BELÉM – Las presidencias de las COP29 y COP30 (Azerbaiyán y Brasil) lanzaron conjuntamente el miércoles 5 la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, que debería señalar caminos para ampliar el financiamiento climático, en la antesala de la Cumbre de Líderes sobre el clima, que acoge la ciudad amazónica de Belém desde este jueves 6.
Entre recomendaciones, un marco de acción y un impuesto a los “superricos”, la propuesta carece de obligaciones legales y no entrega la tan solicitada definición de financiamiento climático, que sería importante para garantizar transferencias directas y no generadoras de deudas.
La Cumbre de Líderes, de dos días y en la que deben participar unos 57 jefes de Estado y de gobierno, de las 196 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), antecede a la COP30 (30 Conferencia de las Partes), que acogerá la ciudad amazónica de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre.
La crisis del clima la expresa Costa Rica, por ejemplo, donde el aumento del nivel del mar, una de las principales consecuencias del cambio climático, afecta a ciudades costeras del Pacífico y Caribe. Para 2100 se estima que este fenómeno alcance a, por lo menos, 27 000 personas en el país.
En la actualidad, cerca de 1000 millones de personas a nivel mundial ven cómo el mar le va ganando terreno a la costa y provoca una serie de problemas para las comunidades. La reubicación u otros tipos de soluciones significan grandes montos de dinero para los países con menor capacidad de adaptación debido a la falta de recursos.
Con el objetivo de que los países más vulnerables y menos contribuyentes al cambio climático puedan contrarrestar sus problemáticas, y también avanzar en la transición energética, la Cmnucc busca impulsar metas de financiamiento desde hace diez años a través del Acuerdo de París, bajo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Este concepto se refiere a que todos los países deben actuar, pero los países desarrollados del Norte global, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones y que poseen, además, más recursos, deben liderar la acción climática y apoyar financieramente a los países del Sur en desarrollo.
En la última Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29, realizada en 2024 en Bakú, Azerbaiyán, se acordó un nuevo objetivo de financiamiento climático (NCQG, en inglés).
El documento fija como meta que los países desarrollados “lideren” la entrega de 300 000 millones de dólares anuales hasta 2035 para las naciones en desarrollo. Además, se llama a todos los actores a escalar el financiamiento climático hacia los países en desarrollo hasta al menos 1,3 billones (millones de millones) de dólares.
Sin embargo, la cifra de 300 000 millones quedó muy por debajo de las expectativas iniciales. La sociedad civil organizada, los países en desarrollo y diversos actores habían solicitado que el NCQG estableciera precisamente los 1,3 billones de dólares anuales como meta vinculante.
La brecha entre esa demanda y el monto finalmente acordado provocó varios días de estancamiento en las negociaciones. Como salida a esa discusión, se adoptó la llamada “Hoja de ruta de Bakú a Belém”. Una acción con el objetivo de señalar caminos para ampliar el financiamiento hasta alcanzar los mencionados 1,3 billones de dólares.
La hoja de ruta Bakú-Belém aún con dudas
Este miércoles 5 se publicó la Hoja de Ruta presentada por Azerbaiyán y Brasil como presidencias de la COP29 y COP30, respectivamente. El informe de 75 páginas ofrece recomendaciones amplias y un marco de acción en cinco ejes: reabastecimiento, reequilibrio fiscal, redirección, reestructuración y reconfiguración.
El roadmap centra gran parte de su atención en bancos multilaterales y el FMI, dejando en segundo plano la responsabilidad directa de los países desarrollados, establecida en el artículo 9 del Acuerdo de París. Además, sugiere vías de acción externas a la Convención, como canjes de deuda y mercados de carbono.
El plan incluye solo dos compromisos formales: promover diálogos con países y actores financieros para continuar el proceso, y crear un grupo de expertos para refinar los datos sobre los flujos de dinero.
Una de las recomendaciones llamativas del documento es el llamado impuesto a los “superricos”, que cifran en un rango de recaudación desde los 200 000 millones de dólares hasta los 1,364 billones, dependiendo de la tasa aplicada a los umbrales de ingresos y la participación geográfica.
Otro texto anexo al Roadmap, que resume las recomendaciones realizadas por expertos, aborda una “tributación mínima a multimillonarios” que podría recaudar hasta USD 550 mil millones anuales y que podría asignarse al fondo de pérdidas y daños producto del cambio climático a países pobres.
La Hoja de Ruta presentada utiliza un lenguaje “voluntario”, en el sentido de que no es un mandato explícito para los países. Si bien se lanzará oficialmente durante la COP30 con un evento especial, no es un espacio formal de las negociaciones.
Críticas
La coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, advirtió que faltó transparencia al proceso liderado por Brasil para presentar la ruta, que además carece de respaldo político para avanzar durante la COP.
“A pocos días de la cumbre, no existía un documento público ni un borrador formal que permita a los países discutir su contenido”, explicó Guzman.
Según la especialista, la decisión de la COP no obliga a los países a aprobar o adoptar formalmente la ruta, pero sí abre la posibilidad de que la comunidad internacional “la reciba” y establezca un mecanismo de seguimiento.
La experta explicó que, con la presentación, los países podrían decidir si aceptan el documento y abren un proceso formal para su implementación o si simplemente lo reciben sin adoptarlo.
“Si los países no logran un consenso, la ruta podría quedar varada, en letra muerta. Su avance depende completamente del acuerdo político entre las partes”, alertó Guzmán.
También la discusión podría ser incluida en el documento final integrador, pero no parece que sea un objetivo de la presidencia de la COP30.
“No hay un plan concreto. Tenemos muchos asuntos que debemos negociar y aprobar en la COP. Estamos muy satisfechos de haber cumplido con lo solicitado en la decisión (de la NCQG), y no hay ninguna prioridad en que la COP lo apruebe, reconozca o lo que sea”, dijo André Corrêa do Lago, presidente de la COP30 durante el lanzamiento del informe.
Por su parte, el activista y abogado costarricense Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, cuestiona la hoja de ruta. Según explica, el documento presenta graves deficiencias estructurales, carece de obligaciones legales y excluye las verdaderas necesidades de los países más vulnerables.
Uno de los principales errores es que sus metas, ya sean los 1,3 billones o los 300 000 millones de dólares, no son jurídicamente vinculantes.
Otro de los problemas es que aún no existe una definición de qué es financiamiento climático y este nuevo objetivo tampoco lo establece.
“No hay una definición clara de qué es financiamiento climático, y al incluir fuentes privadas sin regulación ni objetivos claros, se corre el riesgo de que los recursos no lleguen donde más se necesitan: las comunidades afectadas por el cambio climático”, comenta.
Martínez recuerda que el nuevo esquema deja por fuera el tercer pilar de la acción climática: pérdidas y daños, un tema urgente para los países más expuestos a desastres climáticos. Solo para ese rubro se necesitarían 300 mil millones de dólares, pero el Roadmap no lo contempla, afirma.
El experto considera que la hoja de ruta responde más a intereses geopolíticos que a un esfuerzo genuino de cooperación internacional. “Este es un ejercicio de poder. No se basa en las obligaciones legales ni en las necesidades reales de adaptación o mitigación. Los países desarrollados imponen las cifras y las condiciones”, dijo.
También alerta sobre el riesgo de que el tema se desplace de la CMNUCC hacia instituciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde los países en desarrollo “no tienen voz ni voto”.
“Eso sería desastroso: las comunidades que viven los impactos directos del cambio climático quedarían sin representación política, sin poder decidir sobre los recursos que les corresponden por justicia”, advierte.
La posición de Ailac
En las COP, los países se agrupan en bloques con los que negocian en ciertos temas. Por ejemplo, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), que conforman Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.
Como parte del proceso, Ailac presentó en septiembre su propuesta oficial para el “Roadmap de Bakú a Belém”.
Entre sus aspiraciones a corto plazo, a 2028, el grupo plantea como prioridad inmediata diferenciar las responsabilidades entre los países desarrollados, y otros actores como bancos multilaterales, el sector privado y fundaciones, cuyas contribuciones serían voluntarias pero rastreables.
El bloque también propuso establecer hitos claros y cuantificables que definan cómo se alcanzará la meta anual de 1,3 billones de dólares, incluyendo cronogramas, distribución por instrumentos financieros (donaciones, préstamos concesionales, garantías) y el compromiso de triplicar las salidas anuales de fondos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación para 2030.
Además, Ailac urge a los países a adoptar una definición oficial de “financiamiento climático”, lo que no ocurrió Esta definición debería excluir los préstamos a tasas de mercado, los flujos norte-norte y la cooperación tradicional, asegurando que los fondos sean nuevos, adicionales y asequibles.
Para 2030 el grupo enfatiza la necesidad de reformar los bancos multilaterales de desarrollo para ampliar su capacidad crediticia sin generar más deuda. Propone ajustar sus criterios de riesgo, utilizar más capital exigible y establecer metas explícitas de concesionalidad, priorizando préstamos blandos, donaciones y herramientas sin deuda.
También pide garantizar mayor participación de los países en desarrollo en las decisiones de gobernanza de estas instituciones.
Además, AILAC solicita facilitar el acceso directo a los fondos climáticos para comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y afrodescendientes, mediante la simplificación de requisitos y la creación de ventanillas específicas.
En el largo plazo, el bloque identifica como desafío central movilizar capital privado mediante modelos de riesgo compartido y financiamiento combinado. Propone incentivos como bonos verdes, seguros climáticos y asociaciones público-privadas equilibradas, que no generen cargas fiscales excesivas.
El grupo negociador subraya, además, la importancia de crear plataformas nacionales de financiamiento climático, lideradas por los propios países, que vinculen los planes climáticos nacionales con fuentes de inversión, que permitirían aprobar programas integrales, acelerar desembolsos y garantizar que el financiamiento responda a las prioridades nacionales.
Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina, con el respaldo especial de la Oxfam.
RV: EG
