TEGUCIGALPA – Ubicado como el tercer país más vulnerable del mundo según el Índice de Riesgo Climático 2025 de Germanwatch, Honduras enfrenta una paradoja profunda: mientras su fragilidad ante huracanes, inundaciones y sequías se acentúa año con año, el país ha presentado una segunda actualización de su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) que podría parecer más una declaración de intención que una hoja de ruta viable.
La NDC, que es el documento mediante el cual el país presenta sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – una acción prevista en el Acuerdo de París, en el que las naciones se comprometen a frenar el calentamiento global -, promete reducir emisiones, restaurar bosques y avanzar hacia un desarrollo resiliente.
El análisis de la NDC es la carta de presentación hondureña para la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que hospedará la ciudad amazónica de Belém do Pará, en el norte de Brasil, desde el lunes 10 y hasta el día 21.
Sin embargo, la gran pregunta es si este compromiso es compatible con la realidad estructural de este país centroamericano.
Con instituciones débiles, limitaciones financieras y una implementación lenta de políticas climáticas, la ambición de la NDC no parece realista, ya que el país no señaló medidas que indiquen un plan de acción concreto. Mientras, el territorio paga cada año – con vidas y pérdidas millonarias – el precio del cambio climático.
El documento, elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mantiene la meta de reducir un 16% de las emisiones proyectadas para 2030, además de incorporar por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (Utcuts), en busca de mayor cobertura de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero.
Aunque el documento oficial, presentado en abril de 2025, busca mostrar compromiso con el Acuerdo de París, los especialistas consultados por el reportaje coinciden en que la falta de financiamiento, la débil institucionalidad y la ausencia de voluntad política amenazan su cumplimiento real.
José Ramón Ávila, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) y voz crítica del sector social, señala que, aunque Honduras asumió trece objetivos estratégicos de mitigación y adaptación en la NDC de 2021, “la agenda climática sufre un grave retroceso porque no se están abordando los problemas fundamentales para una gestión climática favorable al país”.
Destaca la falta de acciones efectivas en temas clave como desarrollo rural sostenible, transición energética y control de la deforestación, donde predominan los anuncios sobre la implementación real.
Una ambición más metodológica que política
Toda la ambición climática nacional sigue siendo condicionada al financiamiento internacional. Según el documento oficial, el cumplimiento dependerá de la llegada de fondos externos bajo el Acuerdo de París, que cumple ahora 10 años. Esto implica que, sin recursos extranjeros, la mitigación y adaptación no avanzarán.
Ana Rosario Velásquez, cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras, considera que se trata de “un plan sin músculo financiero ni capacidad institucional para ejecutarse”, subrayando la falta de una cartera de proyectos bancables, cronogramas de ejecución o mecanismos de monitoreo y transparencia.
El incumplimiento de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados vuelve a poner en evidencia la brecha entre las promesas y la acción climática.
Aunque existía la expectativa, por parte de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo, de que la nueva meta global de financiamiento (NCQG) alcanzará los 1,3 billones de dólares anuales (a partir de una estimación de cuánto dinero sería necesario para acelerar la transición energética y hacer frente a los impactos del cambio climático), el acuerdo de la última COP apenas alcanzó los 300 000 millones para 2035.
Quedó pendiente la elaboración de una hoja de ruta que, según lo pactado, deberá indicar los caminos para alcanzar los 1,3 billones (millones de millones) de dólares de financiamiento, aunque no se trata de un nuevo acuerdo oficial.
Además, esta segunda actualización de la NDC de Honduras incorpora por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, lo que permite contabilizar sumideros y remociones de gases bajo las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Según la Serna, esta inclusión fortalece la integridad ambiental y hace la NDC más “integral y transparente”.
Ávila señala que incluir este cambio puede tener impacto dependiendo de cómo se aplique la regulación: si hay mayor control sobre la tala y mejor gestión forestal, la emisión de gases puede reducirse, pero advierte que esto requiere voluntad política y acciones concretas que no están ocurriendo actualmente en el país.
Por su parte, Ricardo Pineda, director de Sustenta Honduras, advierte que la actualización de la NDC aumenta artificialmente la línea base de emisiones; explica que tiene que ver con que la meta de reducción de emisiones es con base a una duplicación de las emisiones actuales.
“Es como querer vender una reducción de emisiones en porcentaje, pero en números reales, se está anticipando un incremento de emisiones. Como que muestra que hacen las cosas por el compromiso y no por voluntad en acción climática”, dice.
Esta “ambición metodológica” cumple con las demandas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero carece de una traducción práctica en políticas energéticas, agrícolas o forestales. En lugar de consolidar una visión estratégica con resultados cuantificables, la actualización convierte el ejercicio de mitigación en un cálculo contable, sin efectos reales sobre la descarbonización del país.
Para los especialistas consultados, el problema radica en que la NDC hondureña fue construida como un documento técnico más que político, sin anclaje en planes operativos ni respaldo presupuestario que garantice su aplicación.
Velásquez advierte que Honduras “pinta de verde el fracaso” porque depende casi por completo del financiamiento internacional, sin generar recursos nacionales ni fortalecer sus propias instituciones.
Pineda añade que, con este enfoque, Honduras se autoexcluye del acceso al financiamiento climático internacional porque “no está demostrando voluntad ni claridad en sus compromisos de mitigación”, mientras que Ávila subraya que “el problema no es técnico sino político: el país carece de voluntad para transformar su modelo extractivo y energético”.
Adaptación: el talón de Aquiles climático
La adaptación climática se ha consolidado como uno de los pilares más urgentes de la acción ambiental en Honduras. En la segunda actualización de su NDC, el gobierno reafirma que la meta no solo es reducir emisiones, sino también fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas ante la crisis climática.
Además, busca fortalecer la resiliencia en sectores críticos como el agrícola, marino-costero, hídrico, infraestructura y biodiversidad, alineándose con los ejes del Plan Nacional de Adaptación (PNA).
Según la Primera Comunicación Nacional de Adaptación (2023), las prioridades incluyen aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, proteger ecosistemas degradados, restaurar manglares y humedales, e incorporar criterios de adaptación en la planificación territorial y de infraestructura.
Sin embargo, a pesar de contar con un marco técnico robusto y estrategias como la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), la implementación enfrenta limitaciones de recursos, ausencia de coordinación interinstitucional y un acceso desigual a los mecanismos de financiamiento climático.
César Quintanilla, especialista en cambio climático, señala que Honduras “está desnuda ante los impactos climáticos”, con comunidades costeras y agrícolas que siguen perdiendo hogares y medios de vida por inundaciones, erosión y aumento del nivel del mar.
Aunque la NDC menciona la alta vulnerabilidad del país, no incorpora medidas operativas de adaptación, como planes territoriales, sistemas de alerta temprana o financiamiento para ciudades y comunidades rurales.
Un ejemplo de ello es la comunidad costera de Cedeño, donde en las últimas cuatro décadas, el avance sostenido del mar hacia tierra firme ha provocado una severa erosión costera en el golfo de Fonseca, al sur de Honduras. El fenómeno ha reducido considerablemente la franja de playa y destruido viviendas, negocios y restaurantes en antiguas zonas turísticas en el municipio de Marcovia.
Este retroceso del litoral, causado por el aumento del nivel del mar y las marejadas más intensas, ha transformado el paisaje y obligado a decenas de familias a desplazarse, dejando tras de sí comunidades fragmentadas y una economía local cada vez más golpeada por los efectos del cambio climático.
Rosa María Pastrana, de 68 años y mujer pescadora, ha visto cómo el mar ha arrasado con casas –incluida la suya— y cómo el medio de vida –los peces—se está escaseando producto del cambio climático.
Pese a la vulnerabilidad que están experimentando, Pastrana lamenta que las autoridades municipales y del gobierno central no se han preocupado por implementar planes de mitigación ni mucho menos de adaptación. “Nosotros hemos aprendido a vivir con el avance del mar, aquí nos han dejado solos”.
La casa de Rosa María está bajo el mar, al igual que la de muchos lugareños y aunque las afectaciones son desde hace años, en Marcovia aún no se ha implementado un plan de ordenamiento territorial. De acuerdo con las autoridades municipales, la falta de recursos ha impedido concretar el estudio de ordenamiento territorial elaborado junto a la Embajada de la República de China (Taiwán).
En las palabras de Quintanilla, Honduras “no ha logrado traducir su vulnerabilidad en acción”, ya que las comunidades más expuestas —especialmente las rurales y costeras— siguen sin apoyo para responder ante sequías, huracanes e intrusión y erosión marina. Este desfase entre planificación y ejecución convierte la adaptación en una deuda ambiental y social urgente dentro de la agenda climática nacional.
¿Cómo se presentará Honduras en la COP30?
De cara a la COP30 en Belém, los entrevistados consideran que Honduras llega con discursos verdes y manos vacías, con una agenda débil y sin una estrategia climática concreta.
Para Pineda, la delegación hondureña asistirá “fragmentada y sin preparación”, centrada más en el contexto electoral del país que en la urgencia climática.
Honduras decidirá quién será su próximo presidente o presidenta el 30 de noviembre, solo una semana después de celebrada la COP30, y el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, es el jefe de campaña de la candidata del partido Libertad y Refundación, actualmente en el poder.
Pineda advierte que la falta de coordinación institucional y de representación de la sociedad civil refuerza la exclusión de comunidades, mujeres y jóvenes de los espacios de negociación internacional.
Además, sostiene que “será la COP más importante para la región, pero Honduras llega con la menor preparación”, sin proyectos listos ni una posición alineada con los objetivos globales de mitigación y adaptación.
Esta situación, según Pineda, no solo debilita la credibilidad del país dentro del proceso de la CMNUCC, sino que también limita el acceso a fondos climáticos internacionales, en particular los destinados a pérdidas y daños.
Desde la sociedad civil, voces como la de Velásquez y Ávila lamentan que el gobierno llegue a Belém “con las manos vacías”, llevando un discurso que promete acción climática, pero sin sustento técnico ni financiero.
Ávila considera que Honduras “asistirá en deuda con su población y con sus compromisos internacionales”, debido a la falta de voluntad política, poca investigación aplicada y escasa articulación entre academia, sector público y comunidades.
Quintanilla es aún más crítico: asegura que el país repetirá el mismo patrón de años anteriores, con delegaciones numerosas, pero poco técnicas, que no participan en las mesas de negociación ni aportan propuestas concretas.
Para recuperar credibilidad y viabilidad, los especialistas recomiendan adoptar un Plan Operativo NDC 2025–2030 con metas medibles, presupuestos asignados y participación ciudadana real. Solo entonces, Honduras podría dejar de ser percibida como un país con fracasos en la gestión climática en Centroamérica y avanzar hacia un enfoque más justo, coherente y resiliente frente a la crisis.
Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina y el respaldo de Oxfam.
RV: EG
