MÉXICO – Al acercarse el final de su primer año como presidenta, Claudia Sheinbaum no ha flaqueado en su compromiso de generar más energía limpia en el país. La mandataria se comprometió a hacer de las energías renovables una piedra angular de su administración, aprovechando los ricos recursos solares y eólicos del país para posicionarlo como líder regional en energía limpia.
Los planes de Sheinbaum difieren de las políticas energéticas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que se centró en aumentar la producción de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). López Obrador se alejó en gran medida de las energías renovables y congeló el proceso de concesión de permisos para nuevos proyectos.
“Vamos a impulsar las energías renovables en México”, afirmó Sheinbaum durante su toma de posesión el 1 de octubre de 2024. “El objetivo es que, para 2030, el 45% de la energía del país provenga de fuentes renovables”, añadió.
Su primera medida fue un amplio paquete de reformas constitucionales, que se aprobó a principios de este año gracias a la mayoría parlamentaria de su partido, Morena. Las nuevas leyes, publicadas el 18 de marzo, abren la puerta a una mayor inversión privada en energía limpia.
Las leyes también aumentan la cantidad de generación de electricidad distribuida permitida a los productores privados. Otra gran diferencia de la administración de Obrador es que se ha aumentado significativamente la cantidad de energía autogenerada que un proyecto puede utilizar in situ, pasando de solo 0,7 megavatios a 20.
Estos cambios han sido elogiados por los miembros de la industria, que perciben las nuevas leyes como beneficiosas para los pequeños generadores de energía. Permiten a las empresas privadas desarrollar plantas in situ para alimentar sus operaciones con electricidad limpia, ya sea de forma independiente o en asociación con empresas energéticas.
Dialogue Earth consultó a Yolanda Villegas, una abogada especializada en energía en México. “Creo que es una medida muy positiva”, afirma. Villegas ha trabajado como asesora jurídica y directora de cumplimiento normativo y asuntos gubernamentales en varias empresas energéticas, como Pemex y Vitol. “Muchas empresas privadas estarán muy interesadas en aprovechar esta oportunidad”.
La nueva legislación garantiza el dominio de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), al establecer que generará al menos 54 % de la energía del país. También refuerza la posición de Pemex, que está muy endeudada, con la esperanza de revertir la disminución de la producción de petróleo crudo de México y reducir su dependencia de las importaciones.
El objetivo de Sheinbaum es que México alcance la “soberanía energética”, una meta que, según ella, requiere que Pemex y la CFE sean los principales proveedores de energía del país. Los críticos argumentan que esto contradice los objetivos del gobierno en materia de energías renovables. También ha generado preocupación la idea de seguir invirtiendo en Pemex, teniendo en cuenta sus deudas.
Las ambiciones de la presidenta marcan un cambio audaz hacia un futuro más verde, pero alcanzarlas no será fácil. El mayor reto, según un funcionario gubernamental del ámbito de la energía que pidió no ser identificado, será mantener una relación colaborativa y constructiva con Estados Unidos. Esto ha resultado difícil desde que Donald Trump asumió el cargo, en enero.
En el ámbito interno, se duda de la capacidad del gobierno para cumplir sus objetivos de acción climática debido al papel dominante de empresas endeudadas, como Pemex y CFE, junto con la incertidumbre que persiste entre las empresas privadas ante el cambio del marco energético, que da prioridad a estas empresas estatales.
Primeros pasos: finanzas y legislación
En febrero, Sheinbaum afirmó que su administración tiene la intención de añadir casi 23 gigavatios a la capacidad de generación eléctrica de México para 2030 mediante nuevos proyectos. Esta cifra incluirá “un amplio porcentaje de generación de energía renovable”. Actualmente, la capacidad eléctrica total instalada del país es de alrededor de 95 gigavatios; en otras palabras, Sheinbaum espera aumentar esa cifra en aproximadamente 24 % en solo cinco años.
La mayor parte de la red eléctrica de México se alimenta de combustibles fósiles, principalmente de gas importado de Estados Unidos. La CFE suministra energía a unos 50 millones de personas en México y generó 72 % de toda la electricidad consumida en 2024, según cifras de la empresa.
Para alcanzar sus objetivos, el gobierno destinará más de 22 000 millones de dólares en los próximos cinco años a financiar las mejoras en la generación y distribución de electricidad de la CFE. México también buscará inversiones por un total de entre 6000 y 9000 millones de dólares entre los productores privados de energía, con el objetivo de alcanzar entre 6,4 y 9,5 gigavatios de nueva capacidad de energía limpia para 2030.
Las leyes recientemente aprobadas también incluyen nuevos modelos de contratos para incentivar la inversión privada, como las asociaciones con la CFE y el aumento de los límites de autoabastecimiento energético concedidos a los proyectos. Formalizan el dominio del Estado en el sector, al tiempo que permiten una participación privada limitada. En virtud de las reformas, la CFE y Pemex pueden ahora celebrar “contratos mixtos” con empresas privadas, pero seguirán siendo los socios principales.
“Son planes ambiciosos”, afirma Israel Hurtado, director general y fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética (H2México). “Creo que se pueden cumplir, si el gobierno cumple con su intención de involucrar a la participación privada en la generación de energía renovable”.
Dialogue Earth también consultó a María José Treviño, directora nacional de Acclaim Energy en México, con sede en Texas, Estados Unidos. Treviño supervisa el análisis y la negociación de los contratos de suministro de gas y electricidad de Acclaim Energy en México, y afirma que sus clientes se han visto motivados por la flexibilización de los límites a la generación de energía renovable, lo que, por ejemplo, allanará el camino para un aumento de las instalaciones de energía solar.
“Creo que existe la demanda para comprar energía renovable y desarrollarla de una manera que tenga sentido desde el punto de vista económico”, afirma Treviño. “Pero, al mismo tiempo, el desarrollo de una planta solar de 20 megavatios, por ejemplo, requiere una cantidad significativa de terreno, y encontrar el espacio para hacerlo será difícil”.
La CFE tiene previsto desarrollar cientos de proyectos en los ámbitos de la generación, el transporte y la distribución de energía, muchos de ellos financiados por el gobierno y potencialmente abiertos a la colaboración privada, de acuerdo con el nuevo modelo estatal.
Dudas sobre la transparencia
El panorama y las normas de las políticas energéticas de Sheinbaum son más abiertos al desarrollo privado de proyectos de energía solar, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y de hidrógeno que los de Obrador. Sin embargo, algunos expertos jurídicos tienen dudas y afirman que el interés de terceros será limitado debido al dominio constitucional de la CFE y al mayor control regulador del Estado sobre el sector.
El paquete de reformas constitucionales cambia radicalmente el entorno regulatorio de la industria energética mexicana, al eliminar dos organismos reguladores autónomos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Estos organismos supervisaban de forma independiente los contratos, los permisos y los precios en los mercados del petróleo, el gas y la electricidad. Ahora, estas funciones las desempeña la Comisión Nacional de Energía (CNE), supervisada por la Secretaría de Energía.
La disolución de la CRE y la CNH ha llevado al menos a una empresa de inversión privada a advertir que la emergente estrategia energética del Estado mexicano podría “obstaculizar la libre competencia y dar prioridad a la empresa estatal frente a los particulares”.
Además, la legislación establece un límite máximo del 46% para la participación privada en la inversión en electricidad y energías renovables. Treviño se muestra moderadamente optimista ante estos acontecimientos: “Queremos pensar que la energía renovable avanzará y aumentará su capacidad simplemente por el hecho de que, si la inversión estatal en la CFE aumenta según lo previsto, la producción privada tendrá que acompañarla”.
Justicia energética
Otro de los pilares de los planes de Sheinbaum para el sector es la “justicia energética”. Este concepto tiene como objetivo garantizar que todos los ciudadanos, en particular los de las comunidades rurales, marginadas e indígenas, tengan acceso a la electricidad para calentar agua, cocinar y refrigerar. Según Hurtado, entre 2 % y 3 % de los 130 millones de habitantes de México aún no tiene electricidad.
La búsqueda de la justicia energética ha llevado al gobierno a centrarse en las cocinas a leña, que contribuyen de manera significativa a la contaminación atmosférica en México. Según Villegas, alrededor de 50% de la población sigue utilizando este tipo de cocinas, que también provocan deforestación e incendios forestales cada vez más frecuentes en México.
Para poner en práctica sus planes de justicia energética, las leyes recientemente aprobadas exigen al Ministerio de Energía la creación y administración de un Fondo Universal de Servicio Energético que dé prioridad al suministro de electricidad a las comunidades rurales y urbanas vulnerables. Los Ministerios de Finanzas y Medio Ambiente y la Secretaría de Bienestar colaborarán con la CFE y Pemex para decidir dónde distribuir los recursos.
“Creo que la idea de la justicia energética parece una iniciativa positiva”, afirma Hurtado. Destaca que la “justicia energética” aparece 33 veces en la nueva legislación. “Si entre 2 % y 3 % de la población mexicana —que son millones de personas— sigue sin electricidad, entonces es necesario que esas personas tengan justicia energética”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
