MONTEVIDEO – Cuando los ugandeses acudieron a las urnas el 15 de enero, el resultado nunca estuvo en duda. Al comenzar la votación, los servicios de internet se paralizaron, lo que garantizó un escrutinio mínimo y permitió al presidente Yoweri Museveni asegurar su séptimo mandato consecutivo.
Lejos de ofrecer una opción democrática, la votación reforzó una de las presidencias más longevas de África, proporcionando una apariencia de legitimidad democrática mientras se sofocaba la competencia.
Cuatro décadas en el poder
Las cuatro décadas de Museveni en el poder comenzaron con la llamada Guerra de Bush, un conflicto guerrillero que lo llevó al poder en 1986. El régimen de partido único duró casi dos décadas, considerado necesario para la reconstrucción nacional.
La Constitución de 1995 otorgó autonomía a los poderes Legislativo y Judicial e introdujo un límite de dos mandatos presidenciales y una edad máxima de 75 años, pero mantuvo la prohibición de los partidos políticos.
Ante las crecientes críticas al régimen de partido único, Museveni restableció la política multipartidista en 2005.
Sin embargo, al mismo tiempo orquestó una enmienda constitucional para eliminar los límites al número de mandatos. En 2017 abolió la restricción de edad, lo que le permitió presentarse a un sexto mandato en 2021.
Las últimas elecciones se han caracterizado por la violencia estatal. La campaña de Museveni en 2021 contra su rival de la oposición, Bobi Wine, se definió por la brutalidad del gobierno, con más de un centenar de personas asesinadas en las protestas que siguieron a la detención de Wine en noviembre de 2020.
Otro líder de la oposición, Kizza Besigye, ha sido detenido o encarcelado más de mil veces a lo largo de los años.
Museveni ascendió a su hijo, Muhoozi Kainerugaba, a jefe de las Fuerzas de Defensa en 2024. Kainerugaba se ha jactado abiertamente en las redes sociales de torturar a opositores políticos, lo que refleja un régimen que ya no se molesta en ocultar su brutalidad. Su ascenso señala un posible traspaso hereditario.
Cierre del espacio cívico
Ante el desafío creíble de la oposición, las elecciones de este año requirieron algo más que un simple retoque constitucional: exigieron la restricción sistemática del espacio cívico.
La disolución de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por parte de la administración de Donald Trump a principios de 2025 ayudó a Museveni en este sentido, ya que fue catastrófica para la sociedad civil ugandesa.
Casi todos los programas de buena gobernanza y sociedad civil financiados por Estados Unidos fueron cancelados, lo que vació las redes de educación cívica que antes llegaban a los votantes rurales y a los que votaban por primera vez.
La propaganda estatal llenó el vacío.
A continuación se produjo un ataque coordinado contra la disidencia. Entre junio y octubre, a los activistas climáticos y medioambientales se les denegó repetidamente la libertad bajo fianza, pasando meses en prisión por protestar pacíficamente contra el oleoducto de crudo de África Oriental.
El alcance del régimen se extendió más allá de las fronteras: en noviembre de 2024, Besigye fue secuestrado en Nairobi y apareció días después en un tribunal militar en Kampala, la capital ugandesa, acusado de delitos capitales a pesar de que el Tribunal Supremo había declarado inconstitucionales los juicios militares para civiles.
Museveni simplemente legalizó la práctica en junio de 2025.
La intimidación se intensificó a medida que se acercaban las elecciones. Las autoridades detuvieron a Sarah Bireete, directora ejecutiva del Centro para la Gobernanza Constitucional, sin orden judicial, y la mantuvieron recluida durante cuatro días, violando los límites constitucionales.
En su discurso del ultimo día de 2025, Museveni ordenó explícitamente a las fuerzas de seguridad que utilizaran más gas lacrimógeno contra los partidarios de la oposición, a los que calificó de delincuentes.
En los días siguientes, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, junto con spray pimienta y violencia física, para dispersar las manifestaciones de la oposición. Cientos de seguidores de Wine fueron secuestrados o detenidos.
El gobierno desmanteló la infraestructura necesaria para la supervisión independiente. Las autoridades suspendieron cinco destacadas organizaciones de derechos humanos y, dos días antes de las elecciones, la Comisión de Comunicaciones de Uganda implementó un bloqueo de Internet en todo el país, aparentemente para evitar la desinformación.
El bloqueo garantizó que las irregularidades del día de las elecciones no quedaran documentadas.
Irregularidades electorales y violencia
El día de las elecciones se vio plagado de fallos técnicos, pero Wine, de nuevo el principal rival, también denunció un fraude electoral generalizado y el secuestro de agentes electorales. El presidente de la Comisión Electoral admitió haber recibido advertencias privadas de altos cargos del gobierno para que no declarara ganadores a algunos candidatos de la oposición.
Los observadores internacionales intentaron utilizar un lenguaje diplomático, señalando que el entorno era «relativamente pacífico» en comparación con 2021, al tiempo que expresaban su profunda preocupación por el acoso, la intimidación y las detenciones.
Reconocieron que el bloqueo de Internet dificultó su capacidad para documentar las irregularidades.
La violencia postelectoral se cobró al menos 12 vidas. El incidente más mortífero se produjo en el distrito de Butambala, donde las fuerzas de seguridad mataron entre siete y diez simpatizantes de la oposición.
Wine fue puesto bajo arresto domiciliario mientras el recuento se llevaba a cabo en condiciones opacas. Los resultados se anunciaron por regiones en lugar de por colegios electorales, lo que limitó la capacidad de los observadores para validarlos.
Según el recuento oficial, Museveni ganó con alrededor de 71 %, mientras que el recuento de Wine cayó al 25 % desde el 35 % de 2021. La participación se situó en solo el 52 %, lo que significa que más de 10 millones de votantes se quedaron en casa.
Un punto de ruptura generacional
La edad media de los ugandeses es de 17 años y 78 % de la población tiene menos de 35 años. La mayoría solo ha conocido a un presidente.
Wine, un cantante de 44 años convertido en político cuya música había resonado durante mucho tiempo en las frustraciones de los jóvenes ugandeses, hizo campaña con promesas de cambio. Pero ahora ha sido derrotado dos veces en una carrera muy desigual.
Los jóvenes han buscado otras formas de hacer oír su voz. En 2024, salieron a las calles para protestar contra la corrupción, pero se encontraron con la violencia de las fuerzas de seguridad y detenciones masivas.
Las vías para el cambio parecen bloqueadas. La representación parlamentaria de la oposición es insuficiente para llevar a cabo una reforma significativa.
Los grupos de la sociedad civil se enfrentan a leyes restrictivas y carecen de apoyo internacional.
Los socios internacionales guardan silencio porque Uganda tiene un gran valor estratégico: proporciona tropas para operaciones regionales, acoge a dos millones de refugiados, facilita la perforación petrolera china y francesa y recientemente ha aceptado acoger a deportados estadounidenses.
Dada su avanzada edad, es poco probable que Museveni se presente de nuevo en 2031.
Pero con la autoridad cada vez más concentrada en un estrecho círculo de familiares, la transición democrática puede ser menos probable que una eventual transferencia del poder a su hijo.
La mayoría joven de Uganda se enfrenta a una difícil elección: aceptar un statu quo que no ofrece perspectivas o enfrentarse a un aparato de seguridad que lleva años perfeccionando su uso de la violencia.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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