GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exigieron este jueves 15 a México respuestas inmediatas sobre la suerte y el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, al cumplirse tres años de su desaparición forzada en el occidental estado de Colima.
“Las autoridades mexicanas deben cumplir con sus obligaciones internacionales, entre ellas la de investigar la desaparición forzada, realizar una búsqueda activa, determinar su suerte y paradero y sancionar penalmente a los perpetradores”, plantea la declaración del grupo de expertos.
Lagunes, abogado defensor, y Díaz, líder indígena, desaparecieron el 15 de enero de 2023 tras participar en una reunión comunitaria en San Miguel de Aquila, en el vecino estado de Michoacán.
La comunidad discutía acciones colectivas por los impactos en derechos humanos derivados de las operaciones de la empresa minera Ternium, parte del grupo ítaloargentino Techint.
Su desaparición se enmarca en un conflicto de larga data por recursos naturales, apunta la declaración divulgada en esta ciudad suiza.
México ha sufrido la desaparición de más 100 000 personas en las dos últimas décadas, y según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, el año pasado se acumularon 14 072 personas desaparecidas y no localizadas, 20 % más que las 10 924 del año anterior.
En su comunicado, los relatores especiales y expertos independientes que trabajan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalaron que al respecto las autoridades mexicanas “deben cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Entre ellas la de investigar exhaustivamente los hechos, realizar una búsqueda activa y sancionar penalmente a los perpetradores.
Registraron informes según los cuales, en el contexto de proyectos de extracción de recursos, con frecuencia las empresas han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia entre poblaciones con posturas opuestas respecto de los proyectos y el uso de la tierra y los recursos naturales.
El caso Díaz-Lagunes está registrado bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los expertos destacaron la “incansable búsqueda de verdad y justicia” emprendida por las familias durante estos tres años, frente a lo que califican como “una falta de respuesta efectiva” por parte del Estado.
Expusieron que “las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre quienes defienden los derechos humanos y sirven para silenciar voces críticas”.
Por ello instaron al gobierno mexicano a garantizar un entorno seguro para los defensores, fortaleciendo el mecanismo de protección existente.
Asimismo, los expertos hicieron un llamado directo a la responsabilidad corporativa. Señalaron que, según informes, en contextos de proyectos extractivos “las empresas han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia”.
En particular, exigieron a Ternium que, conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, coopere plenamente con las investigaciones, asista en la recopilación de pruebas y aborde los impactos negativos en los que pueda estar involucrada.
Insistieron así en una doble obligación: para el Estado, investigar con diligencia, proteger a los defensores y garantizar que las empresas bajo su jurisdicción respeten los derechos humanos.
Para la empresa, evitar vulnerar derechos, cooperar de buena fe con las autoridades en casos graves como este y proporcionar reparación por los impactos causados.
La declaración fue suscrita por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que preside la abogada italiana Gabriella Citroni, y el Grupo de Trabajo sobre Empress Transnacionales presidido por el académico nigeriano Damilola Olawuyi.
También por los relatores Astrid Puentes Riaño, sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Albert K. Barume, sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos.
Asimismo, por Irene Khan, relatora sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Gina Romero, relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
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