BRASILIA – En noviembre, el mundo centrará su atención en la ciudad brasileña de Belém, sede de la cumbre COP30. En su trigésima edición, la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, cuyo objetivo es acelerar los esfuerzos internacionales para mitigar y adaptarse al cambio climático, se celebrará por primera vez en la Amazonia, uno de los biomas más importantes para el equilibrio climático de la Tierra.
Pero la selva, fundamental para la regulación climática mundial, se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte de las industrias extractivas, especialmente las de combustibles fósiles.
A medida que se acerca la COP30 (30 Conferencia de las Partes), que se realizará entre el 10 y el 21 de noviembre, este tira y afloja entre la preservación y la explotación se hace cada vez más evidente.
“La Amazonia es un activo geopolítico para la región”, afirma Joubert Marques, analista de clima y geociencias del Instituto Internacional Arayara. La organización supervisa los proyectos petroleros, mineros y de gas en la Amazonia. “Cuando es estratégico, especialmente en la búsqueda de financiación, los gobiernos adoptan un discurso a favor de la conservación. Pero este discurso parece desaparecer cuando se trata del petróleo y el gas”, añade.
Brasil es el ejemplo perfecto de esta paradoja. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado la intención del gobierno de explorar en busca de petróleo en el Margen Ecuatorial.
Esta nueva frontera incluye la cuenca costera de Foz do Amazonas, una zona sensible donde el río Amazonas se encuentra con el mar y que alberga ecosistemas costeros poco explorados, por no mencionar la inmensa biodiversidad de las tierras adyacentes a la costa.
El 20 de octubre, en medio de una intensa presión política, la agencia ambiental brasileña, Ibama, otorgó una licencia a al grupo petrolero estatal Petrobras para comenzar la perforación exploratoria en esta controvertida zona, que debería comenzar “de inmediato”, según la empresa.
Un mes antes del inicio de la COP30, el organismo regulador de la exploración de combustibles de Brasil, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), anunció la inclusión de 275 nuevos bloques de petróleo y gas en una subasta prevista para 2026. La decisión elevó a 451 el número total de áreas en oferta permanente desde junio. Según el Instituto Arayara, algunas de ellas se superponen con territorios indígenas y unidades de conservación.
Paralelamente, la delegación de Brasil presentará dos ambiciosas medidas en la conferencia de Belém: la Coalición Abierta para la Integración del Mercado del Carbono y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Ambas iniciativas están diseñadas para establecer el valor de los bosques en pie, convirtiendo así la conservación en una oportunidad de ingresos.
La propuesta de la coalición tiene en cuenta que más de 70 % de los proyectos de créditos de carbono de Brasil se encuentran en la Amazonia. Los ingresos por su venta podrían alcanzar los 21.600 millones de dólares en 2030.
El TFFF, el orgullo del gobierno brasileño para la COP30, propone un modelo mejorado de financiamiento para los bosques que, en lugar de recompensar únicamente a los países por la reducción de la deforestación, ofrece pagos por la preservación continua de las zonas boscosas.
Durante la sesión de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre, el gobierno brasileño anunció una contribución de 1000 millones de dólares al fondo. Se espera un total de 125 000 millones de dólares de otras fuentes.
Promesas repetidas, acciones tímidas
Esta brecha entre la retórica y la práctica no es exclusiva de Brasil. En toda la región, los gobiernos amazónicos reafirman sus compromisos medioambientales y buscan inversiones ecológicas, mientras que la cooperación y los resultados concretos y duraderos en materia de preservación siguen siendo limitados.
En agosto, la Cumbre de Presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica, celebrada en Bogotá, reunió a sus ocho países miembros para reforzar una agenda común de protección del bioma. La Declaración de Bogotá resultante incluye compromisos en materia de cooperación técnica, lucha contra los delitos medioambientales y refuerzo de la presencia del Estado (especialmente en las zonas fronterizas), así como medidas para detener y revertir la deforestación.
La declaración representó la “reactivación de un importante proceso diplomático que podría conducir a acuerdos comunes para la preservación”, según Ilan Zugman, director de la región de América Latina y el Caribe de 350.org, una ONG que trabaja para terminar con la dependencia de los combustibles fósiles.
Sin embargo, según los observadores y las organizaciones que siguieron la cumbre, la declaración tiene importantes omisiones. Los observadores entrevistados consideran que el texto es una oportunidad perdida para reconocer la exploración de petróleo y gas como una de las principales amenazas para la Amazonia.
La falta de objetivos concretos, incluso para poner fin a la deforestación, también causó frustración entre los participantes. Si la Declaración de Bogotá sirve como barómetro para la COP30, el delicado tema de los combustibles fósiles podría quedar fuera de las discusiones.
“El lenguaje genérico de la declaración es una clara evidencia de la dificultad de la región para conciliar la retórica con la práctica, especialmente en el debate sobre los combustibles fósiles”, afirma Karla Maass, asesora de incidencia política de Climate Action Network para América Latina.
Durante la cumbre, Lula defendió la Amazonia como una región unificada y el multilateralismo como la forma de abordar la crisis climática.
Para Maass, el reconocimiento de esta unidad, aunque en gran medida retórico, es una característica geopolítica particular del bioma.
Sin embargo, señala que esta visión rara vez se refleja en los foros multilaterales, como las COP, donde cuestiones como la explotación de combustibles fósiles suelen dividir a los gobiernos de la región y llevarlos a diferentes bloques de negociación.
“Dado que en la región coexisten diferentes percepciones de la Amazonía, las propuestas nacionales no siempre convergen”, dice Maass. “Incluso cuando la selva se utiliza como moneda de cambio en las negociaciones, cada país la utiliza a su manera”, añade.
Las divisiones internas se intensifican
En vísperas de la COP30, también está aumentando la presión por parte de algunos parlamentarios de los países amazónicos para poner fin a los combustibles fósiles. El 8 de octubre, representantes de seis naciones sudamericanas entregaron al gobierno brasileño un informe sobre los efectos de cinco décadas de industria en la Amazonia.
Además, casi 800 legisladores han firmado una carta abierta en la que piden un futuro sin combustibles fósiles para la región.
Entre las propuestas, presentadas por la coalición multinacional Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, se encuentra la creación de una moratoria conjunta sobre la expansión de la minería y la extracción de combustibles fósiles en todo el bioma amazónico.
La medida cuenta con apoyo regional, pero hasta ahora solo cinco países —Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil— han presentado proyectos de ley sobre el tema en sus respectivos parlamentos.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro vetó la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en 2023, manteniendo solo los contratos ya vigentes.
La decisión marcó un punto de inflexión en la política energética del país, pero el futuro es incierto: Petro no puede presentarse a la reelección en 2026, según la Constitución, y el fragmentado panorama político de Colombia podría deshacer su legado.
El diputado colombiano Juan Carlos Lozada, miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, explicó que, aunque las políticas de Petro ya funcionan, en la práctica, como una moratoria, se necesitan “mecanismos legales para que sean sostenibles a largo plazo”.
A pesar de la resistencia política, Lozada cree que Colombia puede avanzar con esta agenda: “En Colombia, podríamos llegar a un acuerdo para prohibir la exploración futura, al menos en la Amazonia”.
Mientras tanto, la exploración sigue cobrando impulso: entre 2022 y 2024, la región representó alrededor de 20% de los descubrimientos de reservas de petróleo en todo el mundo. Esto ha consolidado su posición como una de las principales fronteras para la expansión. Como resultado, los gobiernos amazónicos siguen promoviendo estos sectores.
En agosto, el presidente Lula vetó parte de la llamada “Ley de Devastación”, bloqueando algunas de sus disposiciones más controvertidas.
El resto de la ley ya ha entrado en vigor y ha flexibilizado los requisitos de licencia ambiental de Brasil: por ejemplo, sigue vigente una cláusula clave que acelera la aprobación de proyectos considerados estratégicos, incluso aquellos con gran impacto ambiental. Según el Instituto Arayara, más de 2600 proyectos de combustibles fósiles podrían beneficiarse de la ley.
Al norte, Guyana, un país con grandes extensiones de territorio dentro de la Amazonia, descubrió enormes reservas de petróleo en 2015. Aunque casi toda su producción se encuentra ahora en alta mar, el país se está transformando en una potencia petrolera mundial, con una exploración que avanza a un ritmo acelerado.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha afirmado en repetidas ocasiones que el petróleo es esencial para el desarrollo nacional y para financiar la transición energética. Prometió continuar ampliando la producción y la exploración tras su reelección en septiembre.
Maass señala que en los países amazónicos prevalece la narrativa de que “la explotación extractiva de la selva es necesaria como fuente de recursos, incluidos los recursos necesarios para mantener la selva en pie”. Afirma que la región ha sido tratada históricamente como un proveedor de materias primas y que “los gobiernos siguen sin ver una salida a su dependencia de los recursos naturales”.
De la extracción a la inversión
La presión sobre la Amazonia va mucho más allá de los combustibles fósiles. También se han extendido actividades como la minería, la agricultura y la ganadería. Según la iniciativa de monitoreo territorial Mapbiomas, entre 1985 y 2023 se destruyeron más de 88 millones de hectáreas de bosque amazónico.
La expansión económica en la Amazonia ha ido acompañada de un aumento de las actividades ilegales que aprovechan las lagunas en la aplicación de la ley y la ausencia del Estado.
En las zonas fronterizas, la deforestación, la minería y el tráfico de drogas se entrelazan en redes que mueven miles de millones de reales brasileños, lo que aumenta la presión sobre las comunidades y los bosques preservados.
“A menudo, los países no disponen de presupuesto y recursos suficientes para combatir a estos grupos”, afirma Zugman.
Es en este contexto donde cobran relevancia iniciativas de cooperación como el TFFF. Pero, aunque el fondo se ha presentado como una oportunidad para armonizar los intereses económicos y medioambientales de los países amazónicos, los expertos advierten que su eficacia dependerá del compromiso de los gobiernos.
Como dice Zugman: “Si los países quieren utilizar el bosque como moneda de cambio —en el buen sentido, para alcanzar acuerdos más ambiciosos— también deben invertir más en su conservación. No basta con poner a la Amazonía en exhibición”.
Los observadores también advierten que, para evitar seguir el camino de promesas anteriores que nunca se materializaron, el TFFF deberá combinar la transparencia y la participación de las poblaciones locales para tener un impacto real.
Toya Manchineri, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, dijo: “Queremos comprender mejor cómo funcionará el TFFF y tener la garantía de que los recursos irán directamente a nuestras organizaciones, que trabajan para proporcionar un servicio medioambiental que beneficia a todo el planeta. Sabemos que nuestra forma de vida es crucial para mitigar los efectos del cambio climático, y necesitamos que el mundo vea la Amazonía más allá de su valor económico”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
