GINEBRA – Más de 1000 personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va de año, denunciaron expertos de las Naciones Unidas en una declaración este lunes 29, advirtiendo que las cifras representan una escalada dramática que viola el derecho internacional de los derechos humanos.
“Con un promedio de más de nueve ahorcamientos diarios en las últimas semanas, Irán parece llevar a cabo ejecuciones a una escala industrial que desafía todos los estándares aceptados de protección de los derechos humanos”, dice la declaración.
Los expertos independientes, que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, destacaron que “la magnitud de las ejecuciones en Irán es alarmante y representa una grave violación del derecho a la vida”.
Se han documentado al menos 1000 ejecuciones desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha. Debido a la falta de transparencia de Irán, es probable que la cifra real sea considerablemente mayor, indicó el reporte.
La mayoría de las ejecuciones conocidas fueron por delitos relacionados con drogas y asesinato, seguidos de cargos relacionados con la seguridad y violación. Entre los ejecutados hubo al menos 58 afganos, de los cuales 57 hombres y una mujer.
Irán anunció este lunes que ejecutó a Bahman Choubi Asl, descrito como “uno de los espías más importantes de Israel” y condenado por trabajar para ese Estado enemigo de la República Islámica.
Irán e Israel libraron en junio una guerra de 12 días que incluyó bombardeos israelíes -y estadounidenses- sobre instalaciones nucleares y estructuras militares iraníes, en el conflictivo contexto del Medio Oriente marcado desde hace dos años por la guerra en la Franja de Gaza.
Otras 10 personas fueron ejecutadas desde junio bajo cargos de espionaje en favor de Israel.
Para los expertos de la ONU “el uso generalizado de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas es particularmente alarmante”.
“Al menos 499 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas en menos de nueve meses de 2025, un aumento drástico respecto a las entre 24 y 30 ejecuciones anuales registradas entre 2018 y 2020”, indicó la declaración.
La firman Mai Sato Y Richard Bennet, relatores sobre la situación de los derechos humanos en Irán y Afganistán, respectivamente; Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias, Nicolas Levrat, sobre las minorías, y Alice Jill Edwards, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Por su parte, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) destacó en un reporte, también este lunes, que número de personas ejecutadas por las autoridades iraníes en los nueve meses que van de año “ya ha superado la sombría cifra total de 972 ejecuciones del año pasado”.
AI denunció que desde las protestas Mujer, Vida, Libertad de 2022 (que siguieron a la muerte en cautiverio de una joven detenida por no portar correctamente el velo) , las autoridades iraníes han aumentado el uso de la pena de muerte como herramienta de represión estatal y para aplastar la disidencia.
Junto con el alza continua de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, las autoridades “han intensificado el uso de la pena de muerte so pretexto de la seguridad nacional” a raíz del conflicto con Israel en junio, indicó AI:
Para Heba Morayef, directora regional de AI para Oriente Medio y Norte de África, “la escalada continua de ejecuciones en Irán ha alcanzado proporciones aterradoras.
“Las autoridades siguen utilizando sistemáticamente la pena de muerte como herramienta de represión y para sofocar la disidencia, en lo que constituye un ataque escalofriante al derecho a la vida”, afirmó Morayef.
AI señala el riesgo en que se encuentran las personas condenadas por delitos relacionados con las drogas o por cargos amplios y vagamente definidos, como “enemistad contra Dios”, “corrupción en la tierra” y “rebelión armada contra el Estado”, en juicios manifiestamente injustos ante los tribunales revolucionarios.
La pena de muerte ha tenido un impacto desproporcionado sobre las minorías marginadas, especialmente las comunidades afgana, baluchi y kurda. Al menos dos mujeres kurdas, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi, están condenadas a muerte y corren el riesgo de ser ejecutadas.
Los expertos de la ONU dijeron que Irán “debe establecer inmediatamente una moratoria oficial sobre todas las ejecuciones, proporcionar datos sobre las sentencias de muerte y las ejecuciones, tratar a las personas humanamente en todo momento y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de juicio justo”.
Señalaron que, con una nueva enmienda a la Ley de 2017 sobre la lucha contra las drogas ilícitas, que actualmente es revisada por el parlamento, las autoridades “tienen una oportunidad crítica para restablecer el progreso, revertir esta tendencia alarmante y poner fin a la pena capital para los delitos relacionados con las drogas”.
Finalmente declararon que “la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante estas violaciones sistemáticas del derecho a la vida. Los Estados deben tomar medidas diplomáticas concretas para presionar a Irán y que detenga esta oleada de ejecuciones”.
A-E/HM
