PUERTO PRÍNCIPE – Al menos 5915 personas murieron, y otras 2708 resultaron heridas a lo largo de 2025 en Haití, como consecuencia de la violencia desatada por pandillas que controlan numerosos espacios y actividades, según el más reciente informe del Buró Integrado de las Naciones Unidas en este país caribeño (Binuh).
Esa violencia que ha crecido a lo largo de la década ha llevado a duros enfrentamientos con las fuerzas policiales, que han contado con apoyo de una compañía militar extranjera que emplea drones y ataques desde helicópteros, según el Binuh.
El último trimestre de 2025 la violencia cobró al menos 1523 personas vidas, y 806 personas resultaron heridas. Más de 1000 de ellas perecieron a causa de las operaciones de las fuerzas de seguridad o de grupos de respuesta de las comunidades, que combaten a las pandillas.
El informe también destaca las continuas denuncias de ejecuciones sumarias que involucran a miembros de la policía. También recoge la muerte de niños en residencias o personas transeúntes durante los ataques a las pandillas.
La violencia sexual ha estado permanentemente asociada al accionar de las pandillas, y Binuh registró 301 casos durante el último trimestre de 2025. Varias bandas criminales practican violaciones en grupo, incluso en las calles, y, en algunos casos, asesinan a las víctimas después de ser violadas.
El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió extender el mandato del Binuh por un año más, hasta enero de 2027, para coordinar las tareas de asistencia humanitaria.
Las pandillas, que operan en áreas bajo su control en Puerto Príncipe -ciudad de más de un millón de habitantes, con unos 300 000 desplazados por la violencia- durante el año pasado continuaron cometiendo graves abusos, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsión, violencia sexual, trata de niños y destrucción de propiedad.
En las zonas rurales que rodean la capital, como los departamentos de Artibonite y Centro, las pandillas llevaron a cabo ataques indiscriminados en numerosas localidades en un esfuerzo por consolidar y expandir su control territorial.
Estas redadas se dirigieron especialmente a los agricultores y sus bienes agrícolas, lo que provocó un mayor desplazamiento de la población, debilitó la economía local y aumentó las necesidades humanitarias y de protección, en este país de 28 000 kilómetros cuadrados y 11,5 millones de habitantes.
Esa situación de violencia y de necesidades de asistencia humanitaria para la mitad de su población, según agencias de la ONU, se sostiene mientras en el país domina una situación de inestabilidad e incertidumbre política.
El mandato de un Consejo Presidencial de Transición, de nueve miembros -siete con derecho a voto-, creado a mediados de 2024, termina el sábado 7 de febrero.
No fue posible en el período de su mandato organizar nuevas elecciones de las que surgiese un gobierno con autoridad reconocida por toda la nación, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Ahora se ha convocado a elecciones presidenciales y parlamentarias para el 30 de agosto de 2026.
El Consejo Presidencial nombró primero como primer ministro a Gary Conille y luego lo reemplazó por el empresario Alix Didier Fils-Aimé. Antes de extinguir su mandato, cinco miembros de Consejo tratan de remover al primer ministro, manteniendo sobre ascuas la conducción política del país.
Fils-Aimé cuenta con el respaldo expreso de Estados Unidos, la Unión Europea y las embajadas de Francia (antigua metrópoli), Alemania y España.
De su lado, Binuh ha pedido al gobierno haitiano fortalecer la protección de las poblaciones en riesgo por la violencia, e incrementar la cohesión y eficiencia de las fuerzas policiales, pero presentando ante la justicia a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
A la comunidad internacional Binuh pide “mantener a Haití en la agenda internacional y brindar el apoyo financiero y humano adecuado para garantizar el despliegue completo de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG)”, según lo acordado por el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de septiembre de 2025.
Todo ello, “de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
Finalmente, se pide a los Estados de la región más rigor en los cargamentos con destino a Haití, a donde han llegad desde el extranjero miles de armas y millones de municiones con origen en Estados Unidos y otros países del área, y que han nutrido los arsenales de las pandillas criminales.
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