BOGOTÁ – El reclutamiento de menores por los grupos armados ilegales en Colombia se cuadruplicó en cinco años, y la violencia pone en peligro la vida de decenas de miles de niños y niñas, advirtió este jueves 12 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los niños y niñas de Colombia “no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras”, afirmó la representante de Unicef en esta capital, Tanya Chapuisat.
Según cifras de las Naciones Unidas, publicadas en el Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados, que abarca el año 2024, un promedio de un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia.
Ese informe precisa que 78 niños (58 varones y 20 niñas) murieron o resultaron mutilados a manos de grupos no identificados y también de disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP, Estado Mayor Central, Comandos de la Frontera y Segunda Marquetalia).
Asimismo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Clan del Golfo e incluso de las Fuerzas Militares de Colombia. Las bajas se debieron principalmente a municiones explosivas.
Mientras que en 2020 la ONU verificó 116 casos de reclutamiento, para 2024 registró 453.
Pero un informe del centro de prevención de conflictos International Crisis Group, también divulgado este jueves, considera probable que la cifra -ya de por sí alarmante- sea mucho más alta, ya que las familias rara vez denuncian las desapariciones de sus hijos por temor a represalias de los grupos armados.
“Es difícil conocer la verdadera magnitud de esta práctica, que es considerada un crimen de guerra y susceptible de ser investigada por la Corte Penal Internacional”, señala el informe de Crisis Group.
Recuerda que la policía colombiana estima que más de la mitad de los nuevos reclutas de los grupos armados ilegales son menores, y datos del Ministerio de Defensa indican que las filas de esos grupos aumentaron en aproximadamente 3300 personas entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
“Es probable que haya más de 1000 niños combatientes en el país”, dice el reporte.
Explica que para los grupos armados ilegales “los menores se han convertido en combatientes baratos y prescindibles, que pueden desempeñar las funciones más peligrosas, ya sea en la primera línea de combate o en la producción y distribución de artefactos explosivos”.
“Son soldados rasos en las campañas de expansión, y carne de cañón en las luchas con sus rivales. Los jóvenes son inicialmente incorporados a las redes criminales haciendo recados o montando guardia; también son explotados sexualmente por los miembros de los grupos”, agrega el informe.
Meses antes de ser asesinado en marzo de 2025 por rescatar niños reclutados, el líder indígena del Cauca (suroeste) dijo a Crisis Group que “cada niño tiene un valor, según sus características”. Los precios varían entre unos 135 y unos 540 dólares, dependiendo de lo que los grupos consideren “valioso”.
En algunos casos, los niños y niñas son trasladados a nuevos territorios para que sean más difíciles de encontrar y para fortalecer las filas del grupo en zonas donde intentan expandirse.
Ese fenómeno quedó expuesto con la muerte de 15 niños en bombardeos que ordenó el presidente Gustavo Petro contra el Estado Mayor Central entre agosto y octubre de 2025 en el Departamento de Guaviare (sureste).
“Los menores que murieron estaban radicados en los departamentos de Guaviare y Amazonas, pero habían nacido en otros, como Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Arauca”, recuerda el documento de Crisis Group.
El análisis apunta a que el reclutamiento y empleo de menores de edad por parte de los grupos armados disminuyó una vez que las FARC firmaron con el gobierno un acuerdo de paz en 2016 y más de 80 % de sus combatientes se desmovilizaron.
Pero los grupos disidentes, el ELN y el delincuencial Clan del Golfo ocuparon espacios y revivieron prácticas condenadas internacionalmente, como el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Unicef atribuyó ese auge a factores como “la escalada de la violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y la disponibilidad limitada de servicios sociales e infraestructuras críticas en algunas regiones, especialmente en las zonas rurales”.
“El reclutamiento y el uso de niños y niñas constituye una grave violación de sus derechos, y está prohibido por el derecho internacional, tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos”, recordó Chapuisat.
Desde 2012, cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, como fecha que invita a reflexionar y a exigir el fin del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.
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