BRATISLAVA – Los defensores de la reforma de la política de drogas siguen pidiendo una revisión de los controles mundiales sobre las drogas ante la situación cada vez más compleja y mortal que se vive en el mundo y el uso cada vez más frecuente de enfoques antidroga de línea dura como excusa para reprimir a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos.
Un informe publicado a principios de febrero por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, en inglés) evaluó los avances logrados desde la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass, en inglés) sobre drogas de 2016, considerada por muchos como un posible punto de inflexión en la política mundial sobre drogas.
El informe concluye que, diez años después, la promesa de aquella sesión sigue sin cumplirse en gran medida, a pesar de los notables avances en algunas áreas, y que los enfoques punitivos y prohibicionistas siguen dominando el control mundial de las drogas, a pesar de su enorme coste humano y financiero.
«Los enfoques punitivos (hacia las drogas) están costando vidas, socavando los derechos humanos y desperdiciando recursos públicos, al tiempo que silencian a las comunidades que tienen las soluciones. Este informe muestra por qué los gobiernos deben ir más allá de la retórica y comprometerse con una reforma estructural real», afirmó Ann Fordham, directora ejecutiva del IDPC.
Los defensores de la reforma de la política de drogas llevan décadas señalando las pruebas que demuestran el fracaso total de las políticas de drogas de línea dura.
El informe del IDPC documenta cómo las actuales políticas prohibicionistas, lejos de frenar los mercados de drogas, han contribuido a su expansión y diversificación masivas, mientras que, al mismo tiempo, el número de personas que consumen drogas sigue aumentando y ahora se estima en 316 millones en todo el mundo, lo que supone un aumento del 28 % desde 2016.
El consorcio afirma que las políticas represivas también están provocando daños devastadores y evitables.
Entre ellos se incluyen: 2,6 millones de muertes relacionadas con el consumo de drogas entre 2016 y 2021, con previsiones que indican nuevos aumentos pronunciados desde entonces, junto con encarcelamientos masivos —una de cada cinco personas encarceladas en todo el mundo lo está por delitos relacionados con las drogas— que afectan de manera desproporcionada a las comunidades marginadas.
También se suma que más de 150 países informan de un acceso inadecuado a los analgésicos opioides debido a controles excesivamente restrictivos sobre los medicamentos esenciales.
Además se destacan: el uso cada vez más extendido de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas, y el desplazamiento de las actividades relacionadas con las drogas ilegales a regiones remotas y frágiles desde el punto de vista medioambiental, como América Central y la cuenca del Amazonas, como resultado de los esfuerzos de interdicción y erradicación.
A pesar de estas realidades, muchos países siguen aplicando políticas antidroga de línea dura.
Fordham afirmó que esto se debe a «los enormes intereses creados en el statu quo».
«El complejo industrial penitenciario es un ejemplo claro de ello. Nuestro informe documenta que una de cada cinco personas encarceladas en todo el mundo lo está por delitos relacionados con las drogas, mientras que las pruebas demuestran que esta estrategia no ha servido para reducir la magnitud de los mercados de drogas ilegales», declaró a IPS.
El consorcio también ha destacado el preocupante resurgimiento de la retórica de la «guerra contra las drogas», popular en los años 70 y 80 del siglo pasado, que, según afirma, se utiliza cada vez más para justificar la militarización, la represión y las violaciones del derecho internacional.
En eso último destaca, aseguró, la instrumentalización por parte de la administración estadounidense de Donald Trump de los discursos sobre el «narcoterrorismo» para legitimar la fuerza extraterritorial y recortar los derechos, los compromisos en materia de salud y desarrollo consagrados en el Documento Final de la Ungass de 2016.
«Las narrativas penalizadoras y duras contra las drogas sirven a otros intereses de los líderes populistas, que utilizan las políticas de drogas para convertir en chivos expiatorios a las personas que consumen drogas y a otras personas involucradas en el mercado ilegal de drogas por problemas sociales más amplios, como la falta de vivienda y el aumento de los niveles de violencia», dijo Fordham.
Y añadió: «El control de las drogas también se utiliza cada vez más para restringir el espacio de la sociedad civil, amenazando o atacando a las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias que promueven reformas muy necesarias y condenan a sus gobiernos por violaciones flagrantes de los derechos humanos».
Otros defensores y expertos en la reforma de las políticas de drogas aseguran que esta tendencia se ha hecho cada vez más evidente en el último año.
«Durante el último año, podemos ver claramente la aparición de algunas nuevas tendencias [en materia de política de drogas]. En primer lugar, se ha producido un cambio radical en la retórica y los discursos bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump», dijo a IPS Anton Basenko, director ejecutivo de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (Inpud, en inglés).
También destacó cómo los gobiernos están utilizando la política de drogas como excusa para violar el derecho internacional con el fin de promover otros objetivos políticos.
Citó como ejemplo la afirmación de la administración estadounidense de que el secuestro el 3 de enero del hasta entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un ataque militar sobre Caracas, estaba relacionado con la lucha contra la entrada de drogas ilegales en Estados Unidos.
«Durante el último año, ha habido narrativas completamente diferentes por parte de países líderes [en materia de política de drogas], como Estados Unidos. Y, por supuesto, algunos países siempre miran políticamente a Estados Unidos y escuchan lo que dicen, y podrían intentar replicar algo similar políticamente, utilizando la acción de Estados Unidos como ejemplo», afirmó.
Otros expertos temen que exista un riesgo real de que esto pueda conducir a un agravamiento de los problemas de derechos humanos en otros países.
«La desvergüenza con la que Estados Unidos está pisoteando ahora el derecho internacional, utilizando la guerra contra las drogas como excusa para algunas de sus violaciones más atroces, es profundamente preocupante», dijo a IPS Steve Rolles, analista político sénior de la Transform Drug Policy Foundation, con sede en el Reino Unido.
A su juicio, «sin duda, existe el riesgo de que esto anime a otros actores a ser aún más descarados en sus abusos del derecho internacional de los derechos humanos en relación con las drogas y, en general».
El informe del IDPC extrae una serie de conclusiones que hacen hincapié en la necesidad de reformar y modernizar los actuales tratados de control de drogas de las Naciones Unidas, así como, entre otras cosas, de reconfigurar el sistema mundial de control de drogas para que se oriente hacia los derechos, la salud y el desarrollo.
El grupo afirma que esto es especialmente importante ahora que las Naciones Unidas se preparan para implementar reformas en todo el sistema y un panel de expertos independientes comienza a revisar el régimen internacional de control de drogas, lo que brinda una oportunidad única para «corregir el rumbo».
Pero ese llamamiento también llega en un momento en el que, como señala el IDPC, el trabajo de las organizaciones que han logrado impulsar la reforma de las políticas de drogas, así como la implementación de programas de reducción de daños que salvan vidas, la defensa de la comunidad y la sociedad civil, se enfrentan a crisis de financiación.
Los recortes en la financiación de la ayuda exterior por parte de los principales países donantes, especialmente Estados Unidos, durante el último año han sido devastadores para la sociedad civil, incluidos los grupos que trabajan para combatir el VIH y ayudar a las comunidades vulnerables, entre ellas las personas que consumen drogas, en todo el mundo.
La financiación para la reducción de daños, que históricamente ha sido baja, se encuentra ahora en crisis, según afirman los activistas.
«En 2022, la financiación disponible para la reducción de daños ascendió a solo 6 % de los 2700 millones de dólares necesarios anualmente. La decisión de la administración Trump de detener la financiación para el VIH y la reducción de daños en 2025 ha convertido la crisis de financiación de la reducción de daños en una catástrofe», lamentó Fordham.
Rolles acotó que «los servicios voluntarios financiados por el Estado y el tercer sector están sintiendo la presión, e incluso los servicios financiados por la filantropía están viendo cómo las prioridades se desplazan hacia crisis emergentes».
«Muchos servicios seguirán luchando lo mejor que puedan, pero es inevitable que se produzca un coste terrible cuando los servicios que han demostrado salvar vidas se ven privados de fondos o se cierran», añadió.
Sin embargo, precisamente debido a estas limitaciones de financiación, es fundamental, según el IDPC, que los responsables políticos mundiales tengan en cuenta sus recomendaciones.
Para Fordham, «las limitaciones de financiación y los retos actuales a los que se enfrentan las Naciones Unidas y el multilateralismo en general hacen que nuestras recomendaciones sean aún más importantes».
«El sistema actual está claramente obsoleto y es perjudicial, ya que solo sirve para socavar la salud, los derechos humanos, el desarrollo, la seguridad humana y la protección del medio ambiente, todos ellos objetivos clave que la ONU se propuso defender en un principio», aseguró.
Pero, aunque el informe del IDPC describe un enfoque cada vez más punitivo y prohibitivo hacia las drogas en algunos países, también destaca los importantes avances en la introducción de políticas más progresistas en varios países.
Entre ellos se incluyen importantes cambios de política en muchas jurisdicciones hacia la despenalización y la regulación legal del cannabis, tanto con fines médicos como recreativos.
Cientos de millones de personas viven ahora en jurisdicciones donde el cannabis recreativo es legal, y se han creado mercados en África, Asia, Europa y América. El informe del IDPC también sugiere que el renovado interés por los psicodélicos podría impulsar pronto una nueva ola de innovación normativa.
«Hace poco más de 10 años, en ningún lugar del mundo se regulaba legalmente el consumo de cannabis por parte de adultos», dijo Rolles.
Pero, agregó, «hoy en día, más de 500 millones de personas viven en más de 40 jurisdicciones con algún tipo de acceso legalmente regulado para adultos… Para mí, esto demuestra cómo las reformas que parecían imposibles hace solo unos años se están llevando a cabo ahora en todos los continentes».
Añadió que se han producido «avances notables» en la reforma de la política de drogas a lo largo de la última década, incluida la ola continua de reformas sobre el cannabis en América, la Unión Europea y gran parte del resto del mundo.
Entre esos avances, también destacó «la difusión de medidas innovadoras de reducción de daños en respuesta a la epidemia de opiáceos; los avances en la despenalización en otras jurisdicciones; y un discurso reformista cada vez más sofisticado que está ganando terreno en foros de alto nivel, incluyendo el respaldo a la reforma, incluida la regulación de todas las drogas».
«El aumento de las jurisdicciones que legalizan y regulan el cannabis parece inevitable. Existen fuertes movimientos y apoyo político para el cambio en varios países latinoamericanos y europeos», consideró Rolles.
Estas reformas fueron impulsadas en gran parte por organizaciones no estatales y de la sociedad civil, las mismas organizaciones que están viendo cómo su financiación y su libertad para defender su causa se reducen cada vez más en muchos Estados.
Pero los defensores de la reforma de la política de drogas no esperan que el progreso se detenga a pesar de los retos a los que se enfrentan estos grupos.
Para Rolles, «casi toda la reforma (de la regulación legal del cannabis) ha sido impulsada por la defensa de la sociedad civil, más que por el liderazgo vertical de los gobiernos».
«Al igual que con las reformas de reducción de daños y despenalización de las últimas décadas, la sociedad civil está mostrando el liderazgo que tan a menudo falta en los políticos electos».
A su juicio, «sin duda, esto seguirá siendo así en el futuro. Este es el momento de intensificar la lucha, no de acobardarse ante el auge del autoritarismo».
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