GINEBRA – Liberar a las cerca de 800 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos pidió nuevamente, este lunes 12, la misión de las Naciones Unidas que investiga desde 2019 la situación de los derechos humanos en el país sudamericano.
“Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad”, expuso la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno venezolano anunció en esta fecha la excarcelación de 116 personas “privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, con lo sumarían unas 180 excarcelaciones durante los días de diciembre y enero.
Las excarcelaciones se producen con medidas sustitutivas de la privación de libertad, como restricción de movimientos, prohibición de actividad política o de hacer declaraciones, y presentación frecuente ante las autoridades mientras sigue el proceso en su contra, por lo que no constituyen una libertad plena.
El Foro Penal y otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos solo constataban, al mediodía del lunes 12 hora de Caracas, 24 nuevas excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos, nueve de ellas de mujeres, por lo que el número de beneficiados con la medida este enero apenas roza el medio centenar.
La misión de la ONU expuso que “de un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento solo alrededor de 50 parecen haber sido liberadas. Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”.
Entre los excarcelados destacan un excandidato presidencial de centroizquierda, Enrique Márquez; el exdiputado Biaggio Pilieri, de filiación socialcristiana, y la conductora de la oenegé Control Ciudadano, Rocío San Miguel, experta en cuestiones de seguridad, defensa y asuntos castrenses.
Varios de los detenidos más prominentes, entre políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas, continúan tras las rejas. Entre excarcelados y quienes siguen presos hay ciudadanos extranjeros -la mayoría colombianos- y personas cargadas con largas condenas por emitir mensajes en redes sociales.
La misión de la ONU indicó que “seguimos particularmente preocupados por las mujeres que aún permanecen detenidas, dada la afectación distinta y a menudo agravada que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado.
Las excarcelaciones se producen en el contexto de la conmoción causada por el cruento ataque de Estados Unidos a instalaciones militares venezolanas el 3 de enero, que produjo decenas de muertes y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Maduro y Flores están detenidos en una cárcel de Nueva York, a la espera de un juicio cuya fase probatoria debe iniciarse en marzo, acusados de una serie de delitos que incluyen soporte a actividades de narcotráfico y terrorismo.
Como reemplazante temporal a la cabeza del Estado, los poderes en ejercicio en Caracas colocaron a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura en sus declaraciones que está a cargo de dirigir los asuntos de gobierno en Venezuela.
En ese contexto, la misión de la ONU afirmó que “acogemos con satisfacción la liberación de presos políticos en Venezuela en los últimos días”, pues “toda permita restituir la libertad a personas que han sido detenidas arbitrariamente constituye un paso importante para las personas afectadas y sus familiares”.
Los familiares “deben recibir información clara y oportuna sobre el destino, el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos, y debe garantizarse el acceso y las visitas regulares”.
“La detención prolongada en régimen de incomunicación -una violación de derechos humanos que muchas personas detenidas continúan enfrentando- agrava el sufrimiento de las familias y debe cesar”, añadió el texto.
La misión “mantiene su preocupación por la persistencia del contexto más amplio de represión”, y ha recibido “información preocupante sobre colectivos (grupos civiles prooficialistas) armados patrullando ciudades, intimidando a la población y realizando requisas e inspecciones de teléfonos”.
“Sigue existiendo una necesidad urgente de poner fin a todas las prácticas represivas en Venezuela y de situar los derechos humanos como prioridad. La comunidad internacional debe hacer de esa exigencia una prioridad en este momento crucial”, concluye la declaración.
La misión, que trabaja desde esta ciudad suiza de Ginebra y desde Ciudad de Panamá, está integrada por tres juristas: Marta Valiñas, de Portugal, quien la preside; Alex Neve, de Canadá, y María Eloísa Quintero, de Argentina.
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