MONTEVIDEO – En diciembre, se calmó el revuelo tras las primeras elecciones presidenciales celebradas en Guinea desde que los militares tomaron el control del país en un golpe de Estado en 2021. El general Mamady Doumbouya se mantuvo en el poder tras obtener 87 % de los votos.
Pero el resultado nunca estuvo en duda: no se trataba de un hito democrático, sino de la culminación de la transición denegada hacia un régimen civil de Guinea, un país de África occidental también conocido como Guinea-Conakri.
Doumbouya ha llevado a cabo con éxito un acto de alquimia política, convirtiendo una autocracia militar en una electoral. Al desmantelar sistemáticamente a la oposición, silenciar a la prensa y reescribir las leyes para adaptarlas a sus ambiciones, se ha asegurado de proteger su control del poder con un fino velo de legitimidad electoral.
La arquitectura de la autocracia
El camino hasta este momento se allanó con precisión. En abril de 2025, Doumbouya anunció un referéndum constitucional, una medida que podría haber parecido el principio del fin del régimen militar.
Pero era algo completamente diferente.
En junio, Doumbouya había centralizado aún más el control mediante la creación de una nueva Dirección General de Elecciones. Este organismo, sometido firmemente al control del Ministerio de Administración Territorial, revirtió los esfuerzos anteriores por establecer una institución electoral independiente.
La Constitución fue redactada en la sombra por el Consejo Nacional de Transición, el órgano legislativo designado por la junta. Aunque, según se informa, los primeros borradores contenían salvaguardias contra las presidencias vitalicias, estas fueron eliminadas antes de que el texto definitivo llegara al público.
El resultado fue un documento que eliminaba la prohibición de que los miembros de la junta se presentaran a las elecciones, ampliaba la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y otorgaba al presidente la facultad de nombrar a un tercio de los miembros del recién creado Senado.
Cuando se celebró el referéndum el 21 de septiembre, se ratificó el régimen de facto. Las cifras oficiales afirmaron 89 % de apoyo con una participación de 86 %, cifras que desafiaban la realidad de un boicot generalizado de la oposición y una palpable falta de entusiasmo por parte del público.
Un clima de miedo
Con la prohibición general de las protestas en vigor desde mayo de 2022, quienes se han atrevido a desafiar la transición controlada por la junta se han enfrentado a la violencia de las fuerzas de seguridad.
El 6 de enero de 2025, las fuerzas de seguridad mataron al menos a tres personas, entre ellas dos niños, durante las manifestaciones convocadas por la coalición opositora Forces Vives de Guinée.
El panorama político se despejó aún más mediante medidas administrativas y judiciales. En octubre de 2024, el gobierno disolvió más de 50 partidos políticos.
En agosto de 2025, se suspendieron los principales grupos de la oposición, como la Agrupación del Pueblo de Guinea.
Los principales opositores, entre ellos el ex primer ministro Cellou Dalein Diallo, siguen en el exilio, mientras que otros, como Aliou Bah, han sido condenados a penas de prisión, en el caso de Bah, por supuestamente insultar a Doumbouya.
El clima de miedo se ha visto reforzado por una brutal represión de los medios de comunicación.
Guinea cayó 25 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, la mayor caída del año.
A los medios independientes se les han revocado las licencias y se ha detenido a periodistas. Los que siguen trabajando han aprendido a practicar una estricta autocensura para evitar convertirse en el próximo objetivo.
Esto significó que, cuando los votantes acudieron a las urnas, no había nadie que ofreciera perspectivas diversas, examinara el proceso, investigara las irregularidades o exigiera responsabilidades a las autoridades.
Contagio de golpes de Estado
Guinea no es un caso aislado. Desde 2020, una ola de golpes de Estado ha barrido África, con tomas del poder por parte de los militares en Burkina Faso, Chad, Gabón, Guinea-Bissau, Madagascar, Malí, Níger y Sudán.
En todos los casos, el guion ha sido similar: los líderes militares toman el poder prometiendo «corregir» los fallos del régimen anterior, para luego incumplir sus promesas de volver al régimen civil.
Guinea es ahora el tercer país de esta reciente ola en pasar de una dictadura militar a una autocracia electoral.
Sigue los pasos de Chad, donde Mahamat Idriss Déby se aseguró la victoria en mayo de 2024 tras el sospechoso asesinato de su principal oponente, y Gabón, donde el general Brice Oligui Nguema ganó las elecciones de 2025 con un 90 % de los votos, según se informó.
La comunidad internacional hace poco al respecto. Doumbouya ignoró sistemáticamente los plazos y las sanciones de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que en su día se enorgullecía de su política de «tolerancia cero» con los golpes de Estado, y no se produjeron consecuencias.
La Unión Africana y las Naciones Unidas expresaron su preocupación de forma retórica, pero sus advertencias no fueron acompañadas de repercusiones diplomáticas o económicas tangibles.
La voluntad del mundo de mantener la normalidad mientras Doumbouya dirigía una falsa transición envía un mensaje peligroso a otros aspirantes a autócratas, tanto en la región como fuera de ella.
Democracia denegada
Cuando Doumbouya tomó el poder en 2021, fue recibido con un cierto optimismo cauteloso.
Su predecesor, Alpha Condé, había modificado de forma controvertida la Constitución para asegurarse un tercer mandato en medio de violentas protestas y acusaciones de corrupción y fraude.
Doumbouya prometió arreglar las cosas, pero en cambio se convirtió en un reflejo del hombre al que derrocó, utilizando las mismas tácticas de revisión constitucional y represión para asegurar su poder.
Las estadísticas de las elecciones de diciembre —una victoria de 87 % con una participación declarada de 80 %— no reflejan un mandato genuino, sino más bien un vacío: sin medios de comunicación independientes que supervisaran el proceso y sin una oposición viable a la que se le permitiera presentarse, las elecciones fueron una mera formalidad.
Las perspectivas de una democracia real en Guinea parecen remotas.
Doumbouya se ha asegurado un mandato de siete años mediante unas elecciones que eliminaron la infraestructura esencial necesaria para la democracia.
A falta de una presión internacional más fuerte y de un apoyo tangible a la sociedad civil guineana, Guinea se enfrenta a un prolongado régimen autoritario tras una fachada democrática, con perspectivas sombrías en materia de derechos humanos.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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