LIMA – El legislativo Congreso de Perú destituyó la madrugada de este viernes 10 a la presidenta Dina Boluarte y la reemplazó a la cabeza del Estado por el titular del parlamento, José Jerí, con lo que este país sudamericano cuenta ya con siete presidentes en apenas nueve años.
Boluarte, abogada de 63 años que en diciembre de 2022 reemplazó a otro destituido, Pedro Castillo, fue declarada en “vacancia por incapacidad moral permanente” por prácticamente todas las bancadas, con 122 votos en favor de esa moción y ninguno en contra en el Congreso unicameral.
Jerí, del partido de derecha conservadora Somos Perú y quien apenas hace dos meses asumió como presidente del Congreso, deberá gobernar hasta que el próximo año, en abril, se elija el presidente que tomará las riendas del país a partir de julio.
El también abogado, de 38 años, se encumbra en la política peruana pese a arrastrar al menos cuatro causas que cuestionan su ética, incluida una acusación por abuso sexual sobre una mujer, en medio de una reunión marcada por el alcohol, y que fue archivada en vísperas de su elección al frente del Congreso.
Se le ha señalado de enriquecimiento ilícito desde que llegó al Congreso en 2021, y luego por presuntamente dirigir una red de corrupción cuando presidió la Comisión de Presupuesto del parlamento, cargos todos negados por Jerí, quien los atribuye a maniobras políticas de sus oponentes.
La fulminante destitución de Boluarte, una gobernante prácticamente sin piso político y sin respaldo popular, y su relevo por una figura carente de una trayectoria sólida y de ética cuestionada, evidenció de nuevo la fragilidad del poder presidencial y de la gobernabilidad en Perú.
El fragmentado Congreso, dominado por fuerzas del fujimorismo y otros grupos de derecha, utiliza el poder que le da la vacancia para remover presidentes o perseguirlos después por casos de corrupción, que la justicia apoya con sus sentencias.
Desde el año 2000 el país ha padecido una accidentada conducción en las manos de 11 presidentes antes de Jerí, comenzando con la renuncia ese año de Alberto Fujimori (1990-2000), quien iniciaba un cuestionado tercer mandato.
Le reemplazó Valentín Paniagua, quien condujo una transición con amplio apoyo, y corrección administrativa, hasta la elección de su sucesor Alejandro Toledo (2001-2006). Desde entonces todos los mandatarios resultaron envueltos en escándalos de corrupción, o gobernaron accidentados períodos tan breves como de cinco días.
Incluso uno, el socialdemócrata Alan García, dos veces presidente (1995-2000 y 2006-2011), alcanzado por la escandalosa ola de sobornos en la región a cargo de la constructora brasileña Odebrecht, se suicidó en 2019 minutos antes de cuando se aprestaban a detenerlo para ser llevado a juicio.
Por contraste con la inestabilidad en el frente político, la economía peruana ha mostrado buenas cifras en las dos últimas décadas, con el motor de la minería y China como socio destacado.
Este año, mientras se deshilachaba el mandato de Boluarte, el Fondo Monetario Internacional previó que el producto interno bruto crecerá tres por ciento, cifra que, aunque modesta, supera el promedio de la región latinoamericana.
Pero la gestión de Boluarte descendió a cota récord de reprobación y rechazo, prácticamente en los márgenes de error hacia cero, principalmente por la situación de inseguridad que ha exasperado a este país de 33 millones de habitantes.
Las cifras de homicidios asesinatos y extorsiones han crecido incesantemente en los últimos nueve años, con 1690 asesinatos entre enero y septiembre de 2025. Las mafias han asesinado este año a 180 conductores de autobuses que se negaron a pagar extorsiones.
La gota que colmó el vaso fue el ataque a tiros, esta semana, contra el popular conjunto de música de cumbia Agua Marina, en pleno concierto en el Círculo Militar en el distrito Chorrillos de la capital. Cuatro integrantes y un vendedor de bebidas entre el público resultaron heridos.
Boluarte, quien en el puesto de vicepresidenta fue compañera de fórmula de Castillo en la elección de 2021, reemplazó al mandatario izquierdista apenas el Congreso lo destituyó, en una acción protestada por manifestaciones populares en las provincias más pobres de Perú.
La represión de esas protestas dejó más de 60 muertos y centenares de heridos. Boluarte se negó a renunciar o a adelantar elecciones.
Aquellas protestas evidenciaron también la fragmentación entre la población rural y Lima y sus poderes políticos, que ya se habían expresado con la elección de Castillo, un maestro rural que habia prometido poner a esos poderes al servicio del país que olvidan.
Boluarte luego se vio envuelta en una serie de acusaciones, como la obtención de un costoso reloj no declarado, el procesamiento de un hermano suyo por tráfico de influencias, el uso indebido de recursos públicos para gastos personales y por duplicarse el sueldo hasta alcanzar 25 veces el salario mínimo de los peruanos.
Este año promulgó una polémica ley de amnistía para agentes del orden involucrados en crímenes durante la lucha antiterrorista de finales del siglo pasado, a pesar de los pedidos de órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano para que detuviese esa promulgación.
En el terreno internacional, Boluarte chocó con los gobiernos izquierdistas de Colombia, Honduras y México. Pudo en cambio sostener una buena relación con China, convertido en importante inversor en la economía peruana.
El relevo de Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú, al cabo de casi tres años de deslucida gestión, no generó reacciones inmediatas en las calles de las principales ciudades, con la excepción del regreso al trabajo de algunos conductores de transporte que habían paralizado varias líneas en protesta por la inseguridad.
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