MONTEVIDEO – Myanmar se encamina hacia unas elecciones, que comenzarán el 28 de diciembre y que pretenden aparentar ejercicio de democracia, pero que claramente han sido diseñadas con el objetivo de conferir más legitimidad a su junta militar.
Casi cinco años después del golpe de Estado de febrero de 2021, el régimen sigue luchando contra las fuerzas prodemocráticas y las organizaciones armadas étnicas, y apenas controla una quinta parte del territorio de Myanmar. La propia junta ha reconocido que no será posible votar en gran parte del país.
Las convocadas elecciones no superan ninguna prueba de legitimidad democrática.
Los principales partidos democráticos —la Liga Nacional para la Democracia y la Liga Nacional para la Democracia de las Nacionalidades Shan— están prohibidos.
Lo que queda es el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, el partido títere del ejército, además de grupos minoritarios que no obtuvieron ningún escaño en las elecciones democráticas celebradas en 2020.
Los medios de comunicación independientes han sido aplastados, los periodistas son detenidos e intimidados a diario y el acceso a Internet está muy restringido. En las zonas que se resisten al régimen militar, la población civil se enfrenta a una violencia creciente y a detenciones arbitrarias.
Estas elecciones no están diseñadas para reflejar la voluntad popular, sino para afianzar el poder militar. Se celebran mientras el régimen continúa su campaña sistemática de violencia contra la población civil: semanas antes de que la junta anunciara las elecciones, la fuerza aérea de Myanmar bombardeó una escuela en la aldea de Oe Htein Kwin, matando a dos profesores y 22 niños, el más joven de solo siete años.
La Asociación de Asistencia a Presos Políticos ha confirmado que 6231 civiles han sido asesinados por los militares desde el golpe, aunque las cifras reales podrían ser mucho más elevadas.
Se estima que casi la mitad de todas las muertes de civiles han sido causadas por ataques aéreos. No se trata de operaciones militares indiscriminadas en las que los civiles son daños colaterales, sino de ataques deliberados en los que los civiles son el objetivo.
La mayoría de los lugares donde se han producido los ataques aéreos son sitios protegidos por el derecho internacional: campamentos de desplazados, iglesias, clínicas y escuelas, a menudo sin presencia de grupos armados en las inmediaciones.
La junta cuenta con algunos aliados internacionales poderosos. China la respalda con miles de millones en ayuda y armas avanzadas. Rusia suministra los aviones de combate que lanzan bombas sobre la población civil. La India vende armas discretamente.
Los tres países llevan mucho tiempo proporcionando cobertura diplomática y protegiendo a la junta de la responsabilidad internacional. Mientras tanto, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) sigue aplicando el fallido Consenso de Cinco Puntos acordado con el régimen en abril de 2021, a pesar de su violación sistemática de todos los compromisos.
Las potencias regionales han negociado exclusivamente con la junta sin la participación del Gobierno de Unidad Nacional —el gobierno en el exilio formado por legisladores elegidos democráticamente—, tratando efectivamente al régimen militar como los gobernantes legítimos de Myanmar.
Ahora, las recientes decisiones de la administración estadounidense de Donald Trump amenazan con inclinar la balanza de manera decisiva a favor de la legitimación del régimen militar.
Trump ha levantado las sanciones, ha recortado la financiación de los medios de comunicación independientes y ha eliminado las protecciones que antes se concedían a los refugiados de Myanmar en Estados Unidos.
En consonancia con su enfoque transaccional, está eligiendo el acceso a los minerales de tierras raras por encima de la democracia.
La preocupación ahora es que los Estados miembros de la Asean puedan seguir su ejemplo, utilizando las elecciones fraudulentas como justificación para normalizar las relaciones con el régimen militar. Algunos ya han comenzado a avanzar en esta dirección, invitando al líder de la junta a reuniones regionales.
Las fuerzas prodemocráticas de Myanmar siguen resistiendo a pesar del cambiante contexto internacional. Las Fuerzas de Defensa Popular y los grupos armados étnicos mantienen operaciones coordinadas en la mayor parte del país. La sociedad civil sigue documentando las violaciones, prestando ayuda a los desplazados y abogando por la acción internacional.
Se merecen algo mejor que ver cómo el mundo legitima a sus opresores.
El control de la junta sobre el terreno sigue siendo débil, pero su posición diplomática se está fortaleciendo. Que esta consolidación continúe depende de cómo responda el mundo a las elecciones.
La comunidad internacional debe tener claro que tratar las elecciones como legítimas sería una señal para los autoritarios de todo el mundo de que las instituciones democráticas pueden ser derrocadas con impunidad, que los crímenes de guerra no tienen consecuencias reales y que los regímenes que bombardean escuelas y encarcelan a líderes electos pueden obtener la aceptación internacional.
