QUITO – Indígenas waoranis de Ecuador se manifestaron este miércoles 20 ante la Corte Constitucional, para denunciar que el gobierno incumple el mandato de un referendo popular que ordenó el cierre de los pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en la región amazónica del noreste del país.
Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), dijo que “ya han pasado dos años, son 247 pozos y solamente se han cerrado 10”.
El 20 de agosto de 2023, en un referendo popular vinculante, el pueblo ecuatoriano votó, con una mayoría de 59 % del electorado, a favor de detener la explotación petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana.
El referendo culminó décadas de luchas de indígenas, ambientalistas, grupos juveniles y otras organizaciones para proteger al parque de la explotación petrolera.
Se trata de uno de los espacios más megadiversos del planeta, con más de 2000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, así como reptiles, anfibios y peces, y es hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
El colectivo Yasunidos divulgó una declaración en la que se afirma que “lejos de ejecutar la voluntad ciudadana, el Estado ha inventado excusas, trámites, comités e informes para dilatar lo que debía ser una acción inmediata”.
“La inacción no es un error: es una estrategia deliberada de desobediencia institucional frente a la soberanía popular”, subrayó la agrupación en el documento divulgado a las puertas de la Corte Constitucional en esta capital.
La Corte había dado plazo hasta el 20 de agosto de 2024 para el cierre total de los más de 200 pozo, pero informes comprobados por la organización Human Rights Watch (HRW) dan cuenta de que la producción se mantiene con un promedio superior a 44 000 barriles (de 159 litros) de crudo por día.
El año pasado, después de que expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron al gobierno a respetar la decisión popular y acelerar los cierres, el Ejecutivo presentó un plan de desmantelamiento progresivo en cinco años.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2024, dictaminó que la continuidad de las operaciones en bloque petrolífero violaba los derechos de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, y ordenó al Estado cerrar los pozos para marzo de 2026.
El Comité de Ejecución de la Voluntad Popular, “creado tardíamente por el actual gobierno (del presidente Daniel Noboa, en el poder desde septiembre de 2023), no ha hecho nada concreto”, según la denuncia de Yasunidos.
HRW se sumó a las críticas por la decisión del gobierno de extender a cinco años el lapso para desmantelar las instalaciones petroleras en el parque.
“El gobierno debe respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y poner fin de inmediato a la extracción de petróleo en la zona protegida por el referendo”, declaró Richard Pearshouse, director de Medio Ambiente y Derechos Humanos en HRW.
En los informes disponibles hay diferencias en los datos sobre el número de pozos que se han cerrado desde el referendo, pero aun así son muy pocos, unos 10 en 2024, y el gobierno prevé cerrar otros 48 para finales de 2025.
El gobierno ha invocado la crisis de seguridad en el país, con su consiguiente necesidad de recursos para enfrentarla, al justificar que se pausara el cumplimiento de los cierres ordenados por el referendo.
La explotación petrolera en la el bloque ITT, como en el resto de la Amazonia, es una materia que concentran la atención de la reunión cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que se realizará el 22 de agosto en Bogotá.
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