NACIONES UNIDAS – La situación humanitaria en Haití ha ahondado significativamente su crisis en las últimas semanas, y las Naciones Unidas (ONU) han destacado una lista cada vez más larga de abusos cometidos por grupos armados, entre los que se incluyen asesinatos, secuestros y violencia sexual.
En paralelo, la brecha entre la enorme magnitud de las necesidades y los recursos disponibles se ha ampliado, dejando a millones de haitianos en una situación de extrema necesidad de ayuda humanitaria.
Los expertos en asuntos humanitarios han expresado su preocupación por que Haití se encuentre en un «punto de inflexión crítico», ya que se prevé que millones de haitianos se enfrenten a un empeoramiento de sus condiciones de vida si no se logran satisfacer pronto sus necesidades.
Las entregas actuales de ayuda humanitaria se han interrumpido debido al aumento de la inseguridad en los puntos de entrada críticos y a los numerosos recortes presupuestarios de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por parte de la administración de Donald Trump.
«El auge de los grupos armados en Haití y su creciente control de lugares estratégicos, en particular las principales carreteras y puertos de entrada a la capital, es un obstáculo importante para la entrega segura y eficiente de la ayuda humanitaria», afirmó Modibo Traore, director en Haití de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de las Naciones Unidas.
«El deterioro de la situación de seguridad representa un reto importante para movilizar y mantener los compromisos financieros. Los donantes han expresado su preocupación por los riesgos operativos, en particular en lo que respecta a la seguridad de las cadenas de suministro, la prevención de la explotación y la garantía de la rendición de cuentas», añadió.
El 1 de agosto, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) publicó un informe en el que se detalla la escalada de hostilidades registrada desde principios de abril hasta finales de junio.
Según la Binuh, las operaciones humanitarias y la movilidad de la población civil se han visto gravemente restringidas en los departamentos de Artibonite y Centro como consecuencia de la intensificación de la violencia, y los puntos de entrada y salida críticos de las comunas de Mirebalais y Saut d’Eau están bajo el control de las bandas.
La Binuh también subrayó los niveles rampantes de abusos contra los derechos humanos, cometidos tanto por bandas armadas como por grupos locales de autodefensa.
Desde principios de abril hasta finales de junio, se estima que unas 1520 personas murieron como consecuencia directa de la violencia armada y más de 609 resultaron heridas.
Aproximadamente 24 % de estas víctimas fueron resultado de la violencia de las bandas delictivas, 12 % de enfrentamientos con grupos de autodefensa locales y 64 % de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Estas cifras suponen un ligero descenso con respecto a las registradas en el primer trimestre de 2025, lo que puede atribuirse a que las fuerzas de seguridad han logrado contener la expansión de las bandas en Puerto Príncipe.
A pesar de ello, la Binuh afirma que la situación de seguridad sobre el terreno sigue siendo «excepcionalmente volátil», y que los grupos armados están empezando a establecer «esquemas de gobernanza» en los departamentos de Artibonite y Centro.
El segundo trimestre de 2025 se caracterizó por un notable aumento de los secuestros, con más de 175 secuestros con rescate perpetrados por bandas, 62 % de los cuales se produjeron en el departamento de Artibonite.
Además, la Binuh afirma que se han recibido numerosas denuncias de personas asesinadas y cuyos cadáveres han sido quemados.
Las violaciones en grupo siguen siendo especialmente frecuentes, con 628 casos registrados entre abril y junio. Las violaciones representan aproximadamente 85 % de todos los casos de violencia sexual, y la esclavitud sexual es especialmente destacada.
Muchas de las víctimas son menores procedentes de familias muy vulnerables, y una parte significativa de ellas fueron agredidas en sus propios hogares.
Además, la Binuh afirma que muchas víctimas fueron asesinadas tras ser violadas, mientras que otras permanecieron en cautiverio hasta junio.
Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que solo en junio, aproximadamente 45 000 personas fueron desplazadas en los departamentos del Centro y Artibonite, lo que eleva el número total de desplazados en estas regiones a más de 1,3 millones de personas en todo el país.
La Ocha afirma que, hasta el 19 de julio, se han producido al menos 15 000 desplazamientos adicionales en toda la región de Artibonite. Muchas de estas personas residen actualmente con familias de acogida y tienen dificultades para acceder a los servicios básicos.
Según Traore, el cese de la financiación de los programas facilitados por Estados Unidos a través de la Usaid ha complicado considerablemente las labores de socorro en lo que podría ser un período crucial para la estabilización de Haití.
«La interrupción de los programas estadounidenses ha actuado como catalizador de la crisis. Los socios técnicos de la Usaid, muchos de los cuales gestionaban programas de salud comunitaria en barrios vulnerables, han cesado sus operaciones, privando a cientos de miles de personas de servicios vitales», afirmó.
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En el caso de Haití, agregó, «los efectos se han dejado sentir con la interrupción repentina de aproximadamente 80 % de los programas financiados por Estados Unidos. Se ha despedido al personal de las oenegés asociadas, se han suspendido los pagos y se han interrumpido las cadenas de suministro».
Ello sucede cando se necesitan aproximadamente 908 millones de dólares para mantener las operaciones humanitarias y proporcionar ayuda directa a las comunidades en dificultades de Haití.
En la actualidad, solo se ha alcanzado 8 % de ese objetivo.
Traore afirma que la abrumadora falta de apoyo financiero ha obligado a las organizaciones humanitarias a hacer concesiones «complejas y a menudo dolorosas», dando prioridad a determinadas áreas de interés frente a otras.
Por ejemplo, se han reducido los servicios de apoyo psicosocial para las mujeres víctimas de violencia de género, lo que las expone a un mayor riesgo de explotación y abuso.
Según Traore, el director en el país de la Ocha, esto ha provocado un «retroceso multidimensional» de los derechos de las mujeres y las niñas en Haití, que tendrá repercusiones que se prolongarán durante muchos años.
Además, los servicios nutricionales, los programas de atención sanitaria, las transferencias de efectivo y las actividades de fomento de la resiliencia han sufrido recortes drásticos en los últimos meses.
Esto es especialmente preocupante, ya que estos programas constituían un salvavidas para muchos haitianos. Para sustituir estas pérdidas, los niños han recurrido a abandonar la escuela y al trabajo infantil para ayudar a sus familias.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) prevé que la inseguridad alimentaria aumentará significativamente, y que los niños serán los más afectados. Se estima que 129 000 niños necesitarán tratamiento por desnutrición durante el próximo año. Además, también se prevé un aumento del número de muertes maternas.
«La crisis actual pone de manifiesto el creciente aislamiento del país. Mientras que las crisis anteriores provocaron una rápida solidaridad internacional, la respuesta humanitaria a la situación en 2025 ha sido lenta y parcial», afirmó Traore.
El resultado, agregó el responsable de la Ocha en Haití, es que «esta cobertura parcial solo permite llegar a una pequeña parte de los 3,6 millones de personas a las que se dirige».
T: MF / ED: EG
