LA PAZ – La mañana del 20 de enero de 2023, el presidente Luis Arce anunció el inicio de la “era de la industrialización” del litio boliviano. Frente a un auditorio en la Casa Grande del Pueblo —sede gubernamental en La Paz—, el mandatario afirmó, de manera audaz, que para el primer trimestre de 2025 el país estaría exportando baterías de litio hechas con materia prima local.
La presencia de Arce resaltaba la firma del primer convenio de la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y una compañía extranjera: Hong Kong CBC, un consorcio chino formado por el gigante de las baterías CATL y su filial Brunp, además de la empresa minera CMOC.
Tras varios intentos fallidos por entrar en el negocio internacional del litio, el jefe de Estado apuntaba a que por fin Bolivia lograría vender sus recursos naturales con valor agregado. “No hay tiempo que perder”, repitió un par de veces.
Una nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos refiere que el documento comprometía la implementación de dos complejos industriales con tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Presentado como una forma de extracción menos perjudicial para el medioambiente y menos intensiva en agua que la evaporación tradicional de las salinas, este método era “una solución viable, real y de rápida implementación”, dijo el entonces ministro Franklin Molina. Cada complejo produciría “hasta 25.000 toneladas al año de carbonato de litio” en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro).
Pero cinco meses más tarde, YLB tuvo que salir a aclarar que lo que se presentó e enero de 2023 fue un convenio de estudio; no un contrato para emplazar plantas.
La diputada María José Salazar y otros actores civiles y políticos le reclamaban al gobierno de Arce que el documento firmado no se conociera ni pasara por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como estipula la Constitución, que faculta a la legislatura nacional para debatir y, por lo tanto, aprobar o rechazar los contratos relacionados con los recursos naturales.
Desde entonces, Bolivia —con 23 millones de toneladas cuantificadas de recursos de litio, esencial para las ambiciones mundiales en materia de energía limpia— ha firmado “convenios y acuerdos” con empresas de seis países, aunque aún se desconoce su contenido y número exacto.
Solo con entidades chinas, se entiende que se han firmado cuatro instrumentos legales de este tipo para trabajar en el salar de Uyuni, uno de los cuales, con Hong Kong CBC, se ha convertido en contrato.
Las otras empresas con las que se han establecido compromisos proceden de Rusia (Uranium One Group, un contrato y un acuerdo), Australia y Alemania (Eau Lithium Pty Ltd), Francia (Geolith Actaris) y Argentina (Tecpetrol).
Los tres últimos se firmaron el pasado mes de diciembre. Los objetivos de estos acuerdos son estudios y pruebas, así como la exploración y “aprovechamiento de recursos evaporíticos”, un eufemismo para referirse a extracción de litio, según dijo la diputada indígena Toribia Lero a Dialogue Earth.
La minería de litio ha sido considerada durante mucho tiempo como un impulso potencialmente significativo para la economía tambaleante del país sudamericano.
Pero a medida que aumenta el impulso hacia la extracción, figuras de la política y la sociedad civil expresan su preocupación por la falta de información pública sobre estos acuerdos de litio, su estado y los próximos pasos a seguir.
Mientras tanto, siguen expresándose las inquietudes de larga data sobre las posibles implicaciones socioambientales para las comunidades cercanas a los sitios de extracción de salares.
Acuerdos y dudas
Ni bien asumió el poder en 2021, Arce decidió dejar de lado la extracción tradicional evaporítica que había iniciado su antecesor, Evo Morales, y apostó por la extracción directa de litio. La primera convocatoria internacional salió en 2021 y en mayo de 2024, salió la segunda.
“Son convocatorias con varias fases. Tras seleccionar a las empresas que avanzan a la primera, se les exige firmar un acuerdo de confidencialidad, antes de avanzar a la segunda fase. En esa etapa deben presentar sus proyectos. Además, se les permite inspeccionar en terreno”, explica Lero, segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. “De la tercera fase en adelante, no se sabe absolutamente nada”, añade.
La congresista ha pedido al Ejecutivo 24 informes sobre el contenido de los documentos firmados por YLB y compañías extranjeras; el número corresponde al de los posibles acuerdos con empresas que figuran en una lista presentada por YLB tras la segunda licitación.
El más reciente fue enviado en septiembre de 2024 y respondido en abril de este año. En el informe de una página, al que tuvo acceso este medio, se lee: “YLB aclara que, el citado convenio [con CBC de China], contiene una cláusula de confidencialidad relacionada con la protección directa o indirecta, sobre todos los datos e información técnica existente, suministrada por ambas partes, lo que imposibilita su remisión”.
Cuando empezaron a surgir los cuestionamientos de opacidad respecto a los convenios, el entonces presidente de YLB, Carlos Ramos, mencionó que la confidencialidad era para preservar las tecnologías de EDL. Un año después, su sucesora, Karla Calderón, aseguró a un medio local, que los convenios eran fases iniciales de proyectos y que solo si pasaban a ser contratos debían ser enviados a la Asamblea Legislativa.
Hasta ahora, solo dos de ellos han llegado a la fase de contratos y estaban paralizados en la Asamblea Legislativa desde finales de 2024. Uno solo, el de la rusa Uranium One Group, fue aprobado este 12 de agosto de forma parcial, a solo cinco días de las elecciones presidenciales y en medio de un acalorado debate y desacuerdo en el recinto legislativo.
El otro contrato, con el consorcio chino Hong Kong CBC, aún no se ha abordado y no se espera que sea aprobado por los actuales legisladores, que terminarán su mandato el 7 de noviembre, dando paso a una nueva asamblea que comenzará el 8 de noviembre.
En la primera vuelta de las elecciones generales del 17 de agosto, el candidato del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo solo 3 % de los votos. Dos candidatos, el centrista Rodrigo Paz y el expresidente de derecha Jorge Quiroga, se enfrentarán en una segunda vuelta el 19 de octubre.
Los enigmas detrás del litio boliviano
Un e empleado de YLB reveló a Dialogue Earth que, durante la primera convocatoria a empresas extranjeras, la estatal del litio expuso los cuadros de comparación sobre energía y uso de agua entre las firmas que estaban en competencia. “Para la segunda [convocatoria] nos han sacado por completo, ni siquiera hay supervisión técnica. YLB lo hace [aprueba o desaprueba compañías] a puerta cerrada”, sentenció.
El argumento de la estatal para no entregar información se basa en la Ley 928, que le otorga “autonomía de gestión técnica, administrativa, legal y financiera”. Sin embargo, tal norma no la exime de responder al citado Ministerio y a la Contraloría General del Estado.
“El derecho de acceso a la información es parte del bloque constitucional. Y los tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, tienen rango constitucional en Bolivia”, asegura José Pablo Solón, investigador de la Fundación Solón, en referencia al histórico tratado latinoamericano que consagra el acceso a la información en materia ambiental, que Bolivia ratificó en 2019.
Ni siquiera los dos contratos que llegaron al Congreso se conocieron en su totalidad en un principio. Diversas fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje, coincidieron en que circularon varias versiones. Las más completas tienen 145 (Uranium One) y 250 (CBC) páginas.
Estos detalles y otras observaciones de fondo generaron una serie de protestas, especialmente de comunidades indígenas de Nor Lípez, en Potosí, territorio que se vería afectado por las empresas Uranium One Group y el consorcio CBC, según se lee en los documentos
En mayo pasado, representantes de dichas comunidades presentaron una acción popular. Se trata de un mecanismo constitucional para proteger derechos colectivos como el medio ambiente, salud o acceso a servicios esenciales.
Inicialmente, el juez Edson Villarroel Herrera ordenó suspender el tratamiento legislativo de los contratos y la ejecución de obras, “hasta garantizar estudios socioambientales y el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada”. Ante la protesta del gobierno, días después dejó sin efecto la medida cautelar e indicó que la acción popular no era el mecanismo legal para exigir ni frenar contratos.
“El documento que presentaron los comunarios tiene evidencias de que no solo que no hubo consulta previa e informada, sino que ya hay humedales que ya se han secado”, asegura Fátima Monasterio, abogada de los demandantes, refiriéndose a las lagunas salinas que conforman un ecosistema de humedales en Nor Lípez.
Las comunidades temen que los procesos de extracción de litio, conocidos por su alto consumo de agua, ejerzan una presión adicional sobre las fuentes hídricas, ya de por sí escasas, incluso aunque la EDL proponga reducir esta demanda.
El contrato con Uranium One
Entretanto, otra batalla se libra en la Asamblea Legislativa desde finales de 2024, cuando los contratos empezaron a llegar para su tratamiento.
Tras varios intentos fallidos, en los que hubo gritos y otros incidentes, finalmente en agosto el contrato de Uranium One Group fue aprobado de manera parcial en agosto.
Sin embargo, días después, un juez dictaminó que no se debía seguir debatiendo la cuestión hasta que se hubiera realizado una evaluación de impacto ambiental y se hubiera consultado previamente a las comunidades indígenas que viven en la zona.
Se trata de un compromiso para “desarrollar, construir, implementar y emplazar una planta” que se supone producirá 14 000 toneladas de carbonato de litio al año, en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando tecnologías de EDL. El costo estimado de inversión es de 975 millones de dólares.
Fernando Patzy, economista boliviano, experto en gobernanza de recursos naturales e industria del litio, aclara que el contrato omite datos sobre la manera que YLB pagará la inversión de Uranium One. “Si bien se menciona que será con producto [carbonato de litio], no especifica cantidad, calidad ni plazos, lo que no permite evaluar la conveniencia del negocio”, explica.
José Pablo Solón, autor del libro Espejismos de abundancia. Los mitos de la industrialización de litio en el Salar de Uyuni, sostiene que el contrato contiene generalidades y carece de especificaciones clave.
El otro punto que observan es el consumo anual de agua dulce. Según el documento, la operación para extraer el recurso afectará 219 km2 de la costra salina del Salar de Uyuni y una cuenca de 419 km2 dentro del territorio indígena Nor Lípez, con un consumo anual de agua dulce de aproximadamente 1 184 471 metros cúbicos.
Esto equivale al consumo anual de unas 32 500 personas en la ciudad de La Paz, tomando como referencia un consumo promedio de 100 litros de agua potable al día. “Hay información sobre los volúmenes de salmuera y agua que requiere la operación, parecen muy grandes, especialmente el agua dulce. Es extraño, porque teóricamente se está optando por la extracción directa de litio para preservar el agua”, observa Patzy.
La documentación aclara que las inversiones y gastos operativos del proyecto serán cubiertos con ingresos que se generen de la comercialización del litio que se produzca en la planta. Según YLB, los ingresos anuales por este negocio serán de 315 millones de dólares.
“Esto querría decir que el precio por tonelada de carbonato de litio a nivel internacional debería rondar los 30 mil dólares”, observa Solón.
A finales de 2022, los precios internacionales alcanzaron 80 000 dólares por tonelada y actualmente oscilan los 10 mil dólares. “O alguien tiene una fórmula secreta para triplicar el valor de mercado, o se ha hecho un cálculo excesivamente optimista”, añade.
El contrato con CBC
El segundo contrato es con el consorcio chino Hong Kong CBC, conformado por compañías como CATL, el mayor fabricante mundial de baterías de litio para sistemas de almacenamiento de energía y electromovilidad. El documento es fruto de las dos convocatorias que hizo YLB, en 2021 y 2024, ya que se presentó a ambas.
En la cláusula 4 se lee que, una vez aprobado, le “prestará servicios” a la estatal YLB. Los mismos incluyen: realización del diseño final de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de dos plantas en el salar de Uyuni.
Una vez entren en marcha, las plantas producirán entre 10 000 y 25 000 toneladas de carbonato de litio al año. La inversión alcanza 1030 millones de dólares.
“CBC se encargará del diseño, construcción, operación y mantenimiento de las plantas, mientras que YLB pagará al consorcio chino con parte del carbonato de litio generado”, resume Solón.
En el análisis de los documentos, los expertos coinciden en que hay “imprecisiones” y “cláusulas extrañas”. Además, información que no coincide, como el índice del anexo de la planta de EDL, que señala: 8.1 Materia prima; 8.2, Fuente de agua. Pero cuando uno se remite al acápite “8.2”, este no existe.
En la cláusula novena, dice Solón, hay un detalle interesante. Si las plantas no logran producir los volúmenes acordados de producto durante tres meses consecutivos, ambas partes deben investigar la causa. Si se determina que una de ellas es responsable, esta debe indemnizar a la otra por las pérdidas ocasionadas.
Al igual que con Uranium One Group, una vez más, los precios que estima la estatal boliviana no condicen con la realidad. Los informes que acompañan el contrato con CBC para los 36 años de operación de las plantas consideran un precio promedio de 24 600 dólares en un escenario pesimista, y 26 100 dólares, en un escenario optimista.
En el tema del agua, si bien el Ministerio de Hidrocarburos advierte que no corresponde una consulta, “porque las plantas no estarán en territorios indígenas”; la documentación presentada a los diputados señala que las fuentes de agua a ser impactadas se encuentran dentro de Nor Lípez, específicamente en las cuencas de Cieneguillas y San Gerónimo.
Desde el territorio
La noche del 19 de enero de 2023, un mensaje de texto llegó a los teléfonos celulares de los máximos líderes indígenas de Nor Lípez. Procedía de la Presidencia del Estado. Era una invitación para asistir al acto oficial de lanzamiento de la “industrialización del litio boliviano”, en la Casa Grande del Pueblo, La Paz, a 682 kilómetros de distancia.
“No nos dio tiempo para movilizarnos, así nos enteramos de lo que estaba pasando. Si no era eso, ni siquiera hubiéramos sabido. La invitación era para las ocho de la mañana, ¿cómo íbamos a poder llegar?”, contó Néstor Ticona, ex-máximo líder de Nor Lípez, a Dialogue Earth.
Desde entonces, las comunidades de este territorio vienen resistiendo a un proceso en el que —aseguran— no se les ha consultado nada y temen perder sus sembradíos de quinua, y la producción de su ganado camélido.
Muchos de ellos, con la esperanza de encontrar trabajo en los proyectos de litio, esperan una explicación sencilla en su propio idioma sobre lo que sucederá con el agua y los residuos que dejarán los proyectos.
El investigador Gonzalo Mondaca, del Centro de Documentación e Información Boliviana (Cedib), dijo a Dialogue Earth que la cuestión va más allá de las preocupaciones medioambientales y económicas, ya que también tiene implicaciones culturales.
Es el caso del salar de Coipasa, que figura en la lista de los próximos salares a ser explotados por el Estado boliviano. Allí habita la Nación Quillacas. “En un cabildo fueron muy enfáticos en rechazar los contratos”, asegura el experto, que ha recorrido estos territorios en diferentes ocasiones.
El lugar tiene sitios sagrados, por lo que afectarlos es muy grave, sostiene la diputada indígena Lero. “Para nosotros, el agua es la sangre que fluye por el cuerpo de la Pachamama. Y los salares son la leche derramada de una madre que perdió a su niño”.
“Se puede aprovechar de la mejor manera los recursos, tener menos impactos en el Salar y en el medioambiente”, insiste.
Todo podría cambiar este mes, ya que tanto Paz como Quiroga, los dos candidatos a la presidencia de Bolivia en la segunda vuelta del 19 de octubre, han manifestado su compromiso durante sus campañas de no aprobar los contratos que actualmente se encuentran estancados en la asamblea legislativa.
Por un lado, Quiroga, considerado de derecha, ha propuesto convertir el “triángulo del litio” formado por Bolivia, Argentina y Chile en una “potencia”.
“Hay que abrirnos a la inversión, exportar el litio y hacer zonas francas para producir baterías en el Cono Sur”, dijo en una entrevista en agosto.
Por su parte, Paz, considerado de centro-derecha, propuso antes de la primera vuelta de las elecciones un plan de inversión internacional, considerando el litio “como uno más de los instrumentos de desarrollo de Potosí y la patria”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
