MONTEVIDEO – La República Islámica de Irán ha sofocado otra revuelta con una ferocidad que hace parecer moderadas las represiones anteriores. El régimen teocrático ha sobrevivido, pero lo ha hecho sustituyendo la seguridad económica que no puede proporcionar y la legitimidad política que ya no tiene por violencia. Su demostración de fuerza es también un reconocimiento de debilidad.
Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre fueron desencadenadas por un acontecimiento concreto —la caída del rial a un mínimo histórico—, pero tenían su origen en años de agravios acumulados.
Solo en la segunda mitad de 2025 se produjeron al menos 471 protestas laborales en 69 ciudades iraníes. La inflación se situó en 49,4 %. La guerra de 12 días con Israel en junio provocó una caída de alrededor de 40 % en la Bolsa de Teherán y costó el empleo a muchas personas.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a imponer sanciones en septiembre. El gobierno recortó los subsidios al combustible en noviembre y redujo drásticamente los subsidios al tipo de cambio en diciembre. Más de 40 % de los hogares iraníes viven ahora por debajo del umbral de la pobreza y alrededor de la mitad de la población consume menos de las 2100 calorías diarias recomendadas.
Fue este colapso el que llevó a los comerciantes del bazar, normalmente conservadores, a salir a la calle.
En dos semanas, las protestas se extendieron a las 31 provincias de Irán, atrayendo a la clase media urbana, a las comunidades de clase trabajadora y a la población de las provincias rurales, que históricamente habían sido los partidarios más fieles del régimen.
Lo que comenzó como un paro económico se convirtió rápidamente en un desafío político.
Para los millones de personas que se unieron a los comerciantes en huelga, la caída de la moneda y el aumento del coste de los alimentos no eran fallos del mercado, sino la prueba de la corrupción y la ineptitud del régimen.
La generación Z desempeñó un papel central, exigiendo no una reforma, sino un cambio profundo. La represión letal confirmó aún más que el sistema era irreformable.
La respuesta del Estado evolucionó. Inicialmente, ofreció concesiones económicas simbólicas junto con su habitual violencia para controlar a las multitudes, como porras y gases lacrimógenos. Cuando quedó claro que se había afianzado un movimiento generalizado con reivindicaciones políticas, pasó a una estrategia de desgaste total.
El 8 de enero, las autoridades impusieron un bloqueo casi total de Internet y autorizaron a las fuerzas de seguridad a utilizar armas de grado militar contra las multitudes.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una estructura militar paralela, importante fuerza política e imperio económico con un interés directo en la supervivencia del régimen, encabezó la represión, y sus redes paramilitares afiliadas, conocidas como Basij, desempeñaron un papel central en la violencia callejera.
Las cifras de víctimas se ocultaron deliberadamente mediante el bloqueo de Internet, pero todas las pruebas apuntan en la misma dirección.
La Organización Hengaw para los Derechos Humanos informó de que al menos 3000 civiles, entre ellos 44 niños, fueron asesinados en los primeros 17 días.
Iran Human Rights, citando fuentes del Ministerio de Salud, documentó un mínimo de 3379 muertes en 15 provincias. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó de alrededor de 7000 muertes verificadas a mediados de febrero, con otros 12 000 casos en proceso de revisión.
La revista Time citó registros hospitalarios que sugieren que el número de víctimas podría haber alcanzado las 30 000. Incluso la cifra más baja de estas supera con creces las 537 muertes registradas durante las protestas conocidas como «Mujer, Vida, Libertad» de 2022-2023. La concesión del líder supremo Alí Jamenei de que habían muerto «varios miles» confirmó el orden de magnitud.
El 16 de enero las calles estaban despejadas, pero continuó una campaña represiva más silenciosa, con redadas nocturnas, desapariciones forzadas y detenciones masivas en centros de detención no oficiales al margen del sistema legal, dirigidas no solo contra los manifestantes, sino también contra los médicos que atendían a los heridos, los abogados que prestaban asistencia jurídica, los transeúntes que ayudaban y las personas que publicaban mensajes de apoyo en Internet.
Las autoridades han detenido a más de 50 000 personas. Los tribunales revolucionarios han acelerado las acusaciones masivas mediante juicios sumarios, a menudo celebrados en línea y que duran apenas unos minutos, en los que se niega a los acusados la asistencia letrada independiente y se obtienen confesiones bajo tortura.
Saleh Mohammadi, de 18 años, cuya confesión retractada se obtuvo después de que los interrogadores le rompieran los huesos de la mano, ha sido condenado a ser ahorcado públicamente en el lugar de su presunto delito. Docenas más se enfrentan a una ejecución inminente.
Por ahora, el régimen se ha mantenido: sus fuerzas de seguridad no se han fracturado, no ha habido deserciones significativas entre la élite y el IRGC ha mantenido su capacidad de represión. Pero gobierna un país con una economía destrozada, un programa nuclear maltrecho, unos aliados regionales debilitados y una población que se ha quedado sin razones para obedecer.
Cada ciclo de protestas ha requerido un umbral más alto de violencia estatal para reprimirlo, lo que indica que el régimen no tiene otras herramientas.
Lo que impide que la debilidad se convierta en colapso es la ausencia de alternativas. La respuesta internacional sugirió brevemente que la presión externa podría surtir efecto, pero no fue así. Donald Trump dijo a los manifestantes iraníes que «»a ayuda está en camino».
La Unión Europea incluyó al IRGC en la lista de organizaciones terroristas. El Reino Unido impuso nuevas sanciones. La diáspora iraní organizó al menos 168 protestas en 30 países. Pero el ruido internacional solo sirvió para que el régimen difundiera la narrativa de que el levantamiento estaba dirigido desde el extranjero.
La oposición en el exilio está fragmentada por motivos étnicos, ideológicos y generacionales, y parece más consumida por las rivalidades internas que por la tarea de convertir el descontento generalizado en una presión política sostenida.
Dentro de Irán, las voces de la oposición más creíbles —la premio Nobel Narges Mohammadi, el político reformista Mostafa Tajzadeh y el veterano líder Mir Hossein Mousavi— están encarceladas o apartadas de la vida pública.
Un régimen debilitado que se enfrenta a una oposición sin líderes puede resistir, pero lo que no puede hacer es revertir su decadencia. La violencia puede despejar las calles, pero no puede reconstruir la economía, restaurar la confianza o dar a los jóvenes iraníes una razón para quedarse.
El régimen ha ganado tiempo, a un precio cada vez más alto, pero la crisis que ha reprimido no va a desaparecer.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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