BRATISLAVA – El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sigue indultando a presos políticos en un intento aparentemente cada vez más exitoso por mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero los grupos pro derechos humanos han advertido a la comunidad internacional que no debe dejarse «engañar» pensando que la represión en el país está disminuyendo.
Lukashenko, que lleva más de 30 años gobernando Bielorrusia, ordenó en septiembre la liberación de más de 75 presos, la mayoría de ellos políticos, tras las negociaciones con funcionarios estadounidenses.
Sin embargo, los críticos han señalado que la liberación de cualquier preso es bienvenida, pero que la medida no debe interpretarse como una señal de que la persecución de los opositores al régimen está a punto de terminar, y señalan que en Bielorrusia se encarcela a personas por sus ideas políticas a un ritmo más rápido que el de su liberación.
«Aunque es positivo que se haya liberado a los presos, nunca deberían haber estado en prisión», dijo a IPS Maria Guryeva, responsable de campañas de Amnistía Internacional (AI).
Añadió que «ahora existe el riesgo de que la atención de la comunidad internacional se desvíe de las continuas represiones en el país. Hay personas que siguen en prisión, y otras que siguen siendo encarceladas, por ejercer sus derechos humanos».
«Mientras Lukashenko libera a algunas personas, al mismo tiempo detiene a otras: es como una puerta giratoria», alertó la directiva de AI.
Las advertencias se producen tras la liberación, el 11 de septiembre, de 52 presos, la mayoría de ellos políticos, y la puesta en libertad, el 16 de septiembre, de otros 25 presos de las cárceles bielorrusas.
Esto se produjo tras negociaciones directas con funcionarios estadounidenses y a cambio de una flexibilización de las sanciones impuestas a la aerolínea nacional de Bielorrusia, Belavia.
Las liberaciones también fueron seguidas por la confirmación por parte de funcionarios estadounidenses involucrados en las negociaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había comunicado a Lukashenko que Washington quiere reabrir su embajada en Minsk.
Trump también habló por teléfono con Lukashenko a principios de verano y, según se informa, incluso sugirió que podría celebrarse una reunión entre ambos en un futuro próximo.
Los expertos políticos afirman que unas relaciones mucho más estrechas entre Washington y Minsk, por no hablar de la flexibilización de las sanciones, supondrían un gran golpe de efecto para Lukashenko en materia de relaciones públicas.
También podría resultar atractivo para Trump, ya que subrayaría sus credenciales como maestro conciliador y defensor de los derechos humanos capaz de liberar a presos políticos, una estrategía en que está actuamente interesado en materia internacional.
Sin embargo, los activistas a favor de los derechos humanos en Biolorrusia temen que ver los beneficios políticos derivados de sus acciones solo anime a Lukashenko a utilizar a los presos como «moneda de cambio» para obtener más concesiones políticas en el futuro.
«Parece que se trata de una nueva táctica (del régimen bielorruso) para utilizar a los presos políticos como moneda de cambio, y parece estar funcionando, ya que Bielorrusia está obteniendo favores políticos a cambio de la liberación de presos», declaró a IPS Anastasiia Kroupe, investigadora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
A su juicio, «mientras el régimen vea que puede utilizarlos como moneda de cambio, esta política continuará»,
Los activistas sostienen que, en última instancia, cualquier concesión de Estados Unidos u otras naciones occidentales al régimen no servirá para mejorar la grave situación de violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia.
En especial, aducen, si se tiene en cuenta que sigue habiendo tantos presos políticos en las cárceles bielorrusas que Lukashenko podría liberar ciertas cantidades cuando le convenga.
La organización de derechos humanos Viasna afirmó que, a fecha de 18 de septiembre, había 1184 presos políticos en Bielorrusia.
Los activistas también señalan que, en algunos casos, las liberaciones individuales de septiembre apenas fueron indultos, dado que muchos de los liberados estaban a solo unos meses o incluso semanas de cumplir sus condenas.
Una vez «libres», los presos también fueron deportados por la fuerza del país a la vecina Lituania. Uno de ellos, el político opositor Mikalai Statkevich, se negó a abandonar Bielorrusia tras ser liberado y poco después fue detenido de nuevo.
«El hecho de que estos presos fueran exiliados por la fuerza es una forma más de represalia contra ellos… para algunos es una continuación de su castigo», afirmó Kroupe.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Activistas de derechos humanos bielorrusos declararon a IPS que el estado de ánimo entre los liberados era mixto. Algunos se alegraban de estar libres, pero otros estaban enfadados.
«Varios de los liberados están muy frustrados. A algunos les quedaba literalmente solo un mes de condena y tenían previsto seguir viviendo en Bielorrusia. Habían cumplido casi íntegramente sus condenas, aunque impuestas injustamente, pero en lugar de obtener la libertad, fueron castigados una vez más», dijo a IPS Enira Bronitskaya, activista del grupo bielorruso de derechos humanos Human Constanta, cuyas actividades incluyen la ayuda a los bielorrusos exiliados.
Destacó que «fueron expulsados de su país; a muchos les quitaron (rompieron) el pasaporte, lo que les privó efectivamente de su ciudadanía (les quitaron los documentos, los expulsaron del país y el Estado de su ciudadanía no tenía intención de prestarles ningún apoyo)».
«Estas acciones son ilegales. Se ha privado a estas personas de todo lo que tenían en Bielorrusia, desde sus propiedades hasta la posibilidad de visitar las tumbas de sus familiares fallecidos mientras estaban en prisión», puntualizó Bronitskaya.
Otros miembros de la comunidad bielorrusa en el exilio dijeron a IPS que les preocupaba que las liberaciones pudieran utilizarse en realidad como una distracción para ocultar una represión aún más intensa contra la disidencia.
«En nuestra comunidad, algunos tienen la esperanza de que las liberaciones sean una señal del éxito de las negociaciones, pero la mayoría, incluida yo, no considera que la noticia sea especialmente positiva», dijo a IPS Maryna Morozova (un nombre supuesto por su seguridad), que abandonó Bielorrusia y se trasladó a Polonia poco después de que Lukashenko lanzara una represión masiva contra la disidencia tras las controvertidas elecciones de 2020.
Por supuesto, agregó, «es un gran alivio para las personas liberadas y sus familiares, pero esperamos una intensificación de las represiones».
Apenas unos días después de la liberación de los 52 presos, un tribunal bielorruso condenó al destacado periodista independiente Ihar Ilyash a cuatro años de prisión por extremismo, acusado de publicar artículos y comentarios críticos con Lukashenko.
La Asociación Bielorrusa de Periodistas afirmó que el veredicto era una señal de que las autoridades no tenían intención de suavizar su represión contra los medios de comunicación independientes, y señaló que al menos 27 periodistas se encuentran actualmente entre rejas en el país.
La líder opositora bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, declaró a los medios internacionales tras las liberaciones de septiembre que «»as represiones del régimen continúan a pesar de las súplicas de Trump».
Viasna señaló que, justo el mismo día en que se liberó a los 52 presos, había reconocido a ocho nuevos presos políticos.
Los activistas que hablaron con IPS dijeron que parecía probable que, dado el aparente éxito de las liberaciones de presos para aliviar, en cierta medida, el aislamiento internacional y las sanciones de Bielorrusia, más presos podrían ser liberados en un futuro próximo.
«Por supuesto que esperamos más liberaciones. Lukashenko lleva muchos años haciéndolo: lo hizo en 2010 y 2015, cuando se liberó a presos políticos. Lukashenko tiene mucha experiencia en este ‘mercado’ de prisioneros», declaró a IPS Nataliia Satsunkevich, miembro interino de la junta directiva de Viasna.
Añadió que «en general, podemos ver que su política, de utilizar la liberación de presos para obtener concesiones políticas, funciona. Hay objetivos que está tratando de alcanzar utilizándola», añadió.
Mientras tanto, los activistas instan a los gobiernos a que sitúen los derechos humanos, y no la política, en el centro de cualquier negociación futura sobre la liberación de presos.
«Se debe hacer todo lo posible para liberar a los presos políticos, pero es necesario enviar una señal clara de que no se están olvidando los abusos contra los derechos humanos y que nadie debe pensar que las represiones han terminado», afirmó Kroupe.
Guryeva acotó que «Lukashenko está tratando a los presos políticos como moneda de cambio, como rehenes. Los gobiernos deben poner fin a este intercambio y obligar a Lukashenko a cumplir con la legislación en materia de derechos humanos, así como presionarlo para que libere incondicionalmente a todos los presos políticos».
