BRATISLAVA – Mientras las fuerzas rusas continúan devastando zonas civiles de pueblos y ciudades de toda Ucrania, la población romaní del país lucha por acceder a indemnizaciones que les ayuden a reconstruir sus hogares dañados.
Según el Banco Mundial, los implacables bombardeos y ataques de Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, han dejado dañadas o destruidas al menos 13 % de las viviendas del país, lo que afecta a más de 2,5 millones de hogares.
A pesar de ello, muchos ucranianos, incluidos los romaníes, se han negado a abandonar sus hogares ante los bombardeos incesantes y, en cambio, están decididos a seguir viviendo en viviendas a veces gravemente dañadas para mantener vivas sus comunidades.
Sin embargo, un nuevo informe ha revelado que muchos romaníes, una de las comunidades más vulnerables de Ucrania, no han podido acceder a las indemnizaciones estatales por daños a la propiedad: solo 4 % de los hogares romaníes encuestados consiguieron indemnizaciones por los daños causados por la guerra, a pesar de haber sufrido una destrucción generalizada.
Esto se debe a que los requisitos que deben cumplir los solicitantes hacen que la población romaní, cuya vida ya era precaria mucho antes de que comenzara la guerra, quede excluida de manera desproporcionada del programa, según la Fundación Romaní para Europa (RFE), que ha elaborado el informe.
«Muchos de los problemas que identificamos [en nuestro informe] también afectan a los solicitantes no romaníes, especialmente en las zonas ocupadas o en primera línea… [pero] lo que agrava la situación de los romaníes es la combinación de estos factores con la exclusión y la precariedad económica que sufren desde hace mucho tiempo», explicó a IPS Neda Korunovska, vicepresidenta de Análisis y Resultados de la RFE.
Al igual que en muchos países de Europa, la comunidad romaní de Ucrania lleva mucho tiempo sufriendo exclusión social y, según muchos, discriminación sistémica a nivel social e institucional.
Pero, al igual que el resto de la sociedad ucraniana, han sufrido todos los efectos de la brutal invasión a gran escala de Rusia durante los últimos tres años y medio, y muchos han visto sus hogares dañados o incluso destruidos.
Hay indemnizaciones estatales por los daños materiales causados por los combates, pero los expertos afirman que existen importantes obstáculos para los solicitantes, algunos de los cuales son específicamente mayores para la población romaní.
Entre ellos figuran requisitos como la posesión de documentos oficiales de propiedad y pruebas de la misma, lo que a veces resulta difícil para los romaníes de comunidades en las que no son infrecuentes las viviendas informales y los derechos de propiedad controvertidos, así como la necesidad de un nivel de alfabetización digital que puede suponer un problema para comunidades con altos índices de exclusión digital, según RFE.
El análisis del grupo, basado en casos de cuatro regiones ucranianas – Zaporizhzhia, Kryvyi Rih, Odessa y Járkov – muestra que obstáculos legales, administrativos y digitales profundamente arraigados impiden a las comunidades romaníes acceder a las ayudas destinadas a reconstruir sus hogares y sus vidas, afirma el grupo.
Zeljko Jovanovic, presidente de RFE, afirmó que los sistemas de indemnización actuales, aunque diseñados para garantizar el orden y la eficiencia, a menudo pasan por alto a las personas con menos recursos pero no menos damnificadas, y que carecen de «la flexibilidad necesaria para las complejas realidades de la informalidad de las viviendas, el desplazamiento y la ocupación antes de la guerra».
«Muchas familias afectadas no pueden permitirse los gastos de registro de la propiedad ni los costes asociados a los trámites de herencia. El daño medio de 2816 euros (3277 dólares) representa varios meses de salario antes de la guerra», añadió.
RFE señala que en regiones como Odesa, más de la mitad (54 %) de las familias romaníes carecen de registro formal de la propiedad, mientras que en Kryvyi Rih, ni una sola reclamación de los hogares encuestados se ha presentado al registro estatal debido al limbo legal sobre la herencia, la falta de documentación y la falta de recursos para navegar por el sistema.
Incluso en Zaporizhzhia, donde los registros de propiedad son más sólidos, las bajas tasas de solicitud apuntan a una profunda desconfianza en las instituciones, amplificada por las experiencias de discriminación.
Algunos romaníes contactados para la encuesta dijeron que ni siquiera se habían molestado en solicitar la indemnización por temor a que el gobierno pudiera venir más tarde y exigirles que devolvieran el dinero.
«Esto es un reflejo de la profunda desconfianza en lo institucional», afirma Korunovska.
Esta desconfianza, precisa, no es infundada, sino que «tiene sus raíces en patrones de discriminación que vienen de lejos».
«En investigaciones anteriores que hemos llevado a cabo, muchos romaníes encuestados describieron el trato negativo que recibieron por parte de los funcionarios públicos cuando buscaban vivienda o servicios», detalla.
Korunovska considera que «las encuestas muestran sistemáticamente altos niveles de distancia social entre los romaníes y el resto de la población de Ucrania, lo que refuerza estos sentimientos de exclusión».
RFE señala que, a nivel nacional, alrededor de 61 % de las solicitudes presentadas han sido aprobadas, pero que entre la población romaní la cifra es solo de 28 %, y que la gran mayoría (86 %) de las personas encuestadas para su informe nunca presentaron ninguna solicitud debido a barreras sistémicas.
Liubov Serhienko, de 69 años, ha vivido en su casa de Merefa, cerca de Járkov, durante los últimos 40 años.
Pero su vivienda ha sufrido graves daños por los bombardeos de las fuerzas rusas: durante uno de los ataques, el techo de la casa y algunos techos de difrentes estancias se derrumbaron y una habitación ha quedado totalmente inhabitable. Además, durante una breve evacuación de la casa, unos ladrones robaron la caldera, la nevera y los muebles.
Su hija, Oksana, describe cómo la familia —tres generaciones que viven bajo el mismo techo, incluida Oksana y sus hijos— se ve obligada a utilizar mantas para intentar conservar el calor que pueden en habitaciones que ahora están prácticamente expuestas al exterior, ya que las paredes han desaparecido.
En invierno, la nieve entra directamente en la casa, afirma.
Los vecinos han ayudado con algunas reparaciones, pero los recursos son limitados y el edificio sigue en mal estado. Depende únicamente de su pensión, equivalente a 81 dólares, para mantener a su familia después que la guerra le ha quitado todas las oportunidades de trabajo a ella y a los miembros de su familia.
Ante su situación, Oksana y su padre aseguran que lo único que quieren es que el Estado le ayude a arreglar el techo y el suelo, ya que no tienen ni la fuerza física ni los medios económicos para hacerlo ellos mismos.
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En su testimonio a RFE, que fue transmitido a IPS, Serhienko dijo: «Lo que más deseo ahora mismo es que mi familia tenga un techo sobre sus cabezas».
Su hija Oksana critica la falta de ayuda del Estado para ellos y otros romaníes en situaciones similares.
«Al gobierno no le importa. No han hecho nada», lamenta.
Su madre va aún más lejos y vincula explícitamente su experiencia con la discriminación deliberada por parte de las autoridades.
«Gitanos, dicen. Como si no fuéramos personas. Quizás no nos ven como personas», critica.
Andriy Poliakov se ha quedado en su casa de Andriivka, en la región de Járkov, desde el inicio de la invasión a gran escala, a pesar de los graves daños que ha sufrido la vivienda por los ataques rusos.
Las ventanas están rotas y hay grietas en las paredes, ya que ha sufrido varios daños en su casa, las ventanas están rotas y hay grietas en las paredes, ya que su casa se ha desplazado estructuralmente debido a las explosiones de las bombas.
Poliakov, de 45 años, se niega a abandonar su hogar, ya que es el único cuidador de algunos miembros de su familia, a pesar de que él mismo tiene una discapacidad. Pero reconoce que la vida es cada día más difícil, ya que no tienen gas ni otra fuente de calefacción fiable y dependen de una estufa improvisada que construyó con piedras y ladrillos.
Al igual que casi todos los encuestados en el informe de RFE, Poliakov no ha recibido ninguna ayuda del Estado por los daños sufridos en su casa.
Una de las razones por las que tantos romaníes deciden ni siquiera intentar solicitar una indemnización es la desconfianza hacia las autoridades, muy extendida entre sus comunidades, una desconfianza que Poliakov comparte.
«No les importa. Aunque soy discapacitado y está por escrito que lo soy… A ellos no les importa», afirma.
A raíz de sus conclusiones, RFE insta al gobierno ucraniano a que integre reformas urgentes en los planes de reconstrucción, entre ellas la aceptación de pruebas alternativas de propiedad.
Entre ellas reclama facturas de servicios públicos o testimonios de la comunidad, la exención de las tasas de registro para las familias afectadas por la guerra y la introducción de certificados de propiedad temporales para garantizar que los romaníes desplazados o indocumentados tengan acceso a las indemnizaciones.
RFE afirma que espera presentar sus conclusiones a los representantes del gobierno en las próximas semanas.
«Esperamos que estos datos sirvan de base constructiva para la reforma, especialmente a la luz de los esfuerzos más amplios de Ucrania por alinearse con los valores europeos de equidad y responsabilidad», afirmó Korunovska.
Jovanovic añadió que «aunque ahora no sea posible una indemnización completa, es esencial proporcionar ayuda temporal».
«Los romaníes que viven en viviendas dañadas forman parte de la fuerza y la resistencia de Ucrania», concluyó.
T: MF / ED: EG
