NACIONES UNIDAS – La situación de seguridad en Myanmar se ha deteriorado significativamente, con el país aún convulsionado por el devastador terremoto de marzo del año pasado y las continuas ofensivas militares impulsadas por la actual guerra civil.
En 2025, la crisis humanitaria alcanzó un punto de inflexión crítico, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subrayó una serie de graves abusos contra los derechos humanos infligidos a la población civil por el gobernante ejército y los grupos armados de resistencia.
El 12 de agosto, el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM,en inglés) publicó su informe anual, encargado por la ONU, en el que afirmaba que había logrado avances significativos en la documentación de las violaciones de los derechos humanos y la identificación de los autores.
El informe detalla las atrocidades que se siguen cometiendo, entre ellas la tortura de civiles en centros de detención gestionados por el ejército, los ataques aéreos coordinados contra escuelas, hospitales y viviendas, y la continua limpieza étnica de los refugiados rohingya.
«Hemos descubierto pruebas significativas, incluidos testimonios de testigos presenciales, que demuestran la tortura sistemática en los centros de detención de Myanmar», afirmó Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo.
Añadió que «hemos avanzado en la identificación de los autores, incluidos los comandantes que supervisan estos centros, y estamos dispuestos a apoyar a cualquier jurisdicción que esté dispuesta y sea capaz de enjuiciar estos crímenes».
«Nuestro informe destaca el aumento continuo de la frecuencia y la brutalidad de las atrocidades cometidas en Myanmar», destacó.
El informe abarca los acontecimientos ocurridos en Myanmar entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y se basa en más de 1300 fuentes, entre las que se incluyen 600 testimonios de testigos presenciales, numerosas pruebas fotográficas y videográficas, así como material forense.
Desde el golpe de Estado de 2021, el ejército de Myanmar ha detenido a un gran número de civiles, muchos de los cuales fueron arrestados arbitrariamente por sospecha de oponerse al régimen, y los ha sometido a torturas brutales y sistemáticas.
Según cifras de 2024 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), desde 2021 se han producido aproximadamente 6000 muertes de civiles como consecuencia de la violencia, incluidos casi 2000 civiles que murieron bajo custodia militar.
Los expertos en ayuda humanitaria han expresado su alarma por el uso por parte del ejército de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura física para silenciar a la oposición.
«Miles de detenidos en Myanmar sufren en silencio en centros de interrogatorio y prisiones de todo el país, donde la atención sanitaria, el acceso a servicios jurídicos y la alimentación son insuficientes», ha declarado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.
«La tortura y otros malos tratos son habituales en los centros de detención de Myanmar, pero pocas personas tienen la posibilidad de presentar denuncias o poner fin a los abusos sin correr el riesgo de sufrir graves represalias, que van desde palizas hasta el aislamiento o la violencia sexual», remarcó.
Testigos presenciales han descrito a varios de estos detenidos como niños, algunos de tan solo dos años, muchos de los cuales actúan como «representantes» de sus padres. Los detenidos han sufrido diversas formas de tortura física, como palizas, descargas eléctricas, estrangulamientos, asesinatos e incluso la extracción de uñas con alicates, especialmente durante los interrogatorios.
Numerosos detenidos también han sufrido violencia sexual y de género, incluida la violación, tanto individual como en grupo, la introducción forzada de objetos en orificios corporales, la quema de partes íntimas con cigarrillos u objetos calientes, la desnudez forzada, registros corporales invasivos, tocamientos de carácter sexual y la denegación del acceso a productos de higiene menstrual y de atención posnatal.
Los testimonios de testigos presenciales también describen cómo los detenidos son objeto de insultos homófobos y misóginos, así como de amenazas de violencia física.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En el informe, el Mecanismo confirmó que la lista de autores incluye a muchos mandos de alto rango. El ejército de Myanmar respondió a las críticas internacionales reafirmando sus prioridades de garantizar la paz y la estabilidad, al tiempo que culpaba a los «terroristas» de las recientes hostilidades.
Además, el Mecanismo subraya el aumento significativo de las hostilidades en el estado de Rakáin como consecuencia de los enfrentamientos entre el ejército y el grupo armado étnico Ejército de Arakan.
Según el informe, el Mecanismo ha encontrado pruebas que vinculan a miembros del Ejército de Arakan con una serie de abusos contra los derechos humanos cometidos contra la población rakáin, rohinyá y otros grupos civiles, entre ellos ejecuciones sumarias, decapitaciones y torturas.
El Mecanismo también ha vinculado al ejército y a sus grupos afiliados con asesinatos indiscriminados de civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos. También ha documentado incidentes de bombardeos aéreos y bombardeos indiscriminados en zonas controladas por Arakan en el sur y el norte de Rakhine.
Además, el informe afirma que el ejército ha bloqueado puntos de entrada críticos en Sittwe, restringiendo gravemente la circulación de civiles y el flujo de ayuda humanitaria y otros suministros esenciales.
Durante el período que abarca el informe, el Mecanismo también llevó a cabo una investigación exhaustiva de los delitos relacionados con las operaciones de limpieza de 2016 y 2017, que provocaron la destrucción de varias aldeas rohingya, el desplazamiento de miles de civiles rohingya a Bangladés y la inseguridad generalizada y la violencia de género en el estado de Rakáin.
Según las cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las recientes hostilidades han desplazado a más de 150 000 refugiados rohinyás a Bangladés en 2025.
El Mecanismo se centró en entrevistar a miembros de la población rohingya en los refugios para desplazados y en las aldeas más afectadas por la violencia, con el objetivo de «recabar toda la experiencia de los supervivientes» y obtener pruebas más directas, basadas en testimonios, que vinculen a personas concretas con los delitos.
En la actualidad, el Mecanismo colabora con grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y gobiernos para identificar a los autores y poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos.
En un esfuerzo por promover investigaciones éticas, el Mecanismo solo proporciona pruebas a las autoridades locales con el consentimiento informado de las comunidades afectadas.
Los investigadores han advertido de que siguen existiendo dificultades de acceso debido a la inseguridad, y los recientes recortes presupuestarios de las Naciones Unidas amenazan con socavar las operaciones de investigación.
La reducción de la ayuda de las Naciones Unidas este año ha recortado el presupuesto del Mecanismo para 2025 en 73 %, lo que obligará a reducir en un 20 % el personal del presupuesto ordinario en 2026 para poder continuar con sus operaciones.
Koumjian afirma que se prevé que los fondos para la seguridad de los testigos y la investigación de la violencia sexual y los delitos contra los niños se agoten a finales de año.
«Es muy importante que los autores crean que alguien les está vigilando, que alguien está recopilando pruebas», afirmó Koumjian. «Todo ello tendría un efecto muy importante en nuestra capacidad para seguir documentando los delitos y proporcionando pruebas que serán útiles a las jurisdicciones que juzgan estos casos», añadió.
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