CHIANG MAY, Tailandia / YANGÓN, Myanmar- Cinco años de conflicto desde que los militares tomaron el poder han reducido a Myanmar a un Estado fallido y se han cobrado un enorme número de vidas perdidas y destruidas. Pero, dado que todas las partes buscan la victoria total, no se vislumbra un final.
Los niveles de brutalidad medieval, potenciados por la tecnología moderna, han permitido a la junta militar, con la ayuda de China, inclinar la balanza de la guerra a su favor, a menudo mediante ataques aéreos y ataques con drones contra objetivos civiles. Las aldeas incendiadas están desiertas.
Kyaw Thurein Win, en el aniversario del golpe militar del 1 de febrero de 2021 contra el gobierno civil elegido, vio cómo ardía su aldea de Shut Pon, en la región meridional de Tanintharyi, a través de imágenes satelitales.
«Hoy mi aldea es testigo de la crueldad de los militares. Ellos provocaron los incendios y ordenaron que no se detuvieran. Esto es más que inhumano y más que cruel. Ver cómo ocurre esto desde lejos es insoportable», escribió en Facebook.
Si bien la fuerza de la rebeldía y la determinación contra el régimen es innegable entre muchos dentro de Myanmar, que sigue siendo conocida como Birmania, también existe una creciente conciencia, especialmente entre los excombatientes, de que la resistencia no ganará esta guerra tan pronto, si es que la gana.
«Es un punto muerto. Nadie puede ganar», dijo un desertor militar, afirmando que los gritos de victoria total tanto del régimen como de la resistencia suenan huecos.
Una joven que dirige un refugio para antiguos niños soldado de tan solo 13 años dice que se unió a las Fuerzas de Defensa Popular de la resistencia que surgió contra el régimen militar en 2021.
Pero pronto se dio cuenta de que, al menos para ella, la guerra no era la solución y empezó a acoger a niños que, empujados por la pobreza y el desplazamiento, se habían visto obligados a convertirse en combatientes contra el régimen.
Critica la mentalidad de «lo que sea necesario» y el precio que ello conlleva.
«Se ignora o se explota el sufrimiento de la población civil», afirma, mientras asiste a un acto conmemorativo del aniversario del golpe de Estado —una mezcla de política, cultura y puestos de comida—, organizado por activistas civiles birmanos contra el régimen en Chiang Mai, una ciudad del norte de Tailandia fronteriza con Myanmar.
Comparte una foto de como «comando» con uniforme y armado hasta los dientes. En ese momento tenía 12 años.
Sayarma Suzanna, que recauda fondos para su escuela en el estado de Kayin, el Instituto Cristiano Dr. Thanbyah para niños desplazados y locales, dijo que ella y sus 97 alumnos pasaron todo el mes de noviembre pasado escondidos en el bosque cercano debido a los ataques aéreos.
«Hay que entender que cuando los alumnos no te escuchan durante las clases, es por el trauma que han sufrido», dijo, y contó cómo un alumno perdió a siete miembros de su familia en los ataques aéreos sobre su pueblo.
En un puesto cercano, el gerente de I-Walk exhibía una gama de prótesis de calidad de distintos miembros fabricadas por su empresa a un precio lo más asequible posible. Tiene una lista de espera de más de 3000 personas.
Myanmar es el país con más minas terrestres del mundo y con la tasa más alta de víctimas.
También es el mayor productor de opio ilícito y una importante fuente de drogas sintéticas. Las redes de centros de estafa en línea dirigidas por bandas criminales y milicias cercanas al régimen han traficado con decenas de miles de personas de múltiples países, estafando miles de millones de dólares.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que 5,2 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto dentro del país y a través de las fronteras. Los recortes de los países ricos en los presupuestos de ayuda han tenido un impacto devastador para todas ellas. Algunas clínicas se han visto reducidas a dispensar solo paracetamol.
El aniversario del golpe de Estado de este año coincidió con la conclusión de las elecciones parlamentarias y regionales, cuidadosamente orquestadas por el régimen en las zonas dispersas y, en ocasiones, totalmente aisladas del territorio que controla, que incluyen todas las principales ciudades.
Las elecciones en tres fases, concluidas el 25 de enero y respaldadas por China y Rusia, pero criticadas por la ONU y la mayoría de las democracias, excepto Estados Unidos, excluyeron a la Liga Nacional para la Democracia (LND), que obtuvo victorias electorales aplastantes en 2015 y 2020.
La líder de la LND, Aung San Suu Kyi, permanece encarcelada desde el golpe. Se especula que el general Min Aung Hlaing podría trasladarla a un arresto domiciliario en mejores condiciones después de que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), liderado por antiguos oficiales de alto rango, forme un gobierno nominalmente civil en abril.
El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), alineado con los militares, se encamina hacia una victoria aplastante, según los resultados de las dos primeras fases publicados la última semana de enero.
La ONU afirmó que tenía informes fiables de que al menos 170 civiles resultaron muertos en ataques del régimen durante el mes que duró el periodo electoral. Otras estimaciones sitúan la cifra en un número considerablemente mayor.
Según los informes, un ataque aéreo en el estado de Kachin, en el norte de Myanmar, mató a 50 civiles el 22 de enero. Los prolongados intentos del rebelde Ejército de Independencia de Kachin y las fuerzas de resistencia por capturar la cercana y fuertemente defendida ciudad de Bhamo al ejército han tenido un alto coste.
Algunos analistas se preguntan: «¿Para qué?»
La segunda ciudad más grande del estado de Kachin está estratégicamente situada en una ruta comercial hacia China, pero la mayoría de sus aproximadamente 55 000 habitantes huyeron hace tiempo. Sin duda, el ejército respondería con fuertes ataques aéreos a cualquier ocupación por parte de la resistencia.
Los datos recopilados por Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled), una organización sin ánimo de lucro que analiza datos sobre violencia política, indican que desde el golpe de Estado se han producido más de 90 000 muertes relacionadas con el conflicto.
El ejército, que depende del reclutamiento forzoso, ha sufrido la mayor parte de las bajas, pero se estima que las muertes de civiles superan las 16 000.
«El ejército ha llevado a cabo ataques aéreos, atacando indiscriminada o deliberadamente a civiles en sus hogares, hospitales y escuelas», afirmó Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM, en inglés).
Añadió que hay pruebas de que los civiles han sufrido atrocidades que constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra desde la toma del poder por parte del ejército.
El IIMM también está investigando un número creciente de denuncias de atrocidades cometidas por grupos armados de la oposición, sobre los que el paralelo Gobierno de Unidad Nacional paralelo, creado por los legisladores destituidos tras el golpe, tiene poco o ningún control.
Antiguos combatientes afirman que las rebeldes Fuerzas de Defensa Popular también están extorsionando a la población local y reteniendo a personas para pedir rescate.
«Myanmar sigue sumido en una crisis existencial, tanto en lo que se refiere a la seguridad humana como a la disminución de la soberanía del Estado, a medida que los centros de poder rivales se consolidan sobre el terreno», afirma el Instituto de Estrategia y Política de Myanmar, un grupo de expertos, en su reciente informe anual.
Y agrega: «Mientras tanto, el régimen está tratando de romper el actual estancamiento acelerando las contraofensivas en tres frentes: militar, diplomático y político».
Las elecciones organizadas por los militares en 2010 dieron lugar a un proceso de reformas políticas y económicas, pero esta vez el régimen pretendía imponer sus propias condiciones, según el grupo de expertos.
Advirtió del riesgo de que los grupos armados étnicos que controlan amplias zonas de los territorios fronterizos con Bangladesh, India, China y Tailandia acabaran, no por primera vez, negociando alto el fuego bilateral y «acuerdos de reparto de rentas» con el régimen. Esto «consolidaría el poder de las élites armadas y reforzaría el control central, en lugar de promover la democracia, los derechos humanos o el Estado de derecho».
El domingo 1, una mesa redonda con políticos y activistas contrarios al régimen, organizada por la Universidad de Chiang Mai, reforzó la sensación de una oposición fragmentada por motivos étnicos y geográficos, aunque los ponentes defendieron los principios que sustentan su objetivo común de una unión federal democrática.
Hubo la retórica habitual de «derrocar a esta junta» y «lo que sea necesario», pero apenas se mencionó al Gobierno de Unidad Nacional, que lucha por unir estas diversas fuerzas bajo el paraguas de un «Consejo Supremo Federal».
En la mesa redonda, Debbie Stothard, activista malasia por la democracia y los derechos de las mujeres que lleva mucho tiempo involucrada en Myanmar, dijo que la resistencia necesitaba dos años más para alcanzar la victoria, ya que los generales habían «comprado» un año más con sus elecciones ficticias.
«Aguantad. Tenemos que seguir adelante durante al menos dos años más», afirmó.
Pero en las grandes ciudades, donde el régimen está empezando a intentar fomentar una sensación de normalidad en un contexto económico desolador, el estado de ánimo en las calles parece más de resignación que de rebeldía.
«Cuando empezamos a protestar contra el régimen en las calles en 2021, le dije a mi marido que derrotaríamos al ejército en tres meses», reconoció una anciana activista chin a IPS en Yangón, la antigua capital. «Él respondió que tardaríamos cinco años. Ahora me temo que tardaremos otros cinco años más», afirmó.
