DOHA – Qatar acogió del 4 al 6 de noviembre la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Según las Naciones Unidas, participaron más de 40 Jefes de Estado y de gobierno, 230 ministros y altas autoridades, y cerca de 14 000 asistentes.
Además de los plenarios y mesas redondas, se celebraron más de 250 “sesiones de soluciones” que identificaron vías prácticas para avanzar los derechos universales a la alimentación, la vivienda, el trabajo decente, la protección social o seguridad social, la educación, la salud, los sistemas de cuidados y otros servicios públicos, así como las normas internacionales del trabajo, y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
En estos tiempos difíciles para el multilateralismo, la cumbre logró un acuerdo global —la Declaración Política de Doha— que muchos temían que no se materializara.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el texto como “una dosis de refuerzo para el desarrollo” y exhortó a los líderes a presentar un “plan para el pueblo” que combata la desigualdad, genere trabajo decente y reconstruya la confianza social.
La cumbre invitó inevitablemente a comparaciones con la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague en 1995, verdaderamente visionaria y con un listón alto: 117 Jefes de Estado y de gobierno.
Treinta años después, la Declaración de Doha constituye en gran medida una reafirmación de acuerdos previos. Sus primeros borradores carecieron de visión y, aunque mejoraron sustancialmente, el texto final sigue siendo poco inspirador. La caída de la participación al más alto nivel —de 117 a poco más de 40— fue ampliamente comentada en los pasillos del Centro de Convenciones de Doha.
Esta ausencia, especialmente por parte de los países de altos ingresos, plantea interrogantes sobre la responsabilidad compartida respecto del consenso de Doha y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son universales.
Aun así, voces veteranas llamaron al pragmatismo. Tanto la Declaración de Copenhague como la reafirmación de Doha son textos viables para avanzar la agenda de justicia social. Aunque no es el resultado ideal que muchos esperaban, el documento aborda los temas clave y, sobre todo, representa un consenso internacional adoptado por todos los países en plena crisis del multilateralismo.
Juan Somavía, ex subsecretario general de la ONU y motor de la cumbre de 1995, recibió la Declaración de Doha como un fundamento significativo para impulsar la agenda.
Roberto Bissio, coordinador de Social Watch y participante destacado en Copenhague, añadió: “Reavivemos la esperanza en estos tiempos turbulentos… Ahora en Doha nuestros gobiernos renuevan sus compromisos de hace tres décadas y suman otros que apreciamos para reducir las desigualdades, promover los cuidados y garantizar la protección social universal, que es un derecho humano”.
Pero Somavía, Bissio y numerosos líderes de la ONU y de la sociedad civil en Doha subrayaron también la distancia entre las promesas y su cumplimiento. La presión creció durante la semana.
En la clausura, la vicesecretaria general de la ONU Amina Mohammed señaló que el mensaje de sindicatos, sociedad civil y juventud fue inequívoco: la gente espera resultados, no retórica. “Los logros de esta cumbre ofrecen una base sólida”, dijo. “Lo que más importa ahora es la implementación”, agregó.
La clave ahora está en si los gobiernos traducirán la declaración de Doha en acción, en presupuestos, leyes y programas que beneficien a la gente. Magdalena Sepúlveda, directora de Unrisd (Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social), reclamó la necesidad de políticas ambiciosas: “Lo que necesitamos ahora es que los Estados tengan la voluntad política de implementar la Declaración de Doha de manera rápida y con medidas ambiciosas”
La tendencia, sin embargo, va en sentido contrario: muchos gobiernos adoptan recortes de austeridad y disponen de pocos fondos para el desarrollo social.
Más de 6700 millones de personas o 85 % de la población mundial sufren la austeridad, y 84 % de los países ha reducido la inversión en educación, salud y protección social, generando protestas y conflicto social.
“El concepto de Estado de bienestar se está erosionando ante nuestros ojos por un compromiso ideológico con la austeridad y la reduccion del Estado”, dijo Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional.
“Una ola de protestas juveniles de la Generación Z recorre el mundo. Un lema recurrente en las recientes protestas de Marruecos fue ‘Queremos hospitales, no estadios’… Los servicios públicos se están desmantelando mientras la riqueza se concentra en lo alto. El contrato social no sobrevivirá a este abandono”, añadió.
La buena noticia es que los gobiernos disponen de muchas opciones de financiación para cumplir las promesas de Doha. La austeridad no es inevitable; hay alternativas.
Al menos hay nueve opciones para financiar el desarrollo social: subir impuestos progresivos (como por ejemplo, a beneficios corporativos, a finanzas, a grandes fortunas, a propiedad y a servicios digitales); frenar los flujos financieros ilícitos; reducir o reestructurar deuda; incrementar las contribuciones de los empleadores a la seguridad social y formalizar el empleo; reorientar el gasto de partidas de alto costo y bajo impacto social como defensa; usar reservas fiscales y de divisas; aumentar la ayuda al desarrollo; aplicar marcos macroeconómicos más flexibles; y aprobar nuevas asignaciones de Derechos Especiales de Giro. En un mundo lleno de dinero pero marcado por grandes desigualdades, encontrar los recursos es una cuestión de voluntad política. En resumen: la austeridad es una elección, no una necesidad.
La historia no juzgará a Doha por sus comunicados, sino por si las promesas —sobre derechos, empleo y equidad— llegan efectivamente a la gente. Su implementación es factible, incluso en los países más pobres, puesto que existen opciones de financiación. Si los líderes de los países las ponen en práctica, Doha no será recordada como un eco de 1995, sino como el momento en que las palabras dieron paso a la acción.
Isabel Ortiz es directora de Justicia Social Global. Fue directora en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, y alto cargo de la ONU y del Banco Asiático de Desarrollo.
RV: EG
