PARWAN, Afganistán – Cuando Roya, una exagente de policía bajo el gobierno de la República de Afganistán, dejó el país con su familia, sintió un gran alivio al escapar del horror del régimen talibán. Nunca imaginó que menos de tres años después sería obligada a regresar a las mismas condiciones, solo que peores.
Ahora pasa noches sin dormir, aterrorizada ante la posibilidad de ser identificada como exagente policial, un rótulo que conlleva consecuencias graves.
Roya, de 52 años, es madre de cuatro hijos. Durante los años de la República trabajó en la unidad de registro y cacheo de mujeres de la provincia de Parwan y ganaba lo suficiente para mantener a su familia.
Cuando el gobierno colapsó y los talibanes recuperaron el poder en 2021, ella, como cientos de otras mujeres uniformadas, se convirtió en blanco de amenazas directas e indirectas. El miedo por su vida y su dignidad la empujó a migrar. Huyó a Irán, donde ella y su familia, de seis integrantes en total, pasaron unos años en relativa seguridad.
“En Irán trabajé en una fábrica de pasta de tomate”, recuerda. “Teníamos una casa, comíamos bien y, sobre todo, tenía tranquilidad porque vivíamos con una seguridad relativa”, dice Roya.
Sus hijas también encontraron empleo. “Zakia, de 23 años, que había completado su primer año en la Universidad de Kabul antes de que nos fuéramos, consiguió trabajo en una tienda grande de electrodomésticos, como vendedora y operadora informática. Setayesh, que cumplió 21 este año, se lanzó con entusiasmo a un empleo en un salón de belleza, especializándose en trenzas. Todos tenían algo que hacer y ganaban un ingreso”.
Pero esa estabilidad no duró. El aumento de las tensiones políticas entre Irán e Israel desencadenó fuertes redadas contra migrantes afganos en territorio iraní.
“A las dos de la tarde, funcionarios iraníes entraron en nuestra casa sin previo aviso”, relata Roya. “No tuvimos tiempo de reunir nuestras pertenencias, y mucho menos de recuperar el contrato de alquiler de la casa en la que vivíamos”, añade.
Ella y sus hijas fueron deportadas por la fuerza de regreso a Afganistán, mientras los hombres de la familia estaban trabajando. Una semana después, uno de sus hijos llamó desde la frontera de Islam Qala y la familia finalmente se reunió.
Ahora, Roya vive en Afganistán en condiciones extremadamente difíciles. No tiene trabajo, no recibe apoyo y vive con el miedo constante de que su pasado como policía pueda ponerla a ella y a su familia en peligro.
“Todas las noches me voy a dormir con miedo, preocupada de que mi identidad pueda quedar expuesta. No sé qué sucederá si descubren que trabajé anteriormente en la policía”.
Es una de varios cientos de mujeres expulsadas por la fuerza desde Irán hacia un país donde quienes trabajaron en las fuerzas de seguridad bajo el gobierno anterior son tratadas como criminales, y donde el recuerdo de su uniforme se convirtió en una pesadilla de posible encarcelamiento.
Bajo el régimen talibán, las mujeres que fueron parte del personal militar o civil se ven obligadas a ocultar su identidad. Algunas incluso quemaron sus documentos laborales. Otras, como Roya, permanecen dentro de sus casas, evitan el contacto social y pasan las noches atormentadas por el miedo a ser reconocidas.
“Decidimos escapar a Irán para librarnos de las estrictas leyes de los talibanes. Pero ahora estamos atrapadas en las mismas restricciones otra vez, solo que con las manos vacías y el espíritu aún más agotado”, dice Roya.
Roya y su familia viven ahora temporalmente en la casa de un pariente en la provincia de Parwan, enfrentando un futuro incierto.
La deportación masiva de migrantes afganos desde Irán afecta especialmente a las mujeres, cuya situación se ha deteriorado progresivamente bajo el régimen talibán. Con cada día que pasa, disminuyen las oportunidades de empleo y la participación en la vida pública.
Los talibanes han despojado a las mujeres del derecho al trabajo, la educación, los viajes e incluso la simple libertad de visitar parques. Las mujeres que alguna vez sirvieron a su gobierno ahora son tratadas como ciudadanas de segunda categoría en sus propios hogares.
La historia de Roya refleja la experiencia de vida de cientos de mujeres: una consecuencia combinada de políticas regionales disfuncionales y de un gobierno nacional extremista e intolerante con los derechos de las mujeres.
Roya también relata la historia de su vecino, Mohammad Yousuf, un trabajador de la construcción de 34 años, que fue golpeado violentamente por funcionarios iraníes. Fue arrojado a un vehículo sin recibir los salarios adeudados durante varios meses ni permitirle recoger sus pertenencias de la pequeña habitación donde vivía.
Mientras tanto, el ritmo de deportaciones de migrantes afganos desde Irán se aceleró drásticamente en 2025, según varios medios nacionales e internacionales, incluidos Iran Time, Afghanistan International e Iran International, así como organizaciones internacionales.
La Organización Internacional para las Migraciones informó que, desde principios de mayo de 2025, se produjo una oleada de deportaciones masivas forzadas, que afectaron principalmente a familias, a diferencia de tendencias previas que involucraban sobre todo a hombres solos.
En los primeros cinco meses de 2025, más de 457 100 personas regresaron desde Irán. De ellas, aproximadamente 72% fueron deportadas por la fuerza, mientras que el resto volvió de manera voluntaria.
En un año, más de 1,2 millones de personas fueron deportadas desde la frontera de Islam Qala hacia Afganistán.
El punto máximo de la campaña de deportaciones coincidió con el aumento de tensiones entre Irán e Israel en junio de este año. Más de 500 000 personas fueron expulsadas en solo 16 días, entre el 24 de junio y el 9 de julio. En total, para comienzos de julio de 2025, más de 1,1 millones de personas habían sido devueltas por la fuerza. Se reportaron tasas diarias de deportación de hasta 30 000 personas.
Irán ha utilizado métodos duros y a menudo violentos para expulsar a los migrantes afganos. Estas medidas incluyen inspecciones en los lugares de trabajo, arrestos nocturnos, redadas domiciliarias y destrucción de documentos legales, incluidos pasaportes y visas válidas. Numerosos casos de violencia, maltrato y privación de servicios básicos como atención médica y alimentos han sido reportados.
Organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales han calificado estas acciones como violaciones del principio de no devolución y una grave amenaza para los refugiados, y han exigido que las deportaciones forzadas se detengan de inmediato y se respeten los derechos legales.
Informes de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos indican que los retornados afganos, especialmente mujeres, minorías y personas que trabajaron con el gobierno anterior, enfrentan un alto riesgo de detención arbitraria y tortura.
Irán ha declarado que pretende deportar a un total de 4 millones de migrantes afganos, de los cuales alrededor de 1,2 millones ya fueron enviados de regreso.
Funcionarios iraníes afirmaron que las deportaciones serían “dignas y graduales”, pero la evidencia muestra que las presiones, amenazas y arrestos sin consentimiento han sido generalizados.
Las consecuencias sanitarias, sociales y de seguridad de estos retornos imponen una pesada carga sobre Afganistán, saturando los cruces fronterizos y los centros de recepción. Muchas personas soportan calor extremo de hasta 50°C sin acceso a agua ni refugio.
Según un informe de Naciones Unidas publicado en julio, 1,35 millones de refugiados afganos se vieron obligados a abandonar Irán en los últimos meses. Muchos fueron arrestados y deportados, mientras que otros regresaron voluntariamente por temor a detenciones arbitrarias.
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