WASHINGTON – Las crecientes presiones políticas sobre las autoridades electorales en Honduras -que prevé elegir presidente, parlamentarios y alcaldes el 30 de noviembre- amenazan el derecho a participar en elecciones libres y justas, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) este lunes 24.
Juanita Goebertus, directora para América en HRW, declaró que “las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”.
“Las misiones internacionales de observación electoral deberían monitorear de cerca el proceso y llamar a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes”, agregó Goebertus.
En los comicios seis millones de hondureños dentro del país y medio millón en el extranjero están llamados a escoger un nuevo presidente o presidenta, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.
Cinco candidatos buscan la presidencia y tres encabezan los sondeos de firmas encuestadoras: Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal; Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, y Rixi Ramona Moncada, del oficialista e izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Los otros candidatos son Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad, y Mario Rivera, de Democracia Cristiana.
Los actos de campaña cerraron con caravanas de vehículos y mítines una semana antes de las elecciones, y con acusaciones de distintos candidatos sobre supuestas maniobras para propiciar fraudes.
En una carretera del norte del país un camión que el 23 de noviembre transportaba a opositores sufrió una avería en su sistema de frenos y atropelló a un grupo de motoristas, con saldo de nueve personas muertas y más de 30 heridos.
HRW señaló que las denuncias de fraude, formuladas tanto por la presidenta Xiomara Castro (del partido Libre), como por miembros de partidos de oposición, afectan la credibilidad del proceso electoral.
También observó que en las últimas semanas el Ministerio Público abrió investigaciones penales contra altas autoridades electorales, y que enfrentamientos públicos entre los consejeros del CNE han retrasado en repetidas ocasiones la adjudicación de los contratos necesarios para organizar las elecciones.
Desde 2019, recordó HRW, la autoridad electoral está dividida entre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la máxima instancia en materia de justicia electoral, y el CNE, responsable de administrar el proceso electoral.
Ambas instituciones están integradas por tres miembros propietarios, elegidos por una votación de dos tercios en el Congreso, mediante un acuerdo político entre los partidos Nacional, Liberal y Libre—los tres con mayor representación—que permitió a cada uno asegurar un representante en cada órgano.
En los últimos meses, las crecientes tensiones entre los consejeros han paralizado el funcionamiento del CNE.
El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra Cossette López, consejera del Partido Nacional en el CNE, por supuestamente intentar manipular los resultados electorales.
Zelaya se basó en una serie de audios que, según López, fueron manipulados. La presidenta Castro calificó las grabaciones como parte de una “conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral”.
El 10 de noviembre, fiscales abrieron una investigación contra dos magistrados del TJE, alegando que habían actuado de manera ilegal al aprobar una resolución con solo dos de los tres magistrados del tribunal presentes.
El 9 de noviembre, el CNE realizó un simulacro del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares.
El consejero Marlon Ochoa, de Libre, sostuvo que la prueba había fracasado y que las fallas en el sistema revelaban “la existencia de una conspiración contra el proceso electoral orquestado desde el propio seno del órgano electoral”.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas solicitó al CNE que proporcionara a la institución una copia del acta de cierre de la elección presidencial el día de los comicios. Ana Paola Hall, presidenta del Consejo, dijo que rechazó esta solicitud.
La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben garantizar la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales el día de la votación, pero no le otorga autoridad para acceder, contar, transmitir o revisar resultados.
El 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar una acción penal por difamación contra López.
La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos expresó “preocupación por las acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral” y alertó sobre una “excesiva intervención judicial” en los comicios.
La Unión Europea también envió una misión de observación electoral a Honduras. El 18 de noviembre, la UE expresó preocupación por desarrollos que podrían socavar las instituciones electorales hondureñas antes de los comicios, y señaló que los órganos electorales deben poder operar de manera independiente y transparente.
En ese contexto de creciente desconfianza y denuncias de posible fraude, HRW sostuvo que, para preservar la credibilidad del proceso, “será fundamental el papel de las misiones independientes de observación electoral, nacionales e internacionales”.
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