GINEBRA – La persecución por motivos políticos se intensifica en Venezuela y la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional, indicó un informe de una misión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentado este lunes 22 al organismo.
El informe revela nueva evidencia de la dura represión tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024, y advierte que la persecución por motivos políticos, incluyendo la que se efectúa contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha continuado en 2025.
El poder electoral atribuyó el triunfo en esa consulta al presidente Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato de seis años el pasado enero, mientras que la oposición presentó como evidencia actas electorales que daban el triunfo en una proporción 67-30 al opositor Edmundo González, exiliado en España.
El penalista chileno Francisco Cox, integrante de la misión, dijo que “las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, con detenciones sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial”.
La investigación de la misión concluyó que, de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas.
En las protestas de la ciudad de Maracay (centro-norte del país), miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia.
La jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la misión, dijo que “la Fiscalía no ha informado públicamente sobre los avances o conclusiones de las investigaciones que afirmó haber iniciado sobre estos incidentes, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes”.
Por el contrario, la fiscalía “señaló a la oposición como autora. Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, afirmó Valiñas.
La misión investigó la muerte bajo custodia del Estado de cinco personas detenidas durante las protestas de 2024 y 2025.
En dos de esos casos, la misión encontró motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos a quienes no brindó atención de salud oportuna y adecuada. Estas personas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“El Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia”, recordó Patricia Tappatá, experta en derechos humanos e integrante de misión.
Advirtió de que “las muertes de personas detenidas tras las elecciones presidenciales por el deterioro de su salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida”.
Además, “a las muertes mismas se añade el maltrato a las familias, la falta de investigación, la falta de aplicación de los protocolos internacionales, y la complicidad de otras instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo”, dijo Tappatá.
Las autoridades excarcelaron progresivamente a 2006 personas de las 2220 detenidas en las protestas postelectorales de 2024, pero, al mismo tiempo, continuaron con la represión y detenciones selectivas.
La misión documentó al menos 200 nuevas detenciones contra voces críticas del gobierno, personas opositoras o percibidas como tales, de acuerdo con el informe presentado ante los 47 Estados miembros del Consejo en esta ciudad suiza.
Un número sin precedente de personas extranjeras han sido detenidas y mantenidas en estricto régimen de incomunicación prolongada, en contra de lo establecido por el derecho internacional. Esto ha configurado desapariciones forzadas, algunas de más de seis meses de duración, indicó el informe.
La organización venezolana de derechos humanos Foro Penal contabilizaba al 15 de septiembre 815 presos políticos en Venezuela, de los cuales 170 eran militares, 101 mujeres y cuatro adolescentes. Se incluye a 89 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad colombiana, españolas e italiana, o con doble nacionalidad.
El informe también revela que al menos 220 niños y niñas, con edades entre 13 y 17 años, fueron detenidos en el marco del patrón de represión que siguió a la elección de julio de 2024.
Durante su reclusión, y sin tener en cuenta ni su edad ni el interés superior, los niños y niñas fueron sometidos a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso. Cuatro adolescentes permanecen todavía detenidos, recuerda el informe.
Los cuerpos de seguridad emplearon bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género, según el documento.
También se perpetraron actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que no emprendieron ninguna investigación, agrega el reporte.
Cox dijo que “se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial”.
Valiñas concluyó que “el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de derechos humanos que configuran este crimen internacional”.
“Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”, añadió Cox.
En la Corte Penal Internacional cursa una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades de Venezuela desde 2014. También las violaciones de derechos humanos desde ese año son objeto de estudio por la misión que el Consejo estableció en septiembre de 2019.
A-E/HM
