WASHINGTON – Las autoridades ecuatorianas han utilizado informes secretos de inteligencia para congelar las cuentas bancarias de organizaciones indígenas y ambientalistas, denunció este martes 9 la organización Human Rights Watch (HRW).
Desde el 19 de septiembre de 2025, la gubernamental Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), encargada de prevenir los delitos financieros, ordenó al ente regulador del sector bancario que congele las cuentas de varias organizaciones indígenas y ambientalistas, así como las de sus líderes y miembros.
Las decisiones se tomaron mientras algunas organizaciones indígenas y ambientalistas protestaban contra la decisión del gobierno de eliminar los subsidios al diésel y de dar luz verde a un proyecto minero en la sureña provincia de Azuay.
Jueces revocaron parte de los bloqueos de cuentas, luego de que las autoridades no aportaran ante los tribunales las pruebas que respaldaban dichas medidas.
“Las salvaguardias destinadas a prevenir el lavado de dinero nunca deben utilizarse para atacar a organizaciones de la sociedad civil por su trabajo o detener protestas pacíficas”, dijo Juanita Goebertus, directora para América en HRW.
Esos mecanismos “deben utilizarse para combatir al crimen organizado, no a los grupos ambientalistas”, puntualizó Goebertus.
Investigadores de HRW entrevistaron a miembros de organizaciones cuyas cuentas fueron congeladas, a sus abogados, revisaron documentos de los procedimientos judiciales que impugnaban las medidas de bloqueo de cuentas contra entidades e individuos, y asistieron a dos audiencias sobre levantamiento de los bloqueos.
El presidente Daniel Noboa declaró públicamente que los fondos congelados iban a ser destinados a “desestabilizar al gobierno” con manifestaciones.
Ecuador vivió en los meses de septiembre y octubre paros y manifestaciones, lideradas por organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas, inicialmente contra la eliminación del subsidio al combustible diésel, y que luego se extendieron a reivindicaciones sobre derechos indígenas y protección de la Amazonia.
Cierres de vías y otras demostraciones fueron reprimidas, con saldo de al menos tres muertos, decenas de heridos y unos 140 detenidos.
Y el 16 de noviembre la mayoría de la población rechazó, en una consulta propuesta por Noboa, la readmisión de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano y la iniciativa presidencial de convocar a una asamblea para reescribir la Constitución.
En ese contexto, la Uafe aplicó una disposición de la nueva Ley de Transparencia Social, para congelar las cuentas sospechosas de ilícitos sin una orden judicial. Algunas organizaciones civiles han demandado la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional.
El bloqueo de cuentas bancarias paralizó el trabajo de varias organizaciones, y detuvo programas educativos, de salud y de protección del medio ambiente, según afirmaron los grupos afectados.
Sus miembros dijeron a HRW que no pudieron pagar salarios ni servicios básicos, no se les notificó el bloqueo de sus cuentas bancarias, y solo se enteraron cuando intentaron acceder a los fondos.
La Fundación Pueblo Indio, que ha apoyado a las comunidades indígenas durante casi 40 años, descubrió el bloqueo de sus cuentas después de que sus donantes extranjeros no pudieran transferir los fondos del proyecto.
El 5 de octubre, la Uafe citó informes de inteligencia al congelar tres cuentas bancarias de la organización indígena Alianza Ceibo, bloqueando fondos destinados a proyectos financiados por la Unión Europea y donantes estadounidenses.
La organización, integrada por los pueblos waorani, siekopai, a’i cofán y siona, lleva 10 años defendiendo los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas.
Las autoridades también congelaron las 14 cuentas bancarias asociadas a la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, que apoya a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera en la Amazonia ecuatoriana.
El 5 de noviembre, un juez ordenó el descongelamiento de las cuentas, después de que la Uafe no reveló ninguna información que justificara la decisión. La entidad reguladora del sector bancario descongeló las cuentas casi dos semanas después, tras repetidas insistencias del juez.
HRW plantea que las disposiciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias sobre la base de informes de inteligencia deben revisarse urgentemente, para garantizar que se ajusten a la Constitución ecuatoriana y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido que las restricciones al derecho a la propiedad deben ser excepcionales y solo deben imponerse en la medida en que sean necesarias y proporcionales para alcanzar un objetivo legítimo.
“Los fiscales y los jueces deben asegurarse de que estas investigaciones penales sigan el debido proceso, se basen en pruebas creíbles y no se utilicen para restringir indebidamente la labor de las organizaciones ambientalistas e indígenas”, afirmó finalmente Goebertus.
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