TECOLUCA, El Salvador – Una comunidad de campesinos salvadoreños está en pie de lucha contra la construcción de un relleno sanitario que, además del impacto ambiental, se llevaría las osamentas de personas masacradas ahí durante la guerra civil de El Salvador y, con ello, desaparecerían las evidencias de futuros casos de crímenes de guerra.
“Creemos que algunas osamentas ya las encontraron y ya las movieron, aquí había varias casitas de familias, pero ahora, mire, todo lo están derribando, están destruyendo la memoria histórica”, dijo a IPS Félix Laínez, viendo desde el borde del terreno el sitio donde se pretende construir el llamado Centro de Tratamiento Integral de Residuos Nonualco.
El proyecto se localiza en San Francisco Angulo, un cantón (asentamiento rural) del distrito de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, en el centro de El Salvador.
“Yo lo que deseo es que se preserve nuestra memoria, que no se destruyan los vestigios de aquellas masacres, y también quisiera dejar un lugar bonito donde vivir, donde mis futuros hijos sean felices, sin contaminación”: Adonay Ponce.
El nuevo centro lo adelanta una sociedad mixta, en la que participarían una compañía mexicana con operaciones en distintos países latinoamericanos, Cyeemsal, y una asociación de municipios aledaños, siguiendo el modelo de la mayor empresa mixta en El Salvador, Mides, también dedicada a la gestión de desechos.
El terreno, de unas dos hectáreas, estaba desierto debido a que ya comenzaron los trabajos de nivelación en terrazas, como lo atestiguaban las dos retroexcavadoras estacionadas a unos cinco metros, así como los trozos de árboles talados.
Señalando el lugar ahora vacío, Laínez recordó: “Hubo un señor que fue ahorcado ahí por el ejército, en una rama de un palo de mango, supimos que ahí lo enterraron, al igual que a muchas personas que llevaban aquí a matarlas”.
Todos en contra
El temor es que la construcción del relleno destruya las osamentas de víctimas de crímenes de guerra que pudieran encontrarse en el terreno.
“Una masacre es un caso de lesa humanidad, y las osamentas, si se pudieran encontrar e identificar, pudieran formar parte de una investigación posterior”, sostuvo Laínez.
Los trabajos de las retroexcavadoras se encontraban parados cuando IPS visitó la zona, el 28 de enero, debido a la férrea oposición de la comunidad, que ha entablado negociaciones las alcaldías involucradas en la iniciativa, destinada a gestionar cientos de toneladas de desechos diariamente.
Desde que las familias conocieron los primeros indicios de la construcción del proyecto, en octubre de 2025, se mantienen en constante vigilancia y han montado un puesto de control en la entrada del asentamiento, para que no entre más maquinaria pesada al sitio, de modo que el relleno no se edifique.
“La comunidad se puso las pilas y logramos parar, de momento, los trabajos y negociamos que ya no entrara más maquinaria”, afirmó Laínez.
Pero ha sido un triunfo parcial, porque el proyecto sigue en pie y podría reiniciarse en cualquier momento.
En la calle principal del caserío, clavados en los árboles que la bordean, se podían leer rótulos escritos a mano con mensajes en contra de la obra. “No queremos basura”, decía uno, y en otro había colgado un ramo de flores de plástico en memoria de las personas asesinadas en la zona.
Los representantes de la comunidad aseguraron que no han obtenido ningún documento escrito con detalles de la obra, y que solo en una ocasión fueron convocados a la alcaldía de Tecoluca, semanas atrás, para brindarles información básica.
Un afiche del proyecto con el que se invitaba a esa reunión señalaba: “Relleno sanitario y basureo no son lo mismo, conoce la verdad, ven y conoce los beneficios que traerá”, y entre esos se mencionó: “empleos para las familias de la zona, apoyos sociales, jornadas de salud y oportunidades para negocios locales”.
El afiche también advertía: “este espacio es exclusivamente para los habitantes de San Francisco Angulo que quieran informarse y dialogar. No es un espacio para oportunistas, personas ajenas a la comunidad ni para desestabilizadores”.
La comunidad, apoyada por organizaciones ambientales, interpusieron una demanda en diciembre de 2025 y el recurso que está en manos de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, de la ciudad de Santa Tecla, al oeste de San Salvador, la capital del país.
Se estima que la obra afectará a unas 400 familias residentes en San Francisco Angulo y en varias comunidades circundantes.
Un cementerio de la guerra
San Francisco Angulo es sinónimo de represión y masacres, en la historia de El Salvador. Este país centroamericano vivió una guerra civil entre 1980 y 1992, y se calcula que el conflicto dejó 75 000 muertos y más de 8000 desaparecidos.
El 25 de julio de 1981, alrededor de 45 personas fueron masacradas por el ejército en San Francisco Angulo y, tres meses después, otras 50 fueron acribilladas el 30 de octubre, en Lomas de Angulo, un asentamiento aledaño.
Tras el fin de la guerra, los restos de buena parte de esas víctimas fueron encontrados, exhumados, identificados y enterrados en dos grandes tumbas colectivas, cerca de la escuela de San Francisco Angulo. Varios murales hacen alusión a esos dolorosos acontecimientos.
La peor masacre en la zona ocurrió el 19 de junio de 1982 en Llano de la Raya, el otro caserío cercano donde se estima que murieron entre 600 y 800 personas, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
Al final, se calcula que entre 800 y 1000 personas fueron asesinadas a sangre fría en e Tecoluca, entre 1981 y 1982, durante los operativos del ejército dirigidos contra las familias campesinas que, ante una estructura de producción agrícola casi feudal, se habían levantado en armas contra los finqueros y fueron parte de las primeras guerrillas rurales que brotaban en el país.
En la plaza central de Tecoluca se yergue también un monumento con los nombres del centenar de niños asesinados en esos operativos.
Los restos de la mayoría de esas víctimas no han sido encontrados, entre ellos Enrique Alberto Ayala y Juan Laínez, padre y hermano de Laínez, respectivamente.
“A ellos aún no los encontramos, están entre los casos de víctimas que no se sabe dónde están los restos, y yo he tratado de buscarlos, pero no lo he logrado. Yo sé que están en la zona, pero no sabemos dónde exactamente”, sostuvo Laínez, un exguerrillero que trabaja en actividades agrícolas en una finca del lugar.
Agregó que, al igual que el caso de su hermano y padre, son muchas las familias en San Francisco Angulo que perdieron a parientes en las citadas masacres, y que siguen sin poder encontrar los restos. El proyecto de relleno sanitario en estas tierras es un irrespeto a la memoria de todas esas víctimas.
“Toda esta zona es un sitio sagrado para nosotros, ahí están nuestros muertos”, declaró a IPS Adonay Ponce, de 21 años, nacido en San Francisco Angulo. Él ha crecido escuchando de sus padres y familiares las historias de guerra sucedidas en la comunidad y ahora que ya es adulto ha decidido proteger la memoria histórica.
“Sabemos la importancia de la memoria, las historias que nos han contado nuestros abuelos, nuestros antepasados, por eso luchamos para proteger este lugar”, subrayó Ponce, que trabaja como electricista, pero que ahora que el trabajo ha bajado ha aprovechado para unirse a la lucha de la comunidad.
Una lucha verde
Ponce consideró inviable el proyecto de un relleno sanitario en una zona de recarga acuífera. Junto con Laínez, mostró a IPS una de las nacientes de agua de la comunidad, localizada en una zona boscosa, a unos 150 metros del lugar donde se proyecta la construcción del basurero.
El agua que fluye de ese nacimiento se junta, tierras abajo, con otros dos riachuelos para formar el río Salamar, aprovechado por las familias de la comunidad para abastecerse de agua y como lugar de recreación, contó Ponce.
“Me preocupa el tema del agua”, acotó, “y también la preservación de la fauna silvestre”.
Aseguró que en la zona aún se observan, merodeando en medio del bosque, venados, garrobos, armadillos, coyotes y puercoespines, entre otras especies.
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El 29 de enero, una comitiva de la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos visitó el lugar para conocer de cerca la situación de las familias y el conflicto en el que se encuentran. Inspeccionaron la zona de los nacimientos de agua y hablaron con los residentes.
En 2018, esa misma institución giró medidas cautelares para que no se ampliara un relleno sanitario construido ahí con anterioridad y que había colapsado ya, proyecto al que también las familias campesinas se opusieron y lograron frenarlo. La nueva construcción es un segundo intento para llevar y procesar desechos en la zona.
Sin embargo, aún está por verse si en esta ocasión la procuraduría resolverá de la misma forma, dado que la institución responde a los intereses del gobierno de Nayib Bukele, el principal impulsor del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel construida en enero de 2023, en las cercanías de Tecoluca, para encerrar a miembros de las pandillas.
Pero organizaciones de derechos humanos han denunciado la captura y encierro de personas inocentes, sin ningún vínculo con esas organizaciones criminales.
“Yo lo que deseo es que se preserve nuestra memoria, que no se destruyan los vestigios de aquellas masacres, y también quisiera dejar un lugar bonito donde vivir, donde mis futuros hijos sean felices, sin contaminación”, remarcó Ponce.
ED: EG
