LONDRES – El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza, mientras los crímenes cometidos por el gobierno venezolano contra su pueblo siguen sin justicia ni garantías de no repetición, aseguró este miércoles 4 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
“Seamos claros: AI condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de la organización.
Estados Unidos realizó un cruento ataque sobre el norte de Venezuela el 3 de enero, que causó cerca de un centenar de muertes entre militares venezolanos y cubanos, y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, recluyéndolos en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por varios presuntos delitos.
Callamard dijo que la operación militar estadounidense “constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional”.
“El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no solo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, agregó.
AI recordó que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que el control de los recursos y el poder geopolítico en la región han sido en gran medida los motivos del ataque del 3 de enero.
“Desde entonces, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos”, observó Callamard.
Pero “la denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano”, sostuvo la responsable.
Maduro ha sido objeto de una investigación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su gobierno (2013-2026), y denuncias en ese sentido sobre autoridades de Venezuela se acumulan en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en Venezuela se acrecentó tras las protestas que siguieron a la elección presidencial de julio de 2024, en las que el resultado oficial favoreció la reelección de Maduro mientras que las actas en poder de la oposición mostraron un triunfo en proporción 2-1 del opositor Edmundo González, exiliado en España.
Las protestas postelectorales dejaron al menos 25 muertos y se detuvo a más de 2200 personas. Cuando se produjo el bombardeo estadounidense había en el país unas 1000 personas detenidas por motivos políticos, algunas en condición de desaparición forzada durante meses.
Después del ataque estadounidense se inició un proceso de excarcelación de esos detenidos, con libertad restringida. La organización de derechos humanos Foro Penal, que monitorea y acompaña a los presos políticos, ha contabilizado a la fecha 350 excarcelaciones, y permanecen tras las rejas 687 personas en esa condición.
AI recordó que en 2019 estableció la existencia de un ataque generalizado y sistemático por parte de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro contra la población civil, y concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014.
Expuso que durante años AI documentó “la política sistemática de represión, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, dirigidos especialmente contra personas defensoras de derechos, opositores políticos, manifestantes, periodistas y críticos del gobierno”.
Callamard sostuvo que “la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez”.
“Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición”, agregó.
Por otra parte, según AI, persisten las amenazas al espacio de la sociedad civil -varias leyes restringen su actividad-, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización.
En paralelo ocurren cambios en la legislación petrolera para conceder facilidades a las trasnacionales de Estados Unidos sobre ese recurso, el principal del país. La población permanece expectante sobre posibles mejoras en la economía y sus condiciones de vida, muy deterioradas en la última década.
En su declaración, AI insistió en que Estados Unidos con su violenta incursión del 3 de enero “está sentando un grave precedente” más allá de Venezuela.
Recordó que desde que tomó esa medida, el presidente Trump ha afirmado que no se considera obligado por el derecho internacional y que el hemisferio occidental es una región que Estados Unidos tiene derecho a controlar, incluso mediante la fuerza armada, según considere oportuno.
Callamard dijo que “no es la primera vez que Estados Unidos recurre al uso unilateral de la fuerza, pero sí puede ser la primera vez que intenta justificar sus acciones de una manera que contraviene flagrantemente los principios del derecho internacional”.
Al respecto advirtió finalmente que “el silencio de hoy será el permiso de mañana”, por lo que “los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora”.
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