GINEBRA – Expertos y expertas de las Naciones Unidas en derechos humanos advirtieron de que una nueva legislación a punto de promulgarse en Perú, que elimina el concepto de género en políticas públicas clave, representa un retroceso en la promoción de la igualdad y la no discriminación.
“Al sustituir el género por el sexo biológico, la legislación propuesta debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso, al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas”, advirtieron las personas expertas.
El 19 de noviembre de 2025, el Congreso del Perú aprobó el proyecto de ley 8731/2024, “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, impulsada por la legisladora evangélica Milagros Jáuregui, del partido ultraconservador Renovación Popular, que ocupa 10 de los 130 escaños.
Los expertos, que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitan al gobierno de Perú que coloque bajo observación la ley aprobada por el Congreso “y renueve su compromiso con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
La ley elimina el concepto de género de la legislación vigente, sustituye las referencias a la “igualdad de género” por “equidad” o “igualdad de oportunidades”, y exige los cambios correspondientes en una amplia gama de leyes y políticas existentes relacionadas con la igualdad de género.
El texto también suprime las referencias a los derechos a la salud sexual y reproductiva y limita el acceso a una educación sexual integral.
“Al definir la equidad y la igualdad de género de forma restrictiva, a través del prisma del sexo biológico, esta ley socava los objetivos más amplios y transformadores de la igualdad de género”, apuntaron las personas expertas.
Añadieron que, si bien la equidad y la igualdad de oportunidades son objetivos importantes, “no pueden sustituir por sí mismos a la igualdad de género”.
Expusieron que garantizar el acceso sin restricciones a la educación sexual integral y garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva “son esenciales para promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas y prevenir la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y otras personas de género diverso”.
Se mostraron alarmadas por las restricciones que impone la ley a la cooperación oficial con los actores de la sociedad civil que participen en demandas o denuncias contra el Perú, y señalaron que dicha legislación penalizaría arbitrariamente a las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales con litigios contra el Estado no podrían dictar capacitaciones en género a jueces y fiscales.
Suscribieron la alerta y llamado al gobierno peruano Graeme Reid, experto sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Asimismo, las relatoras Mary Lawlor, sobre los defensores de los derechos humanos; Gina Romero, sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, y las cinco integrantes del Grupo de Trabajo en el Consejo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Los especialistas también expresaron su preocupación por la eliminación del requisito de que el Perú armonice sus políticas con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en virtud de los tratados e instrumentos ratificados por el Estado peruano.
Las restricciones a la labor de la sociedad civil, y el retroceso en las obligaciones del Estado de cumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos, “se suman a una preocupante tendencia de recientes iniciativas legislativas regresivas en Perú que no se ajustan a las normas regionales e internacionales”, concluyeron.
El pasado agosto Perú promulgó una ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad y de los comités de autodefensa por crímenes graves cometidos durante el conflicto armado interno en ese país, ocurrido entre 1980 y 2000, también criticado por los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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