MÉXICO – La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que El Salvador usa las reformas al sistema penal, y el régimen de excepción continuamente prorrogado por el gobierno, para castigar a personas defensoras de los derechos humanos y silenciar las voces críticas.
Ana Piquer, directora para América de AI, dijo que “en lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico”.
“Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, afirmó Piquer.
A más de tres años de iniciado, el régimen de excepción, prorrogado cada mes ya 42 veces consecutivas, ha consolidado un modelo que le da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa, expone AI.
Paralelamente, las reformas legales en materia penal y procesal penal introdujeron medidas como el ocultamiento de la identidad de jueces, la aplicación automática de prisión preventiva y el endurecimiento punitivo contra niños, niñas y adolescentes.
Estas reformas han sido observadas por organismos regionales y globales de derechos humanos -incluidas instancias de las Naciones Unidas- por concluir que contravienen estándares internacionales.
AI ha documentado cómo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos como “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente.
Por su parte, organizaciones locales contabilizan más de 70 casos de este tipo en el que las personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de derecho.
Ante el recrudecimiento de la persecución y criminalización de las personas defensoras, en julio de 2025, AI declaró personas prisioneras de conciencia a los abogados Ruth López y Alejandro Henríquez, y al pastor José Ángel Pérez.
La organización considera que fueron encarcelados exclusivamente por su labor de defensa de derechos humanos y ejercer pacíficamente su libertad de expresión.
AI verificó que el Ministerio Público y las autoridades judiciales aplicaron en esos casos los plazos y la suspensión de garantías procesales previstas en el decreto de régimen de excepción, a pesar de que los cargos que se les imputan no guardan relación con el accionar de las pandillas contra quienes fue dirigido el decreto.
“Tanto Ruth, como Alejandro y José Ángel fueron sometidos a la ampliación de la detención administrativa hasta 15 días, y la imposición de la detención preventiva sin fundamentos suficientes ni revisión judicial efectiva”, indicó un reporte de AI.
Recientemente, el juzgado que conoce la causa de Henríquez y Pérez, procesados por los delitos de resistencia y desórdenes públicos, prorrogó por tres meses adicionales la fase de instrucción, sin que existan en principio nuevos elementos por investigar.
La decisión vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sustenta la afirmación de que en El Salvador la prisión preventiva deja de ser una medida excepcional para convertirse en un castigo anticipado, independientemente del delito por el que la persona está siendo procesada.
En el caso de López se verificó, además, la modificación arbitraria de delitos imputados, y la reserva total del proceso.
Otras personas defensoras y voces disidentes criminalizadas documentadas por organizaciones locales presentan irregularidades similares.
Por otra parte, la situación carcelaria en El Salvador continúa siendo alarmante: incomunicación prolongada, hacinamiento extremo, falta de atención médica oportuna y riesgo de tortura caracterizan el régimen penitenciario.
AI cita a ese respecto los casos del abogado constitucionalista Enrique Anaya y del portavoz de la organización de derechos humanos Unidehc, Fidel Zavala.
El 23 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a López y Anaya, al advertir que la incomunicación prolongada y la detención indefinida a la que están sometidos ponen en grave riesgo su vida, salud e integridad.
Piquer afirmó que “la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan”.
“El impacto es devastador: autocensura, reducción de actividades y un espacio cívico cada vez más asfixiado”, agregó Piquer.
AI concluyó con una exigencia de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, y de que sean liberadas todas las personas detenidas por ejercer la defensa de sus derechos humanos.
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