LA HABANA – La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en diciembre, durante la última sesión del unicameral parlamento, plantea interrogantes sobre el futuro del desarrollo científico en Cuba, acorde a las necesidades de financiamiento y en medio de la recrudecida crisis económica que agobia al país.
“La Ley pretende, sobre todo, fomentar la innovación. Hay mucho conocimiento utilizable que no se utiliza. La innovación tiene que ver con el empleo práctico, el uso social del conocimiento”, dijo a IPS Jorge Nuñez, presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana.
Según Nuñez, la ley rompe con el tradicional modelo “ofertista” o modelo lineal de innovación que ha existido en Cuba, uno en el que, por ejemplo, “la universidad oferta resultados y la empresa los incorpora”.
“Se trata más bien de generar interacciones entre ellos”, agregó el también miembro del grupo que redactó la nueva ley.
Para elaborar el texto jurídico, se aprobó un grupo con más de 20 expertos, casi todos doctores en ciencias de las más diversas áreas del conocimiento; se realizó un estudio comparado con países de diversas regiones y discusiones previas a su presentación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el nombre oficial del parlamento.
En el proceso de elaboración y aprobación de la ley se identificaron 20 problemas en el escenario actual cubano. Entre ellos, el escaso financiamiento en divisas, el insuficiente uso de conocimiento científico en la toma de decisiones y el poco desarrollo en las dimensiones sectorial y territorial de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación.
El texto final tuvo 25 modificaciones tras un debate con diputados de todo el país, de modo que la nueva ley cuenta con ocho capítulos, y se publicará, posiblemente en febrero, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, junto a tres normas complementarias, y será entonces cuando se sepa cuando la norma entrará en vigencia.
Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), dijo durante la sesión parlamentaria de diciembre que la norma busca que los resultados de la investigación trasciendan el ámbito académico y se materialicen en la economía.
“Es una ley esencialmente incentiva, abre caminos, quita trabas, es inclusiva”, afirmó.
Para Rolando Pérez, investigador del Centro de Inmunología Molecular y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba, es una ley que introduce elementos novedosos como la diversificación de fuentes de financiamiento en moneda nacional y en divisas, el crecimiento del aporte del sector empresarial, la contribución de la inversión extranjera y la cooperación internacional.
También suma la creación de fondos para la incubación de empresas, entre otros.
La norma ofrece, en efecto, flexibilidad a los centros de investigación, universidades y otras instituciones para acceder a fondos, préstamos bancarios, inversión extranjera, así a la hora de ofrecer servicios a empresas y hasta poseer cuentas en divisas, un derecho que no era permitido para todos los actores del ecosistema científico-tecnológico cubano.
Desde el triunfo de la revolución en 1959, Cuba ha incentivado el desarrollo científico como una vía indispensable para escapar del subdesarrollo, pero cuando el expresidente Raúl Castro (2006-2018) sucedió a Fidel Castro, los presupuestos asignados a este sector empezaron a disminuir en forma persistente.
Esto repercutió en una desaceleración del desarrollo científico, que se evidenció en indicadores como una menor generación de patentes durante dicha etapa.
Posteriormente, el actual presidente Miguel Díaz-Canel, a través de sus discursos y políticas, volvió a ubicar la ciencia y la tecnología entre las máximas prioridades de su gobierno, pese a la agudización de la crisis económica cubana desde 2020.
Esta nación insular caribeña ha logrado colocarse dentro de las punteras científicas entre los países en desarrollo, con gran notoriedad en el campo farmaceútico, donde ha logrado innovar en equipos y productos médicos, como vacunas propias para la covid-19.
Debate sobre un futuro de ciencias
“Las discusiones previas del anteproyecto de ley con la comunidad científica cubana fueron enriquecedoras. El valor fundamental de estos intercambios fue la construcción de consenso sobre el alcance de la ley, cuya implementación requiere de la participación consciente de todos los componentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación”, dijo Pérez en su diálogo con IPS.
Los intercambios también aportaron sobre la necesidad de apoyar las ciencias sociales y el fomento de sistemas de innovación a nivel territorial, agregó el también miembro del grupo de redacción de la ley.
De acuerdo a Rosmery Pineda, periodista de la revista Juventud Técnica, especializada en temas de este sector, aquel proceso previo de “construcción colectiva” evidenció muchas preocupaciones de la comunidad científica sobre el camino que tomaría la ciencia cubana a partir de la norma que entonces aún estaba sujeta a modificaciones.
Varias polémicas giraron en torno a la poca relevancia que tenían las ciencias sociales en el anteproyecto de ley, o a la preponderancia del sector empresarial –incluso, el privado– por encima de los estatales centros de investigación o universidades, generalmente dependendientes del presupuesto nacional.
“Hay un gran potencial científico que no está en el sector privado y se ha sentido abandonado”, explicó Pineda.
Otros temas recurrentes fueron el derecho de autor, la sostenibilidad de los proyectos, los incentivos salariales, el problema de la migración del potencial científico –tanto hacia otros sectores como hacia el extranjero–, junto con la búsqueda de vías para su retorno, y otros.
“No es una ley para complacer, sino para transformar mejor las cosas y, por supuesto, para lograr todo aquello que aún no se haya implementado por la falta de comprensión, desconocimiento, descuido, burocratismo o por la falta de interrelación entre diferentes sectores y organismos”, dijo el titular del Citma en un debate del proyecto de ley en la Universidad de La Habana, en octubre de 2025.
Sin embargo, uno de los asistentes, el catedrático Yudivián Almeida, vicepresidente del Consejo Científico de la Universidad de La Habana, expresó allí su inconformidad con el documento presentado pues sentía que carecía del “espíritu de fomento” y promoción de una ley y se sostenía sobre enfoques burocráticos.
Asimismo, señaló que la palabra “empresa” aparece demasiado en la norma.
“Yo creo que el uso de palabras significa conceptos, significa intencionalidad, de hecho, creo que la ley debe modificar el modo en que la ciencia se relaciona con las empresas pero no debe ser competencia, sino más bien incentivar esa relación”, dijo.
Interacción académica-empresarial
“El reto principal para que ocurra una mayor interacción entre el sector académico y el sector empresarial, es la capacidad de crear pequeñas y medianas empresas de base tecnológica con capacidad exportadora”, opinó Pérez.
Cuba es un país con economía mayormente centralizada y sus centros de investigación, universidades y la mayoría de las empresas de tecnología son estatales. Solo cuando en 2021 se permitió, empezaron a crecer empresas privadas de servicios informáticos y desarrollo de software.
La nueva norma, como otras recientes, busca una mayor interacción pública-privada en su sector, así como mayores vías de ingresos y autonomía para los centros científicos y tecnológicos estatales.
Pérez, biólogo de formación, dijo que las empresas tecnológicas cubanas, por la pequeñez de su mercado doméstico, tienen que insertarse en el mercado internacional, mientras contribuyen a la sostenibilidad financiera del crecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba.
Por otra parte, los parques científicos –un ecosistema de innovación para el desarrollo de proyectos y la incubación de nuevas empresas tecnológicas– y otras estructuras dinamizadoras de la innovación, “contribuyen a la alianza academia-empresa y al crecimiento del tejido empresarial de alta tecnología”, agregó.
“Son una forma de que el Estado tiene de fomentar el crecimiento de empresas de su interés”, dijo a IPS, Marcos Milanés, director ejecutivo de Cuban Engineer, pequeña empresa privada de desarrollo de software.
Según Milanés, los parques científicos tienen su atractivo para algunas empresas tecnológicas privadas, pues estas reciben beneficios fiscales al asociarse a estos, además de servicios “accesorios” como contabilidad, marketing, recursos humanos, internet y otros.
También le pueden interesar:
Cuba promueve crear sistemas de inteligencia artificial propios
La brecha digital de Cuba perjudica más a grupos vulnerables
Uno de los grandes desafíos de la ley es lograr, en medio de las carencias económicas que afronta esta nación insular caribeña, una innovación que no esté sesgada solamente por el filtro de la rentabilidad.
Al respecto, Pérez dijo que los ingresos en divisas por las exportaciones de las empresas tecnológicas son necesarios “para introducir en el mercado nacional los productos y tecnologías innovadoras que satisfagan las necesidades de la población, y tengan el impacto social esperado”.
El artículo 104 de la ley estipula que las innovaciones “incrementales” se financian preferentemente con las utilidades de las empresas, fondos retornables de entidades financieras, préstamos bancarios e inversión extranjera, mientras que las “disruptivas” se apoyan preferentemente con asignaciones del presupuesto del Estado de carácter no retornable y la cooperación internacional.
Otro desafío de esta ley es lograr una interacción orgánica entre los diferentes actores del campo científico y tecnológico.
“Los parques (científicos), fundaciones y otros, son los mecanismos de interfaz que promueven esas interacciones. La palabra ‘interacción’ es la clave”, recalcó Nuñez.
ED: EG
