MÉXICO – Varios gobiernos de América Latina y el Caribe han violado los derechos de extranjeros a instancias del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2026, que acaba de divulgar.
Mientras, otros gobiernos “están utilizando las políticas y la retórica de Trump como excusa para cometer abusos contra sus propios ciudadanos”, señala HRW en el informe de 529 páginas en el que analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países.
“Durante su primer año en el cargo, la administración Trump ha tenido una influencia indudablemente negativa en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
Pero agregó que “en última instancia, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca”.
Durante 2025, expone el informe, varios gobiernos limitaron el acceso al asilo y cometieron abusos contra migrantes deportados de Estados Unidos.
Numerosos gobiernos latinoamericanos han llevado aún más lejos las políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y despliegues militares para combatir el “terrorismo”.
Si bien el gobierno estadounidense ha criticado a menudo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, “ha ignorado los graves abusos en El Salvador, Ecuador y Perú que, entre otros, restringen la labor de periodistas y organizaciones de derechos humanos”.
Por otra parte, HRW afirma que el ataque militar de la Administración Trump contra Venezuela a principios de 2026 “podría consolidar el gobierno represivo del país, y servir a los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos”.
Sostuvo que Venezuela, Cuba y Nicaragua “reprimen sistemáticamente la crítica y el disenso, detienen a críticos y opositores y han obligado a muchos a exiliarse”.
En Venezuela, “las autoridades liberaron a algunos detenidos a principios de 2026, pero muchas personas siguen encarceladas por motivos políticos”, dice HRW. Según la organización venezolana Foro Penal, se ha excarcelado a 383 personas detenidas por motivos políticos y más de 600 continúan tras las rejas.
Estados Unidos y Venezuela, después del ataque del 3 de enero que produjo un centenar de muertes y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, sostienen una “agenda de cooperación”, según ha expresado la presidenta encargada en Caracas, Delcy Rodríguez.
Los gobiernos latinoamericanos “deben presionar para que se libere a todos los presos políticos en estos países, y promover transiciones pacíficas hacia la democracia”, sostiene la organización humanitaria.
“También deben oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, en lo que constituyen ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional de derechos humanos”, agrega el documento.
Desde el 2 de septiembre, la fuerza aeronaval que Estados Unidos desplegó en el Caribe hundió más de 30 embarcaciones señaladas como transportes de drogas, en ese mar y en el Pacífico oriental, matando entre uno y 11 ocupantes cada vez.
Continuando su descripción del panorama regional, HRW afirma que gobiernos como los de El Salvador y Ecuador han cometido graves violaciones de derechos humanos en su respuesta al crimen organizado.
En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro el pasado octubre resultó en 122 asesinatos, “en lo que forma parte de un patrón más amplio de uso abusivo de la fuerza”, según el reporte.
En México, el gobierno “ha combinado la ampliación de la recopilación de información de inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la prisión preventiva obligatoria”.
Y gobiernos como los de Honduras, Perú, El Salvador y Ecuador “han suspendido injustificadamente derechos fundamentales durante largos períodos en su lucha contra el crimen organizado”.
HRW reconoce que “los grupos del crimen organizado representan una amenaza crucial para los derechos humanos en América Latina y el Caribe, siendo el caso más extremo el de Haití, donde grupos criminales controlan 90 % de Puerto Príncipe, se han expandido a otras partes del país y han cometido miles de asesinatos”.
Y en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro, los grupos armados y el crimen organizado han ampliado su control sobre las comunidades, de acuerdo con el reporte.
También Panamá y Costa Rica han detenido arbitrariamente a ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos, y El Salvador sometió a venezolanos deportados por Estados Unidos a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas, recuerda igualmente el informe.
En el duro panorama regional también la República Dominicana, que ha intensificado la deportación de haitianos -más de 250 000 en 2025-, devolviéndolos a situaciones de alto peligro, en violación del derecho internacional humanitario.
Mientras Estados Unidos recortó la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, deplora HRW.
También Argentina “ha creado un entorno cada vez más hostil para los medios de comunicación” y en Guatemala “la fiscal general detuvo arbitrariamente a funcionarios gubernamentales, defensores de derechos humanos y críticos”.
Goebertus dijo que “las organizaciones de derechos humanos y los periodistas independientes siguen siendo un bastión clave para proteger la democracia en América Latina y el Caribe”.
“Los gobiernos deberían respaldarlos, ya que están trabajando bajo enormes riesgos para promover los derechos humanos y denunciar la corrupción y los abusos de poder”, concluyó la responsable.
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