CARACAS – El nuevo petróleo que Estados Unidos quiere extraer desde Venezuela, después de la cruenta incursión militar y captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores el 3 de enero, no brotará rápidamente, ni será mucho para mover al mercado, ni producirlo necesariamente resultará fácil o barato.
Además, a medida que fluya hacia las refinerías y haga sonar las cajas registradoras de las compañías petroleras, mostrará que mucho de cuanto han dicho y ofrecido el presidente Donald Trump o sus operadores en Washington no calza con lo hecho y por hacer en la más que centenaria industria petrolera venezolana.
La más voluminosa de esas propuestas es la de conducir una inversión empresarial de 100 000 millones de dólares en los próximos años, cuanto antes mejor, para tratar de triplicar la producción de crudo en Venezuela, actualmente cercana al millón de barriles (de 159 litros) diarios.
Mucha gente en el negocio debió alzar las cejas: el mercado está saturado, las grandes inversiones en petróleo requieren estabilidad de largo plazo y la Venezuela que dejaron atrás los bombardeos del día 3 está bajo el signo de la incertidumbre.
Trump “decide con base en situaciones que se le ocurren, de capturar minerales y poseer recursos, no con base en cómo funciona realmente el mercado”, advierte a IPS desde Houston, el experto petrolero Francisco Monaldi, director del programa de Energía para América Latina en la Universidad Rice de esa ciudad estadounidense.
Según Monaldi, “si todo sale bien, las compañías Chevron (Estados Unidos) y Repsol (España) podrán agregar 300 000 o hasta 400 000 barriles diarios en uno o dos años, y quizá entren algunas operadoras independientes en campos pequeños”.
“Pero los 100 000 millones requeridos para recuperar la industria tendrán que esperar por condiciones como estabilidad política, legitimidad, marcos contractuales con protección de inversiones, un consenso de largo plazo para abrir el sector y buenas relaciones estables entre Venezuela y Estados Unidos”, explicó.
El economista y consultor empresarial venezolano Asdrúbal Oliveros coincide en que “se puede lograr la meta en un plazo de 10 años con una inversión de 100 000 millones de dólares, pero amerita cambios profundos en la dinámica venezolana”.
“Debe cambiar la perspectiva macroeconómica, y también el orden jurídico, el tributario, de incentivos para las empresas y factores que en este momento nosotros no controlamos como la oferta y demanda global de crudo”, agregó.
La Venezuela petrolera
Estos días se ha recordado hasta el cansancio que Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del planeta: 303 800 millones de barriles, por encima de Arabia Saudí (267 000 millones), Irán (208 000 millones) e Iraq (185 000 millones), según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que forman parte y fueron los cinco fundadores junto con Kuwait.
La base de esas reservas es el gigantesco depósito de crudos -sobre todo pesados y extrapesados- conocido como Faja del Orinoco, en el sureste del país, que bajo una extensión de 55 300 kilómetros cuadrados puede contener hasta 1,36 billones (millones de millones) de barriles de petróleo.
El cálculo de que 20 % es recuperable con tecnologías conocidas arroja 272 000 millones de barriles como reservas probables. En 2009 el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que podrían ser hasta 513 000 millones de barriles.
Al ritmo actual, el país sudamericano y caribeño podría producir petróleo durante 900 años. Venezuela tiene también las séptimas reservas de gas natural (221 billones de pies cúbicos), las mayores de América Latina.
La mayor producción de crudo se alcanzó en 1970 (3,7 millones de barriles), y hace 10 años producía tres millones de unidades, pero la industria se desplomó junto con el resto de la economía, que perdió desde 2013 -coincidiendo con la llegada al poder de Maduro- más de tres cuartas partes de su producto interno bruto (PIB).
La industria se nacionalizó (estatizó) en 1976, se reabrió a la inversión privada en los años 90, la reasumió el Estado con fórmulas mixtas a comienzos de este siglo y está actualmente muy deteriorada, con unos 3200 pozos que pueden operarse (de un total de 12 000) y sometida a sanciones estadounidenses desde hace ocho años.
La infraestructura de producción de la empresa estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), está dañada, con equipos obsoletos, mal mantenidos, a veces hurtados, y escasez de repuestos. Miles de ingenieros y técnicos, con millones de horas de experiencia acumulada, se fueron del sector, la mayoría al exterior, a partir del 2002.
La flota petrolera propia de Pdvsa se ha perdido. El país tiene dificultades para comercializar su crudo -debió apelar a los tanqueros “fantasmas” que trasiegan petróleo en alta mar con destino a Asia-, y entrega la mayor franja de su exportación a China para amortizar una deuda financiera gigantesca.
El parque refinador, que tuvo capacidad para destilar más de un millón de barriles por día, apenas está operativo en 20 %. El país padece escasez de gasolina.
Como el petróleo representa más de 90 % de los ingresos nacionales, el conjunto de la economía del país ha padecido en la última década no solo caída del PIB, sino tres años de hiperinflación que postraron a la inmensa mayoría de la población en la pobreza y aventaron al exterior a ocho de sus 32 millones de habitantes.
Trump decidió -y así lo aceptó Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela por la “ausencia forzada” de Maduro- que será él quien por ahora ordene y maneje los ingresos que produzca a la nación venezolana el negocio petrolero.
Trump vs la historia
Dos semanas antes del ataque estadounidense y rapto de Maduro, el 16 de diciembre, Trump anunció un “bloqueo total” desde y hacia Venezuela para “todos los buques petroleros sancionados”, las varias decenas de navíos que transportan petróleo de países como Irán, Rusia y Venezuela huyendo de la vigilancia estadounidense.
La medida se mantendría hasta que el gobierno de Maduro “devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que previamente nos robaron”.
Al día siguiente, en declaraciones a los medios, agregó que, en Venezuela, Estados Unidos había sido “despojado de todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo, hace no mucho tiempo, y lo queremos de vuelta”.
Más aún, su asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, afirmó que “el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela” y que “su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidenses”.
Parecieron reeditar el aserto de Trump en marzo de 2025 según el cual Estados Unidos debía recuperar y poseer nuevamente el Canal de Panamá porque, entre otras razones, murieron 38 000 estadounidenses en su construcción. En realidad, perecieron menos de 400 y la mayoría por enfermedades tropicales.
Tras los primeros hallazgos por emprendedores locales en 1878, la verdad es que desde la segunda década del siglo XX compañías de Estados Unidos y Europa obtuvieron concesiones para explotar petróleo de Venezuela -a mediados de esa centuria fue el segundo productor y primer exportador mundial- hasta que llegó el momento de la nacionalización en 1976.
Esa estatización, parte de una ola vivida en varios países de la OPEP, tras el primer shock petrolero mundial de 1973, la condujo el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) con respaldo del Congreso pluripartidista -comunistas incluidos-. Se concretó en una intensa negociación consensuada con la docena de trasnacionales petroleras.
Las compañías fueron satisfactoriamente indemnizadas, con 5600 millones de dólares -parte en efectivo, parte en bonos- por sus activos, y obtuvieron otros 1000 millones por contratos de asesoría técnica y comercial, lo que, además, les permitió orientar en su favor la exportación venezolana durante varios años.
Desde los tiempos de la colonia española y desde que el país se independizó, las riquezas del subsuelo son de la nación -como sucede en la mayoría de países del mundo-, aunque pueda otorgar concesiones o contratos para su explotación por particulares (las petroleras las tuvieron hasta por 40 años), por lo que las trasnacionales nunca tuvieron propiedad de la tierra con petróleo.
En los años 80 del siglo pasado, Pdvsa se “internacionalizó” y compró refinerías y redes de distribución en varios países -incluido Estados Unidos-, y en los 90 hizo una “apertura” a firmas extranjeras con convenios operativos y asociaciones para explotar algunos viejos campos convencionales y nuevas áreas de la Faja.
En particular, para desarrollar “mejoradores” del crudo extrapesado de la Faja, que debe mezclarse con crudos más livianos para su transporte y procesamiento.
Nueva estatización
En mayo de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) decretó cambios en las asociaciones para convertir a Pdvsa en socio mayoritario, o que aceptaron varias empresas, como Chevron por ejemplo, pero no dos de los consorcios estadounidenses, ConocoPhillips y ExxonMobil.
ConocoPhillips ganó varios pleitos en la Cámara de Comercio Internacional y se hizo con algunas propiedades de Pdvsa en el exterior, pero el litigio por indemnizaciones prosiguió en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Según el Ciadi, la deuda de Venezuela con ConocoPhillips por la incautación de activos, daños e intereses suma más de 10 100 millones de dólares.
A Exxon el gobierno venezolano le propuso pagar solo el valor de sus acciones en libros, lo que rechazó la empresa, reclamando en el Ciadi hasta 12 000 millones de dólares por el negocio completo, desde inversiones hasta las ganancias que dejaría de percibir hasta la finalización de su contrato en la Faja.
El pleito ha tenido altibajos y decisiones de unos árbitros desmontadas por otros. La última decisión es que Venezuela debería pagar 1600 millones de dólares, lo que no ha podido hacer debido a las sanciones financieras impuestas por Washington.
En la reunión del 9 de enero de Trump con los directivos de 17 empresas petroleras -el presidente les planteó invertir 100 000 millones de dólares en Venezuela- los ejecutivos fueron cautelosos, incluso los que se ofrecieron a sumarse a la iniciativa, como Chevron, Repsol y la transportista Vitol.
Exxon fue la voz disonante, y su presidente, Darren Woods deploró que en Venezuela “nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces. Como pueden imaginar, volver a entrar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente aquí y a la situación actual del país”.
“Si analizamos los marcos legales y comerciales vigentes en Venezuela, hoy en día es inviable. Es necesario implementar cambios significativos en esos marcos comerciales y el sistema legal, así como en protecciones duraderas para las inversiones y una reforma en la legislación de hidrocarburos del país”, agregó.
¿Y ahora qué?
La Asamblea Nacional legislativa de Venezuela -en manos del oficialismo, como todos los poderes nacionales- prepara una reforma a la Ley de Hidrocarburos para facilitar el ingreso de las nuevas inversiones y compañías petroleras.
Preso Maduro en Nueva York, dirigen el país quienes eran sus más inmediatos colaboradores: la vicepresidenta Rodríguez, encargada de la presidencia; su hermano Jorge Rodríguez, presidente el parlamento; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa.
Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, declararon que son ellos quienes conducen el país en esta etapa por tiempo indefinido y en tres fases: estabilidad, recuperación económica y apertura a una transición política.
El mandatario republicano asegura que se ha entendido muy bien con la presidenta encargada, apoyada por el Parido Socialista Unido fundado por Chávez.
En el país rige un “estado de conmoción exterior” debido al ataque del día 3, que causó un centenar de muertes, y están suspendidas garantías constitucionales, por lo que hay manifestaciones prooficialistas pero no puede efectuarlas la oposición.
Las señales de apertura hasta ahora mostradas por el grupo en el poder son declaraciones en favor de animar emprendimientos privados y liberación con cuentagotas de presos políticos, que se cuentan por centenares.
Dirigentes opositores, entre ellos la Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado -quien se entrevistó con Trump en Washington el 15 d enero- sostienen que solo el inicio con pie firme de una transición a la democracia puede crear las condiciones de estabilidad y predictibilidad que requiere el negocio petrolero.
Si ha de creerse al presidente Trump, habrá que esperar por los cambios que decida impulsar en Venezuela -leyes, contratos, tributos, finanzas y comercio internacional, más los políticos e institucionales- para que se conforme el marco dentro del cual discurrirá el negocio petrolero en los próximos meses y años.
La periodista Susan B. Glasser, autora del libro “El divisor: Trump en la Casa Blanca 2017-2021”, escribió en la revista The New Yorker que, con sus decisiones sobre Maduro, Venezuela y sobre todo Groenlandia, el gobernante estadounidense expresa que “puedo hacer lo que quiera, cuando y como quiera”.
Y la historiadora Anne Applebaum advirtió en The Atlantic, que Trump “vive ahora en una realidad diferente, una en la que ni la gramática, ni la historia, ni las reglas habituales de la interacción humana le afectan”, al explicar su “maniática y enfermiza obsesión con el Premio Nobel”.
Y, en el horizonte, China
A pesar de la actual saturación del mercado -la demanda mundial bordea los 104 millones de barriles diarios y la oferta pasa de 106 millones, un exceso de casi 2,5 millones de unidades- se mantienen la búsqueda de más y nuevas reservas.
“Para mantener la producción hay que hacer las inversiones millonarias. Si no se invierte, los yacimientos declinan”, recuerda Monaldi. Y añade que “la Agencia Internacional de Energía (de países industrializados) considera con preocupación que no se están haciendo inversiones suficientes”.
El experto señala que por eso es posible que en la próxima década, con una demanda sostenida, pueda presentarse una falta de hasta 10 millones de barriles diarios o brecha de 10 %, que elevaría los precios y calza con el interés que puede haber por Venezuela “que en ese escenario sí influirá sobre el mercado”.
Oliveros señala que Trump “trata de controlar el flujo del petróleo y limitar que los recursos lleguen a países que considera hostiles como China o Rusia. Busca que el área de influencia para Venezuela y su industria petrolera sea principalmente americana, aún si una porción de crudo se envía a China”.
China consume unos 17 millones de barriles por jornada, produce 4,7 millones y depende de la importación para cubrir la diferencia de más de 12 millones de barriles diarios. Venezuela apenas cubre cuatro por ciento de esa demanda.
Estados Unidos está en una posición ventajosa, casi autoabastecido, porque consume unos 20,4 millones de barriles diarios y produce cerca de 21,8 millones de unidades. Importa algo menos de seis millones de barriles por día y exporta cuatro millones.
Cuando Trump lanzó la operación “Lanza del Sur” en agosto de 2025, que hundió en cuatro meses más de 30 embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, matando a más de 100 ocupantes, las tribunas políticas y mediáticas sostuvieron que su verdadero objetivo era el petróleo de Venezuela.
Ese oro negro aún tiene muchas limitaciones, costos, riesgos, y demorará en fluir para las refinerías y en entregar recursos que necesita la población venezolana. Pero su utilidad política ya se ha desplegado.
ED: EG
