue siendo un arma política. El modelo de represión no ha sido alterado”, expuso Romero.
Por otra parte, un artículo de la ley excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución, por lo que no exculpa expresamente a los responsables de represión ilegal de manifestaciones o de violaciones graves de derechos de las personas detenidas.
Finalmente, la presidenta Rodríguez anunció que casos de presos políticos o personas exiliadas que no estén amparados en la ley podrán ser estudiados por una Comisión de Revolución Judicial que dirige el ministro Cabello.
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