BLOOMINGTON, Estados Unidos – El fortalecimiento de los derechos territoriales indígenas protegerá más bosques en la Amazonía brasileña y evitará grandes cantidades de emisiones de carbono, según una nueva investigación publicada en vísperas del comienzo de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático.
Un análisis realizado por el Fondo de Defensa Ambiental (EDF, en inglés) concluye que las tierras indígenas y las áreas protegidas son fundamentales para resolver la deforestación. Sin ellas, la pérdida de bosques en la Amazonía brasileña sería 35 % mayor. Esto daría lugar a un aumento de casi 45 % en las emisiones de carbono.
En un momento en que la selva amazónica está perdiendo constantemente su cobertura forestal y se encuentra en un punto de inflexión irreversible, el informe afirma que «poner más bosques bajo la protección de los indígenas o del gobierno evitaría hasta 20 % adicional de deforestación y 26 % de emisiones de carbono para 2030».
El análisis, titulado «La importancia de las áreas protegidas en la reducción de la deforestación en la Amazonia legal», como se denomina a la región amazónica brasileña, ambién concluye que las áreas protegidas actuales —tierras indígenas y unidades de conservación— evitarán una deforestación total estimada de 4,3 millones de hectáreas entre 2022 y 2030 en los nueve estados brasileños.
La Amazonia es la región de la selva más grande del mundo, que se expande por ocho países sudamericanos, encabezados por Brasil.
El impacto significaría que se evitarían 2,1 GtCO₂e (gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente), más que las emisiones anuales de carbono de Rusia, o aproximadamente 5,6 % de las emisiones anuales mundiales.
Aproximadamente 63,4 millones de hectáreas de bosques amazónicos brasileños siguen sin protección, y si estas tierras se designaran como tierras indígenas o protegidas, se podría evitar la pérdida de bosques debido al acaparamiento de tierras, la ganadería, el cultivo de soja u otras actividades destructivas.
«La Amazonia, como ahora coinciden claramente todos los científicos climáticos, se está acercando a un punto de inflexión que, si se supera, significará que una gran parte del ecosistema se desintegrará y se transformará de bosque en sabana arbustiva», afirma Steve Schwartzman, vicepresidente asociado de Bosques Tropicales de EDF.
«No está claro cuán cerca estamos del punto de inflexión, pero sí está muy claro que hay que detener la deforestación y comenzar a restaurar las áreas que han sido deforestadas», añade.
Afirma que el futuro de la selva tropical más grande del mundo, el Amazonas, que ya se encuentra en dificultades, depende de la protección de esta vasta zona de territorios indígenas, áreas protegidas y territorios quilombolas.
«Ahora que los delegados se reúnen para la COP30, es fundamental que cuenten con pruebas que apunten a las soluciones más eficaces», añadió.
Belém do Pará, una ciudad brasileña de la región amazónica, acoge las negociaciones anuales de las Naciones Unidas, obre el clima del 10 al 21 de noviembre. La conferencia será precedida de manera excepcional por una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de las 197 países parte de las COP, los días 6 y 7.
La investigación muestra que las tierras gestionadas por los pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y almacenan una cantidad de carbono significativamente mayor que otras zonas.
Entre 1985 y 2020, 90 % de la deforestación del Amazonas se produjo fuera de las tierras indígenas, con solo 1,2 % de pérdida de vegetación autóctona durante ese periodo.
Los territorios amazónicos gestionados por comunidades indígenas con derechos territoriales reconocidos han almacenado mucho más carbono del que han emitido. Entre 2001 y 2021, liberaron alrededor de 120 millones de toneladas métricas de carbono (CO₂) al año, mientras que eliminaron 460 millones de toneladas métricas.
Los nueve estados de la Amazonia legal brasileña —Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins— contienen aproximadamente 60 % de toda la selva amazónica, extendida también por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
De la superficie total de la región, que es de 510 millones de hectáreas, en 2022, alrededor de 393 millones de hectáreas estarían cubiertas por vegetación nativa en los biomas de la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal. A finales de 2021, la región había deforestado 112,5 millones de hectáreas.
«Las áreas protegidas de la Amazonia legal brasileña son fundamentales para la preservación de la vegetación autóctona, las reservas de carbono, la biodiversidad, la prestación de servicios ecosistémicos y los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales», afirmó Breno Pietracci, consultor economista medioambiental e investigador principal del informe.
Añadió que «nuestro modelo refleja que las áreas protegidas evitan la deforestación dentro de sus límites y más allá de ellos debido a las interacciones espaciales en todo el paisaje».
Mientras los países se preparan para presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en la COP30, los pueblos indígenas de Brasil han presionado a los gobiernos para que incluyan en sus planes el reconocimiento de las tierras indígenas, el apoyo a las soluciones climáticas lideradas por los indígenas y una mayor protección legal de las tierras indígenas.
«Creemos que no es posible proteger la Amazonía, donde tenemos pueblos quilombolas y afrodescendientes, sin reconocer sus derechos en las negociaciones climáticas de la ONU», afirmó Denildo «Bico» Rodrigues de Moraes, coordinador ejecutivo de la Coordinación Nacional de Comunidades Negras Rurales Quilombolas.
Añadió que «es muy importante para nosotros que se nos reconozca, que esto se reconozca en las negociaciones climáticas de la ONU».
