LA HABANA – Desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, se ha afianzado la política de “máxima presión” de Washington contra Cuba, con mayores sanciones financieras y restricciones de visas.
Al devolver a la nación insular caribeña a la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, el 20 enero, el mismo día que comenzó el segundo mandato de Trump, quedó prácticamente establecido el rumbo que tomarían las relaciones diplomáticas durante los siguientes cuatro años de la administración del magnate republicano.
Días antes, el 14 de enero, el gobierno saliente de Joe Biden (2021-2025) había sacado a Cuba de esa “lista negra” y, por lo tanto, flexibilizado las severas restricciones económicas que implica encontrarse bajo ese estatus, que, por ejemplo, limita el acceso a créditos internacionales y al sistema financiero global.
Representa, por ello, un ahondamiento de las sanciones impuestas por el embargo (llamado en la isla “bloqueo”) vigente desde 1962.
“Estamos en un momento muy desafiante para Cuba. El presidente Trump y su secretario Marco Rubio están trabajando intensamente para forzar a los países que han tenido contratos legales con Cuba, que provee servicios profesionales de los médicos cubanos a todos los países”, dijo la activista estadounidense Gloria La Riva, en una conferencia de prensa en La Habana, el lunes 4, en que participó IPS.
“Estamos en un momento muy desafiante para Cuba”: Gloria La Riva.
Desde mayo, el proyecto Hatuey que coordina La Riva, ha estado entregando al sistema de salud cubano donaciones de medicamentos destinados a niños con cáncer.
El 25 de febrero, el gobierno estadounidense anunció restricciones de visas para funcionarios cubanos y extranjeros que sean “cómplices” en los programas de colaboración médica, por considerar esta práctica como “trata de personas”, con prácticas laborales “abusivas y coercitivas” y que “privan a los cubanos de a pie de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen”.
El 3 de junio, el Departamento de Estado impuso las restricciones prometidas a varios funcionarios centroamericanos y sus familiares, alegando “su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano”.
Según dijo La Riva en una entrevista posterior con IPS, con la administración Trump se han dificultado los envíos de donaciones a Cuba, a pesar de tener la organización varias licencias que sirven para encaminar esos envíos.
Este año, el Proyecto Hatuey intentó enviar materiales de la construcción para la reparación de viviendas de damnificados del huracán Óscar que azoló la provincia de Guantánamo, en el extremo este de Cuba, en octubre de 2024. “Pero fue negado, fue parado (el envío de la donación) en el Departamento de Estado”, dijo La Riva.
De ascendencia cubana, Rubio ha sido un histórico opositor de flexibilizar la política hostil hacia la isla y desde que encabeza el Departamento de Estado ha impulsado nuevas medidas restrictivas contra La Habana.
En un ataque al turismo, una de las principales fuentes de divisas de este país insular caribeño, ese departamento añadió, el 14 de julio, 11 hoteles a su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba –que contiene a más de 400 hospedajes en la isla– en los que viajeros estadounidenses tienen prohibido alojarse.
Antes, el 30 de junio, Trump firmó un memorando presidencial que refuerza, mediante auditorías periódicas, la prohibición vigente de viajes turísticos de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
Asimismo, les prohíbe hacer negocios directa o indirectamente con el sistema empresarial del ejército cubano, un conglomerado propietario de muchos de los hoteles de esta nación caribeña, a la que separa de las costas estadounidenses tan solo 90 millas (145 kilómetros).
Restricciones de visas
El desarrollo y la competitividad del deporte cubano también se han visto obstaculizados por la política de la administración de Trump, que no otorga visas a los atletas de la isla para competiciones en Estados Unidos, incluido Puerto Rico.
El 13 de julio, la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol denunció que la embajada de Estados Unidos en La Habana otorgó el visado solo a las 14 jugadoras menores de edad –y no a los siete adultos del cuerpo técnico, responsables de ellas– para viajar a Puerto Rico y competir en la Little League Softball, en la rama femenina, categoría de 9 a 10 años, que ocurrió del 14 al 18 de julio.
Según Gisleidys Sosa, directora de Relaciones Internacionales del cubano Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, esas fueron las únicas 14 visas aprobadas por Estados Unidos entre las 81 solicitudes realizadas por esta institución durante 2025.
“Nunca antes un presidente (estadounidense) se había tomado tanta molestia con los deportistas cubanos”, afirmó Sosa a IPS.
Semanas atrás, a finales de junio, las 17 integrantes de la selección femenina de vóleibol también habían recibido negativas de visas estadounidenses para participar en la Final Four femenina de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), que se celebró del 16 al 21 de julio en Puerto Rico.
“La noticia de que no nos dieron la visa fue muy fuerte para nosotras. Nos bajó un poco ánimo. Estarnos preparando tan fuerte y que nos dijeran que no podíamos participar fue muy duro”, dijo a IPS una de las integrantes del equipo, Yalain de la Peña.
A diferencia de casos anteriores, en que no recibían respuesta o explicación a la denegación de la visa, las voleibolistas recibieron un documento de la embajada estadounidense que negaba su visa “de acuerdo con la Proclamación Presidencial ‘Restringiendo la Entrada de Nacionales Extranjeros para proteger a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y otras Amenazas a la Seguridad Nacional y a la Seguridad Pública’”.
La decisión se ampara en esa proclama presidencial –también llamada “travel ban”– que entró en vigor el 9 de junio y que restringe totalmente la entrada a Estados Unidos de residentes de 12 países, y parcialmente, a siete países, entre los que se encuentra Cuba.
Si bien las restricciones de esta política tienen como excepción a atletas que viajarán para la Copa del Mundo de Fútbol, que acogerá parcialmente Estados Unidos en 2026, los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Angeles en 2028, u otros eventos deportivos importante, la decisión sobre qué se considera “importante” recae en el Departamento de Estado.
El 11 de julio, Estados Unidos también impuso restricción de visas al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes de la isla, la fecha en que se cumplieron cuatro años de las protestas multitudinarias ocurridas en Cuba en 2021.
«Lo que molesta a Estados Unidos de Cuba es la verdadera independencia, que no gobiernen aquí las transnacionales, que tengamos salud y educación gratis, que no pidamos permiso para condenar crímenes como el de Israel y Estados Unidos contra los palestinos», escribió un día después el mandatario cubano desde su cuenta de la red social X.
Esta es la primera vez que Estados Unidos restringe la visa a un presidente cubano en funciones, en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya había bloqueado la del ya expresidente Raúl Castro (2008-2018).
Ofensiva antinmigrante
La política antiinmigrante de la administración de Trump, por su parte, ha infundado terror en miles de cubanos que han arribado a Estados Unidos en el último año.
Muchos siguen en riesgo de deportación por la revocación por parte de Trump de su estatus legal en el país norteamericano, bajo el «programa de libertad condicional humanitaria» y a través de la aplicación de citas en línea CBP One.
El del 31 de julio fue el séptimo vuelo de deportación a La Habana desde Estados Unidos en 2025, y el número 27 desde distintos países de la región. En total, han sido devueltas a Cuba 833 personas en el transcurso del año.
Mientras, han ocurrido en 2025 casi 60 000 arrestos de migrantes de diferentes nacionalidades en Estados Unidos.
De ese total, donde hay un grupo indeterminado de cubanos, 10 000 han sucedido en el estado de Florida, donde un centro de detención de inmigrantes, Alligator Alcatraz, fue levantado en apenas ocho días en una antigua pista de aterrizaje, en medio de una reserva natural en los extensos humedales al suroeste de Miami.
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Inaugurado el 2 de julio con una visita de Trump, la prisión ha sido objeto de críticas por las condiciones paupérrimas a las que somete a los detenidos, con falta de higiene, sin ningún tipo de privacidad y violaciones con el cumplimiento de un debido proceso legal.
Pedro Lorenzo Concepción, un cubano de 44 años y quien vive en Estados Unidos desde hace 20, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice) y trasladado a Alligator Alcatraz el 9 de julio.
Allí empezó una huelga de hambre el 22 de julio, que aún continúa a pesar de ser trasladado el 2 de agosto a otro centro de detención, el de Krome, también en Florida.
Un informe de la organización Human Rights Watch, publicado en julio, reportó “las horribles condiciones” de esos centros y que 72 % de los detenidos no tiene ningún antecedente legal, a diferencia del discurso oficial.
ED: EG
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