GINEBRA – La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó que Estados Unidos haya bombardeado y hundido, en aguas del Caribe, una lancha que presuntamente transportaba droga y que resultó en la muerte de sus 11 ocupantes.
“Las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas” declaró, este viernes 5, Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza, al responder una pregunta sobre la operación de la Armada estadounidense, el martes 2, y la cual anunció y reivindicó el propio presidente Donald Trump.
El mandatario expresó que “por órdenes mías, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque directo contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas del Tren de Aragua, en el área de responsabilidad del Mando Sur”, donde Estados Unidos ha desplegado una flota aeronaval.
Trump agregó que el ataque ocurrió “en aguas internacionales”, la lancha transportaba “narcóticos ilegales hacia Estados Unidos”, resultó en “11 terroristas muertos” y “ningún soldado estadounidense (hay unos 4000 efectivos a bordo de los buques en el Caribe) resultó herido en este ataque.
Posteriormente los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Marco Rubio y Peter Hegseth, aseguraron que seguirán las operaciones militares de intercepción y destrucción de las embarcaciones que según sus informes transporten sustancias ilícitas.
La pequeña embarcación abatida, al parecer por un misil, había partido del poblado costero San Juan de Unare, en el extremo noreste de Venezuela, en dirección a la vecina Trinidad y Tobago, y a bordo irían varios de sus pobladores, quienes están desaparecidos, según informes de medios locales.
Shamdasani enfatizó que es esencial que las respuestas de los Estados al tráfico ilícito de drogas respeten el derecho internacional de los derechos humanos.
“Al combatir el tráfico ilícito, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios básicos sobre el uso de la fuerza establecidos en el derecho internacional”, añadió la portavoz.
Explicó que, por ello, el uso intencional de la fuerza letal solo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida.
“Toda pérdida de vidas en el contexto de una operación de aplicación de la ley debe ser investigada de manera independiente, rápida y transparente”, agregó Shamdasani.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) se declaró “profundamente alarmada por el ataque que, según se informa, ha causado la muerte de 11 personas”.
“Las circunstancias que rodean el incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos”, dice la declaración de AI.
Daphne Eviatar, directora de Seguridad de AI en Estados Unidos, dijo que ese país “debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida”, y pidió que se realice una investigación sobre el incidente.
También la oenegé Oficina Latinoamericana en Washington (Wola) señaló en su cuenta en X que “este ataque corre el riesgo de sentar un precedente peligroso: normalizar ejecuciones extrajudiciales, violar el derecho internacional y socavar el Estado de derecho”.
Estados Unidos desplegó sus naves de guerra en el Caribe desde finales de agosto, con el anuncio de que se propone realizar operaciones para combatir a los carteles u organizaciones a los que acusa de narcotraficantes y narcoterroristas, lo que puso sobre alerta a varios gobiernos en la región.
Washington mencionó a la banda Tren de Aragua, que nació hace años en Venezuela, y al “Cartel de los Soles”, denominación que alude a mandos militares venezolanos a quienes denuncia como presuntos encubridores de tráfico de drogas.
En ambos casos, Estados Unidos acusa como principal responsable al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien además considera ilegítimo pues, como otros gobiernos del hemisferio, le acusa de robar la elección de julio de 2024 al opositor Edmundo González, exiliado en España.
Ambos países tienen sus relaciones diplomáticas rotas desde 2019, en el contexto de una confrontación que dura más de dos décadas y que de manera intermitente se agudiza en el terreno político y de distiende en asuntos de petróleo.
Maduro ha denunciado que Venezuela es víctima de una nueva embestida por parte de Estados Unidos con el despliegue de la flota aeronaval, y aseguró que si su país es atacado militarmente pasará a la lucha armada y declarará “la república en armas”.
Un nuevo incidente se registró el jueves 4, cuando, según el Departamento de Defensa estadounidense, dos aviones militares venezolanos volaron cerca de uno de los navíos de guerra que Estados Unidos ha ubicado en aguas del Caribe sur.
“Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses”, declaró el despacho de Defensa en Washington.
De ese modo, junto con confrontar al gobierno de Venezuela, Estados Unidos anuncia que sostendrá una operación militar de envergadura, más allá del trabajo policial y de guardacostas, contra el tráfico de drogas en la región.
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