NUEVA YORK – Las autoridades de Venezuela deberían derogar cinco leyes abusivas y reformar instituciones judiciales y electorales clave, planteó en una declaración este miércoles 18 la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Al reclamar “reformas reales” de esas leyes e instituciones, Juanita Goebertus, directora para América en HRW, dijo que “cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”.
HRW recordó al respecto la colaboración entre el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y el venezolano de Delcy Rodríguez, definida por Washington como “un plan con fases de estabilización, recuperación y transición”, y que se ha enfocado en reformas en el sector petrolero.
Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron Venezuela el 3 de enero y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, en una operación que dejó un centenar de fallecidos. Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió entonces como presidenta encargada.
Desde comienzos de enero se han producido, con cuentagotas, excarcelaciones de presos políticos, 444 personas hasta el 15 de febrero, mientras que aún permanecen tras las rejas otras 644 -ente ellas 185 militares, 80 mujeres y un adolescente-, según la organización venezolana Foro Penal, que monitorea y acompaña la situación de las personas apresadas por razones políticas.
Foro Penal ha expuesto que desde 2014 unas 19 000 personas fueron detenidas por motivos políticos en Venezuela. Un número indeterminado padeció desaparición forzada, torturas o tratos crueles, y la mayoría fueron víctimas de fallas procesales.
El aparato represivo venezolano se ha sustentado en políticas y prácticas del gobierno, la Fiscalía, los tribunales y otras instituciones del poder público, así como en leyes abusivas de los derechos de la ciudadanía y cuya derogatoria plantea HRW.
La primera, en orden de antigüedad, es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004, modificada en 2010, “que se ha utilizado para restringir la libertad de expresión y de prensa, y para censurar y cerrar medios de comunicación”.
Luego está la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo de 2012, “que se ha utilizado para enjuiciar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros” por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con penas que van de 25 a 30 años de prisión.
La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 2017, impone penas de 10 a 20 años a cualquiera que “promueva, fomente o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia” y que se ha utilizado para detener a críticos bajo delitos ampliamente definidos, según la oenegé.
Y dos leyes más de ese tenor se agregaron en 2024, año en el que se efectuó la elección presidencial cuyo triunfo se atribuyó oficialmente a Maduro -para un tercer mandato de seis años- a pesar de las pruebas exhibidas por la oposición y según las cuales el ganador fue su contendor opositor Edmundo González.
Las protestas por esa proclamación generaron una ola de protestas que dejaron un saldo de al menos 25 muertos y unas 2200 personas detenidas en pocos días.
En ese contexto se sumaron la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, y la Orgánica (de rango superior) Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
La primera otorgó al gobierno amplios poderes para regular el funcionamiento y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y establece motivos vagos y ambiguos para disolverlas, según HRW.
La segunda “penaliza cualquier crítica a las autoridades o la defensa de sanciones (impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea) contra Venezuela o contra sus funcionarios”. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Actualmente, en cambio, se discute un proyecto de ley de amnistía, sobre el que han hecho numerosas observaciones las organizaciones de derechos humanos.
Goebertus dijo que “la amnistía propuesta no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente”.
“Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela”, agregó.
HRW plantea que las autoridades venezolanas “deben adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas”, lo que incluye revisar la composición del poder electoral.
Asimismo, deberían “adoptar medidas para restablecer la integridad e independencia del poder judicial”, el cual “dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Hugo Chávez aprobó una reforma judicial y cooptó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados”, sostuvo HRW.
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