WASHINGTON – Las fuerzas de seguridad de Ecuador restringen la libertad de reunión y han hecho uso excesivo de la fuerza en su respuesta a las protestas que se llevan a cabo desde mediados de septiembre, señaló la organización Human Rights Watch (HRW) en una declaración este martes 21.
Juanita Goebertus, directora para América en HRW, dijo que “el gobierno de Ecuador debe respetar los derechos de los manifestantes y dar respuesta a las demandas que periódicamente llevan a los ecuatorianos a las calles”.
“Cualquier manifestante que participe en actos violentos debe ser investigado, pero eso no justifica estigmatizar a otros manifestantes ni hacer un uso excesivo de la fuerza”, apuntó Goebertus.
Desde el 18 de septiembre se desarrollan protestas con asambleas, manifestaciones y cierres de vías en varias regiones de Ecuador, lideradas por el movimiento indígena, después de que el presidente Daniel Noboa eliminó subsidios al combustible diésel.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha dado cuenta de la muerte de tres manifestantes, numerosos lesionados y centenares de detenidos en las protestas, las cuales continúan a pesar del estado de excepción implantado por el gobierno en 12 de las 24 provincias.
Este martes se registraban cierres por manifestaciones en 20 vías, principalmente en el norte del país, dando continuidad al paro iniciado hace un mes por la Conaie.
Si bien el detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel -lo que disparó el precio del galón (3,7 litros) de 1,80 a 2,80 dólares-, luego se añadieron reivindicaciones como rebaja del impuesto al valor agregado, de 15 a 12 %, y mayores recursos para los sectores de educación, salud y servicio eléctrico.
El gobierno justificó la medida sobre el combustible alegando, entre otras razones, que el subsidio le costaba al Estado ecuatoriano casi 1100 millones de dólares anuales y socavaba la “sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Las protestas han abarcado otros temas, como la defensa de la Amazonia ecuatoriana, contra los planes extractivistas del gobierno, contra su convocatoria de una asamblea nacional constituyente, y por la libertad de los manifestantes detenidos, algunos de ellos inculpados de terrorismo, entre otros delitos.
HRW sostuvo que “si bien algunos manifestantes incurrieron en actos violentos, la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas”, y el gobierno “respondió movilizando a las Fuerzas Armadas, que en varias ocasiones hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”.
El gobierno acusó a los manifestantes de “terrorismo” y congeló las cuentas bancarias de grupos y líderes indígenas y ambientalistas, recordó la organización.
HRW dio cuenta de que verificó 15 videos de las protestas, en los que se ve a soldados o policías dispersando por la fuerza manifestaciones pacíficas y utilizando gas lacrimógeno y “armas menos letales” de forma negligente e indiscriminada.
Los investigadores también revisaron documentos oficiales en los que se suspendía un medio de comunicación y se abrían investigaciones contra defensores del medio ambiente y líderes indígenas.
Solicitaron comentarios a los ministerios del Interior y de Defensa respecto a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y las muertes relacionadas con las protestas.
La organización reconoce que algunos manifestantes han participado en actos de violencia, incluyendo daños a la propiedad pública y privada. Por ejemplo, en septiembre los indígenas retuvieron a 17 soldados durante tres días.
El gobierno también informó de dos ataques contra convoyes oficiales en los que se encontraba el presidente. En un correo enviado a HRW el 17 de octubre, el ministro de Defensa encargado mencionó “agresiones letales” contra soldados y casos de “secuestros y tortura”.
HRW recordó que desde enero de 2024 el presidente Noboa ha recurrido repetidamente a la declaratoria del estado de excepción para desplegar a las fuerzas armadas en las calles y cárceles de Ecuador, lo que ha dado lugar a un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
También declaró un “conflicto armado interno”, para justificar un uso más amplio y potencialmente más letal de las fuerzas militares, y HRW destacó que la Corte Constitucional ha puesto en duda que exista un “conflicto armado interno”.
Desde el 19 de septiembre, las autoridades congelaron las cuentas bancarias de organizaciones y líderes indígenas y ambientalistas, supuestamente sobre la base de “informes de inteligencia secretos”. El Ministerio del Interior afirmó que los grupos presuntamente habían financiado protestas violentas.
El 25 de septiembre, la fiscalía general abrió una investigación por “enriquecimiento privado injustificado” contra más de 50 personas, entre ellas el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, y miembros de organizaciones para la defensa del medio ambiente, como Pachamama y Yasunidos.
En su lugar, “el gobierno ecuatoriano debe garantizar la rendición de cuentas por los abusos y reconocer la importancia de los problemas que los manifestantes están planteando en las calles”, afirmó finalmente Goebertus.
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